Los centros de acogida no darán comida a los refugiados sin derecho a asilo

Apenas unos meses después de que los primeros refugiados de la guerra de Mali y desplazados de países de África Occidental comenzasen a llegar a Galicia, tras ser redirigidos después de entrar en España en patera a través de Canarias, la euforia solidaria inicial comienza a disiparse . Desde principios de noviembre, las primeras sentencias negativas de solicitud de asilo comenzaron a publicarse en el BOE y, a pesar de que el Gobierno aseguró que se haría cargo de ellos y les «buscaría alternativas», la realidad es que ya se han dado casos de refugiados expulsados de los centros de acogida que han dormido en la calle o en otros centros que dependen del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Este viernes, en el centro de la capital gallega, había al menos dos de ellos pidiendo limosna en la calle . Dos hombres jóvenes de Senegal, que evitan hablar del tema. Su procedencia es uno de los motivos tras el rechazo a su solicitud de asilo, ya que tanto ellos como otros casos de Mauritania recibieron la negativa al no considerarse estos países en guerra, como explica el portavoz del Foro de Inmigación de Galicia, Miguel Fernández. Las resoluciones llegan a cuentagotas y las negativas ya superan la veintena solo en Santiago, aunque la cifra final podría ser mucho mayor. Según las estimaciones del Concello, la cantidad de afectados rondaría las 70 personas, el 40% del total de los inmigrantes acogidos en la capital gallega . Mientras que algunos de los primeros rechazados recibieron billetes de autobús y una asignación económica para desplazarse a otros lugares del país donde cuentan con una red familiar o de amigos, aquellos que rechazaron la opción de viajar se quedaron sin alternativas. Un abandono que instó al Concello a montar un dispositivo de emergencia junto a entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja para atender a siete refugiados que se encontraban en la calle, entre los que uno pasó tres días durmiendo fuera de las instalaciones del Monte do Gozo según explicó esta semana la concelleira de Dereitos e Servicios Sociais, María Rozas. Algunos fueron reinstalados en los centros de acogida a cargo de la Delegación del Gobierno , en el Monte do Gozo, mientras que otros fueron recibidos en el albergue Xoan XIII, en el que permanecen dos hombres alojados de forma temporal. Esta primera oleada de expulsiones, que tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre, responde a las resoluciones publicadas en el BOE el primer día del mes, ya que el plazo para abandonar las instalaciones es de dos semanas tras la negativa a recibir el derecho de asilo. Fuentes cercanas señalan que la delegación de Gobierno no forzará la salida de los refugiados de los centros, pero sí que dejará de darles manutención , con lo que ello implica. Una práctica de la que ya han sido alertados desde los servicios sociales del Consello, ante la que piden que «la situación sea aclarada cuanto antes». A la espera de que se publiquen nuevas resoluciones sobre las solicitudes de asilo, cientos de inmigrantes permanecen en los albergues del Monte do Gozo y en las instalaciones del antiguo colegio Junior´s, en A Silvouta. Allí reciben atención constante de la ONG Rescate, que no se ha pronunciado sobre las denegaciones, con comidas, espacios habilitados para dormir , cursos de español -casi en su totalidad hablan francés- y orientación laboral individualizada para su incorporación al mercado laboral. Como ocurrió en verano, cuando empezaron a llegar de manera escalonada, las informaciones al respeto se sucedían al mismo ritmo, a cuentagotas, de la misma forma que ocurre sobre cuales serán las alternativas prometidas por el Gobierno, después de que el delegado en Galicia, Pedro Blanco, llamase a la «prudencia» y asegurase que siempre se facilitará una alternativa a los que reciban el no a la solicitud de asilo. La próxima fecha a tener en cuenta es el 30 de noviembre, cuando tendrán que abandonar las instalaciones los casos con denegación publicados el pasado día 15. Sin embargo, desde la Concellería a cargo de María Rozas no ha recibido, de momento -a fecha de viernes 22 de noviembre- «ninguna indicación al respecto». « Cabe recordar que estas personas llegaron a Santiago en un programa de acogida estatal, y por lo tanto es responsabilidad del Gobierno central garantizar su seguridad y bienestar», añaden desde la concellería de Dereitos e Servicios Sociais. Lo que sí está claro es que los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento son limitados y parcialmente utilizados por otras personas. Según indica el Concello, Santiago cuenta con 13 plazas en pisos de titularidad municipal como recurso habitacional transitorio para personas sin hogar. Por lo tanto, no contarían con los recursos necesarios para atender a estos refugiados si se suceden más expulsiones, a no ser que el Gobierno central ofrezca alguna alternativa.