Bruselas da luz verde al BBVA para continuar la OPA sobre Sabadell
La Comisión Europea (CE) ha concluido sin objeciones la revisión de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, con lo que la controvertida operación supera así otro de los requisitos previos. Así lo confirmaron fuentes financieras, que apuntan que las autoridades europeas estaban pendientes de comprobar que el BBVA no se beneficiará de ayudas de terceros países para hacerse con la entidad catalana, que desde un inicio se ha opuesto a esta compra.
Ambos bancos daban por sentado el visto bueno de Bruselas desde que se supo que la Comisión Europea examinaría la operación para explorar la existencia de potenciales subsidios de países extranjeros que pudiera distorsionar el mercado. Tras superar este escollo, ahora solo faltan los informes de la entidad que supervisa el funcionamiento de los mercados españoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que controla el buen funcionamiento de la competencia y que se encuentra analizando la operación con más detalle.
La operación le fue notificada a Bruselas el pasado 21 de octubre y el plazo se extendía hasta este 26 de noviembre. Los servicios comunitarios tenían que determinar si era necesario iniciar una "investigación en profundidad" o la fusión podía seguir adelante sin mayor examen del Ejecutivo comunitario. Finalmente, Bruselas se ha decantado por la segunda opción. Es decir, los servicios de Competencia de Bruselas han decidido no investigar la operación bajo este nuevo marco de inversiones extranjeras. No se ha tratado de una autorización de concentración habitual, ya que bajo ese prisma está siendo estudiada a nivel nacional.
La Unión Europea cuenta desde 2023 con este reglamento sobre subsidios extranjeros (FSR, por sus siglas en inglés) por el que las empresas deben presentar información detallada a la Comisión Europea sobre subvenciones extranjeras recibidas en los tres años anteriores a la entrada en vigor del nuevo marco común. Este reglamento establece que deben ser notificadas a Bruselas aquellas operaciones en las que alguna de las empresas esté establecida en la UE y genere al menos 500 millones de euros de volumen de negocio en el mercado comunitario y si las empresas han obtenido de terceros países en los tres ejercicios anteriores contribuciones financieras combinadas superiores a 50 millones de euros.
Ahora todo queda en manos de las instituciones españolas. A mediados de este mes, la CNMC ya comunicó su decisión de pasar a una segunda fase en su análisis de la OPA al no poder descartar ciertos "riesgos potenciales" en la misma, como el de posible reducción de crédito a las pymes, entre otros, un análisis menos frecuente y más exhaustivo que podría alargarse hasta bien entrado 2025. Según explicó el organismo, la operación podría empeorar ciertas condiciones comerciales para particulares y pymes, al tener la entidad resultante "incentivo y capacidad" de ejecutar cambios "sin riesgo de perder clientes" donde quedara como único operador o con competencia reducida.
El documento también se refería al riesgo de la exclusión financiera, al considerar posible el cierre de oficinas "en aquellos municipios donde la entidad resultante no se enfrenta a competencia".
Precisamente, relataba, en este tipo de entornos, muchas veces situados en zonas rurales, suelen habitar tanto personas mayores como vulnerables en términos financieros, al ser los colectivos con menor acceso a la banca 'online', de modo que la desaparición de oficinas podría dejarlos sin acceso u obligarlos a desplazarse. Pocos días después de conocerse que la operación pasaba a una segunda fase, el BBVA envió a la CNMC una serie de medidas que considera "inéditas" para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Justo después de conocerse que la operación pasaba a una segunda fase, el BBVA envió a la CNMC una serie de medidas que considera "inéditas" para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.