305 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica entre el 2020 y el 2024
Entre el 1.º de enero del 2020 y el 13 de noviembre del 2024 fueron asesinadas en Costa Rica 305 mujeres, según datos de la Policía Judicial y del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
Esta cifra equivale a una mujer asesinada cada 4,5 días.
Los meses con mayor número de agresiones mortales durante estos cuatro años fueron enero, mayo y octubre. El 2023 fue el año más violento: hubo 73 asesinatos frente a los 45 del 2022, un aumento del 62% en 12 meses.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hasta el 30 de octubre del 2024, el país contabilizaba 61 homicidios de mujeres. De estos, 28 se deben a ajustes de cuentas o venganzas; 19 fueron por violencia doméstica, dos por riñas, uno por motivos profesionales –relacionados con la actividad laboral de la víctima– y 11 permanecían pendientes de clasificación.
Uno de los casos más recientes, clasificado como ajuste de cuentas, fue el de Shirley Ulate Miranda, de 36 años. Ella vivía en Aserrí, cerca del lugar donde fue atacada a balazos el 30 de octubre mientras iba en su vehículo.
Ajuste de cuentas estaría tras asesinato de mujer en Aserrí y muerte colateral de bebé
En cambio, la muerte de Rebeca Castillo Hernández, de 34 años, se investiga como feminicidio. El único sospechoso es su esposo, quien la atacó a puñaladas el 4 de octubre en su casa, en Paraíso de Cartago.
El Observatorio de Violencia de Género registra 70 casos al 13 de noviembre y su calificación es distinta. A esa fecha estableció que 21 corresponden a feminicidios, ocho a homicidios y 41 están pendientes de clasificación por parte de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios.
Angie Arce, doctora en derecho penal, asegura que los homicidios de mujeres por ajustes de cuentas están relacionados con la violencia doméstica. Afirma que muchas se ven involucradas en el crimen organizado por presiones de sus parejas.
“Las terminan manipulando, como parte de la violencia, para obligarlas a hacer estas cosas”, aseguró Arce, quien preside el Instituto de Victimología y es miembro de la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico del Colegio de Abogados.
Por el contrario, la criminóloga Tania Molina sostiene que la implicación de mujeres en el crimen organizado no siempre es por coerción; opina que muchas se ven obligadas a participar como un medio para sobrevivir y mantener a sus hijos.
“No lo hacen para llegar a un puesto alto dentro de la organización, sino para operar en el narcomenudeo o como ‘mulas’, llevando drogas a los centros penales”, explicó Molina. “Hay una vulnerabilidad extra, que no podemos obviar, y es que son especialmente las mujeres marginadas”, agregó.
Molina también aseguró que algunas mujeres son víctimas colaterales de ajustes de cuentas ya que, a menudo, se encuentran en situaciones violentas por su relación o cercanía con hombres involucrados en el narcotráfico.
‘Las matan con las medidas en la cartera’
Al revisar las estadísticas del 2024 se observa que tres de cada 10 mujeres asesinadas fueron víctimas de violencia doméstica (31,15%), el equivalente a dos feminicidios al mes.
Las expertas consultadas coinciden en que estas víctimas, muchas veces con hijos, viven en un círculo de abuso y se sienten incapaces de salir de este por factores como dependencia económica o problemas de salud mental.
Recientemente, Katherine Garro, de 37 años, fue asesinada por su pareja en Ipís de Goicoechea. El sospechoso, de apellido Cascante, acababa de salir de la cárcel, donde estuvo ocho meses ya que previamente había intentado asfixiarla.
Para Arce, este es uno de esos casos en los que la víctima no recibió el acompañamiento necesario a tiempo.
“¿Qué tipo de atención les dan a las mujeres si les dicen que salgan de la casa porque las van a matar, pero no les dan herramientas para salir adelante, becas para los hijos, acompañamiento psicológico?”, se preguntó.
Yannis Garro, hermana de Katherine, dijo a La Nación que su pariente padecía esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple y depresión, condiciones que el presunto homicida habría aprovechado para controlarla.
Sospechoso de asesinar a Katherine Garro estuvo ocho meses en prisión por intentar matarla
Angie Arce criticó que una orden de alejamiento es insuficiente para proteger a las víctimas, pues a algunas mujeres las asesinan “con las medidas (de protección) en la cartera”.
Además, argumentó que las campañas que fomentan la denuncia tampoco llegan a la población que tienen como objetivo pues no todas las mujeres cuentan con acceso a medios de comunicación como radio, televisión o redes sociales.
También destacó la importancia de contar con profesionales en psicología en las oficinas de denuncia para que las víctimas reciban el apoyo necesario, incluyendo terapia y programas de desvictimización.
El sistema penitenciario es otro factor señalado por las expertas como insuficiente. Según la abogada, los agresores no reciben un proceso de rehabilitación adecuado mientras están en prisión.
“Entran al sistema penal y acumulan ira para cuando salen matar a la mujer”, aseguró.
Molina agregó: “El sistema penitenciario nacional no está diseñado para reinsertar. En las cárceles hay hacinamiento, no están dadas las condiciones para reinsertar a la sociedad. Estamos sacándolos (a los agresores) de circulación, pero no se está reformando a nadie”.
La criminóloga calificó de “terrible” la perfilación que se hace a los delincuentes. Argumentó que la mayoría de profesionales encargados de administrar el sistema penitenciario son abogados, administradores, orientadores y trabajadores sociales. “El sistema prácticamente no tiene criminólogos”, afirmó.
En la misma línea, Molina y Acuña criticaron la falta de criminólogos en el Instituto Nacional de Criminología, que en parte se encarga de evaluar si un preso puede o no incorporarse a la sociedad.
Archivo: Instituto de Criminología opera sin criminólogos
Educación y empoderamiento
De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre el 1.° de enero y el 1.° de octubre del 2024 se presentaron 30.171 denuncias por la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Esto equivale a 110 denuncias al día.
Desde el punto de vista de Arce, los casos de violencia doméstica deben ir más allá de una denuncia y exigen el empoderamiento de las mujeres.
Ellas “deben prepararse para defenderse de este tipo de agresiones, deberíamos tener también entrenamientos y cursos para la mujer, para incrementar que las medidas que tengan puedan ser más útiles. Defensa personal para mujeres, para adelantarse al riesgo probable”, agregó.
Para Molina, si bien el sistema está fallando, también es complicado que las instituciones se involucren en un plano “tan íntimo” como la relación intrafamiliar.
A modo de muestra, la experta recordó cuando era agente del OIJ y atendió una situación de violencia doméstica en la que la mujer lloró y puso resistencia para que no detuvieran a su pareja, quien la estaba agrediendo brutalmente.
“Dijo que no iba a poner una denuncia porque lo amaba y porque lo que estaba pasando era culpa de ella”, recordó.
“Entonces, ¿cómo hacen el Estado, las instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres para meterse en temas que son absolutamente del plano íntimo e intrafamiliar de toda la relación? Lo único que podríamos hacer nosotros como sociedad, y como país, es apostar más por educación. Educar a niños y a niñas por igual”, expresó.
Al respecto, Arce agregó que es necesario contar con programas en los cuales, desde la primera infancia, los niños aprendan que las mujeres pueden trabajar y huir de agresiones y, en el caso de los niños, que no se debe maltratar a nadie.
“Muchos niños tienen padres machistas, por eso hay que darles esa educación en las escuelas, con psicólogos y especialistas que no normalicen la violencia”, dijo Arce.
Por su parte, Molina añadió que el sistema educativo debe enfocarse más en educar a la próxima generación en cuanto a igualdad de género.
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