Las claves de la denuncia de Aldama

El empresario Víctor de Aldama no tiene un problema con la Justicia. Tiene dos. El primero, por la trama de los hidrocarburos, un fraude masivo de impuestos que investiga el juez Santiago Pedraz en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. El modus operandi era relativamente simple: la trama utilizaba empresas ficticias que vendían gasolina y diesel a las gasolineras a un precio más bajo. Después esas compañías desaparecían y dejaban los impuestos sin pagar. En total, la Fiscalía calcula que defraudaron 182 millones de euros con este sistema. 

El segundo problema con la Justicia de Víctor de Aldama también lo tiene en la Audiencia Nacional, pero en otro juzgado: el Central número 2. Es un caso de corrupción mucho más mediático, a pesar de que las cifras no son tan enormes. Allí el juez Ismael Moreno investiga la trama Koldo: las mordidas en contratos de mascarillas y otros chanchullos que implican al exministro José Luis Abalos y a Koldo García, su principal asesor.

Son dos causas. No una. Y hasta ahora Víctor de Aldama estaba en prisión preventiva por la mayor de las dos: el fraude de los hidrocarburos. Es tan grande el monto estafado a Hacienda con las gasolinas, son tantos los negocios y el dinero de Aldama fuera de España, que la Fiscalía Anticorrupción consideró que había riesgo de fuga y pidió en su día al juez Pedraz la prisión preventiva.

Este jueves, por la noche, Aldama salió de prisión. La Fiscalía Anticorrupción cambió su criterio y dejó de pedir esta medida excepcional, que un juez solo puede ordenar si alguna de las acusaciones personadas en el caso lo solicitan. Con el cambio de posición de la Fiscalía, Santiago Pedraz no tuvo otra opción que ponerlo en libertad.

¿Y qué pasó para que la Fiscalía Anticorrupción cambiara su criterio y dejara a Víctor de Aldama en libertad?

Seguro que ya lo sabes. Este jueves, Aldama declaró de forma voluntaria ante el juez Ismael Moreno: fue su abogado quien pidió esa declaración. Allí acusó a medio Gobierno de corrupción. Según su versión, no solo pagó mordidas a José Luis Ábalos y a Koldo García: 650.000 euros para el ministro y 300.000 para su asesor. También dice que entregó un sobre con 15.000 euros en un bar al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Y otros 25.000 euros a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero.  

Víctor de Aldama incluso acusó al ministro Ángel Víctor Torres de haber pedido –a través de Koldo– 50.000 euros más. 

¿Las pruebas de estos supuestos pagos y mordidas? En el caso de José Luis Ábalos y Koldo García, la declaración autoinculpatoria de Aldama llega después de que la Guardia Civil haya acreditado de forma fehaciente otros sobornos: un piso en Madrid para una pareja de Ábalos, un chalet en la Costa del Sol que usaba el entonces ministro y también distintos pagos en efectivo para Koldo. Hay también documentación del propio Aldama, incautada en uno de los registros, donde se apunta el pago de comisiones a los dos. Las pruebas contra el exministro y su asesor no solo se sustentan en esta declaración de Aldama: son bastante abundantes en la investigación judicial. Aldama no ha confesado sobre ellos ningún delito que la Justicia no estuviera investigando ya. 

Con el resto de los nombres a los que ahora acusa Víctor de Aldama no hay por ahora otra prueba que la palabra de este empresario. Que el miércoles dormía en prisión y hoy ya no.

¿Ha cambiado el riesgo de fuga de Aldama? Desde luego que no. Sigue siendo el mismo que cuando le mandaron a prisión. 

La Fiscalía Anticorrupción ha justificado el cambio de criterio para pedir la libertad condicional en que Aldama ha empezado a colaborar con la investigación. Es un argumento cogido con pinzas, porque en la causa judicial por la que estaba en prisión preventiva –la trama de los hidrocarburos– no lo ha hecho. Las preguntas del fiscal sobre este asunto fueron poco detalladas y Aldama, a preguntas de su abogado, tampoco admitió delito alguno sobre esta cuestión.

La decisión de poner a Aldama en libertad la tomó por su cuenta la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón. En la Fiscalía General del Estado se enteraron por la prensa. No sabían nada. Tampoco imaginaban que Anticorrupción iba a tomar una decisión así sin avisar a sus superiores. Se supone que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico. No siempre opera como tal. 

El fiscal que pidió la puesta en libertad de Aldama se llama Luis Pastor Motta. Es el mismo del equipo de Anticorrupción que está en ambas causas: es el fiscal tanto de la trama de hidrocarburos como en el caso Koldo. Es quien tomó la decisión de pedir la puesta en libertad, que después probablemente respaldó su superior inmediato, Alejandro Luzón. Pero no el fiscal general del Estado, Álvaro García, que solo supo de la puesta en libertad cuando ya había sido solicitada ante el juez.

El fiscal Luis Pastor fue durante unos años asesor de los gobiernos del PP, con José María Aznar. Ocupó cargos de libre designación en el Ministerio de Justicia, con José María Michavila como ministro, y en la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el Ministerio de Exteriores de Abel Matutes.

Es habitual que la Fiscalía pacte de manera oficiosa con los abogados defensores el fin de la prisión provisional a cambio de una confesión. Es algo que, ya de por sí, es bastante anómalo: se supone que la prisión preventiva –que alguien entre en prisión antes de que haya sentencia– no está para chantajear a los acusados y forzarlos a confesar. Se supone que es una medida excepcional, que solo se puede ordenar por otros motivos: cuando hay riesgo de fuga, cuando hay riesgo de destrucción de pruebas o para prevenir la comisión de nuevos delitos.

Pero en el caso de Aldama la anomalía es aún mayor, porque el acusado ni siquiera colaboró con la investigación judicial por la que le habían mandado a prisión preventiva. Habló de Ábalos, de Koldo, de Santos Cerdán, de Pedro Sánchez… pero no dijo nada relevante sobre la trama de los hidrocarburos. No solo no reconoció delito alguno en este asunto, sino que intentó justificar sus negocios petroleros como algo completamente legal. 

El impacto político de la oportuna declaración de Víctor de Aldama ha sido descomunal. Y Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la ocasión para plantear una moción de censura contra Pedro Sánchez, de la que después ha empezado a desdecirse. Los números no le dan. Menos aún esta semana, en la que el Gobierno, contra pronóstico, ha logrado sacar adelante su reforma fiscal. 

Es probable que la declaración de Aldama también sirva a las acusaciones populares personadas en esta causa –Hazte Oír, Vox…– para pedir al Supremo la imputación del presidente del Gobierno.

¿Y qué ha dicho Víctor de Aldama sobre Sánchez? Es una historia peculiar. Dice que le obligaron a ir a un mitin del presidente del Gobierno porque era Sánchez quien quería conocerle, que “le dio las gracias” por lo que estaba haciendo en ese momento: gestiones en México para apoyar a empresas españolas. Fue en ese encuentro cuando Koldo hizo una foto a Aldama con Sánchez, que recientemente publicó el periódico El Mundo. 

Aldama también asegura que el presidente con la mitad de sus ministros pensaba cenar con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que no pudo entrar en España porque estaba vetada por la UE. Incluso asegura que en esa reunión estaba previsto que acudiera Salvador Illa para hablar de las vacunas contra la COVID. A la vicepresidenta venezolana, según Aldama, le preocupaba entonces la dependencia de su país de la vacuna rusa Sputnik. Es algo realmente inverosímil, porque aquella visita de Delcy Rodríguez a España ocurrió en enero de 2020: estamos hablando de casi dos meses antes del confinamiento, cuando nadie hablaba de las vacunas contra la COVID y Sputnik seguía siendo solo el nombre del primer satélite artificial.

Tras las acusaciones de Aldama, se han sucedido las habituales declaraciones grandilocuentes de dirigentes del PP. Como Miguel Tellado, que considera implicados a media docena de ministros, a la esposa del presidente y también al propio Sánchez. 

Ninguna sorpresa. Es la tónica habitual. 

Es lo mismo que pasó hace un año y medio, cuando fue detenido un diputado canario, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a quien el PP bautizó como “Tito Berni”. Se le acusaba de intermediar a favor de empresas en concursos amañados y recibir a cambio unos cuantos miles de euros en comisiones. En aquel momento, el PP ya pronosticó que el “Tito Berni” se llevaría por delante al presidente del Gobierno. La investigación sigue su curso en Canarias, ya con Fuentes Curbelo fuera del Congreso, sin que haya salpicado al presidente del Gobierno ni a ninguno de sus ministros. Y eso que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, había bautizado la investigación como “el caso Tito Sánchez”. También entonces había un acusado fanfarrón que tiraba de la manta: el famoso “mediador”. 

Ahora el escándalo es mucho más grave. José Luis Ábalos no es un desconocido diputado por Canarias. Este caso de corrupción ha golpeado al Gobierno en un punto muy sensible. El presunto cobro de comisiones por parte del exministro y ex secretario de Organización del PSOE ya es de por sí lo bastante grave como para que no sea necesario exagerar. El propio presidente del Gobierno tiene una responsabilidad 'in vigilando': los controles fallaron. Pero el salto que quiere dar la derecha –presentar este asunto como una trama de corrupción de todo el Gobierno, sin más pruebas que la palabra de Aldama– por ahora es muy difícil de respaldar. 

Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme. Gracias por tu apoyo a elDiario.es

Un abrazo,

Ignacio Escolar