Los movimientos sociales denuncian la "inacción" del Gobierno de Mazón tras la DANA: "Se va a cumplir un mes y seguirá habiendo barro en muchas zonas"

Han pasado más de 20 días de la riada histórica que cayó sobre el pueblo valenciano y las ayudas de las instituciones siguen llegando tarde. La crispación del momento por la negligencia política incendió las redes y movilizó a miles de voluntarios que acudieron a las zonas afectadas para socorrer a cada vecino y vecina de la montaña de fango que había en cada esquina.

Cinco personas, viendo la situación de emergencia y las llamadas de auxilio, se lanzaron a crear un formulario para que cada afectado compartiese sus necesidades, pero ante la lentitud burocrática decidieron ir más allá y gestionar por su cuenta la ayuda de distintas “brigadas de limpieza diarias, la coordinación de grupos de voluntariado de fuera de la provincia, y la distribución de materiales de algunos puntos de recogida como el Casal Obrer i Popular de l'Olivereta”. Así es como nació la red Suport Mutu Dana València (SMDV), de la mano de colectivos de la ciudad de València, como la Jove Muixeranga de València, Entre Barris, CEAR, La Saïdia Comuna, Regularización Ya, Resistencia Migrante Disidente, l’Assemblea Feminista de València, el Casal Obrer i Popular de l’Olivereta, la COS, Alerta Solidària, la Xarxa de Casals i Ateneus o el Centre Social-Bar Terra, entre otros.

“Hemos intentado llegar a todos los sitios. La catástrofe nos supera. Hay municipios en los que ha habido una buena coordinación entre la red de vecinos y el ayuntamiento; sin embargo, zonas más empobrecidas, como El Raval de Algemesí o el Barranco de Torrent, han estado abandonadas y es hacia donde más van nuestras intervenciones. La Conselleria de Educación también ha dejado tirados a los centros educativos. La comunidad se ha encargado de limpiarlo todo”, subraya Silvia Cortés, portavoz de la red.

Desde SDMV denuncian la “falta de contundencia” por parte de las instituciones locales, autonómicas y estatales frente al desastre que ha supuesto la riada. En este sentido, Cortés sostiene que el Ayuntamiento de València no se “ha prestado a acoger voluntarios”: “Hablamos con la Fundación Deportiva Municipal de València y nos dijeron que no iban a ofrecer estos espacios para alojarse, ni tampoco para las familias que lo necesitaban”. Añade que muchos de los voluntarios han tenido que “pagar el alojamiento”, pero que desde la red se han encargado de buscar un sitio en el que pudieran quedarse: “Ha sido complicado encontrar un hospedaje gratuito. Continuamos gestionando este tema, ahora con gente dispuesta a colaborar desde el País Vasco”.

En línea similar, desde el consistorio les remitieron a la web de la Generalitat, Som Solidaritat, un recurso que se creó una semana después de la tragedia y que pretende centralizar todo tipo de ayudas. Sin embargo, desde Suport Mutu manifiestan que los enlaces “te redirigen mal”, como en el caso de los puntos de apoyo psicológicos que la Conselleria de Sanitat ha puesto a disposición en once pueblos afectados y en Fira València. Añaden que tampoco existe un espacio específico sobre el tema del realojamiento tanto para las personas que han perdido su casa como para las que lo necesitan de forma temporal: “Las 300 viviendas públicas ofrecidas llegan tarde y son insuficientes”, destaca la portavoz.

En cuanto a la logística, la portavoz explica que los camiones y las furgonetas prestadas con todo tipo de necesidades básicas se trasladaban a los ayuntamientos o espacios en común, pero que esa labor debería partir del gobierno de Mazón: “Las instituciones no están llegando a todos los puntos afectados. Vamos a llegar al mes y seguirá habiendo barro en muchos sitios importantes”.

La plataforma social ha gestionado más de 300 incidencias de personas afectadas y ha coordinado el trabajo de 600 voluntarios. Sin embargo, explican que cada día les llegan más solicitudes de ayuda tanto por parte de particulares como de políticos o funcionarios: “Nos escriben profesores, miembros de las Asociación de Familias de Alumnos (AFA), personal técnico de los ayuntamientos, e incluso, de miembros de distintos gobiernos municipales. Nos piden que limpiemos espacios públicos o ayudar a barrios enteros”.

“Hay gente que sin ocupar un cargo de responsabilidad institucional se ha convertido en punto de referencia para equipos de rescate, bomberos, etc.; o personas que registran las necesidades del vecindario y nos las hacen llegar. Todo ello nos enseña la capacidad de autogestión de un tejido social fuerte, pero también la inacción del sistema que no responde con todos sus recursos y que interfiere en las ayudas coordinadas desde los colectivos. Supimos responder mejor que el gobierno autonómico, y eso da para pensar”, subrayan.

Colectivos vulnerables, desamparados

La tromba de agua también ha traído peores condiciones socioeconómicas para las personas más humildes o aquellas irregulares. Gente sin contrato que trabajaba para la economía sumergida o que se ha empadronado donde ha podido y no figura en los domicilios perdidos se ve excluida, de forma exponencial, de las prestaciones impulsadas tanto por el Gobierno central como por el Ejecutivo valenciano. Según estiman desde RegularizaciónYA, organización migrante y antirracista que encabezó la ILP para regularizar a las personas extranjeras, más de 40.000 afectados podrían encontrarse en esta situación de riesgo.

Silvana Cabrera, también portavoz de Suport Mutu y miembro de RegularizaciónYA, reitera que el “desamparo que sufren estas personas” es cada vez más evidente en casos como la información que se publicó en este medio sobre las cuarenta familias migrantes que fueron desalojadas del hostal en Torrent o las supuestas “paradas policiales” por rasgos raciales en los municipios afectados y de las personas migrantes que “están siendo detenidas y llevadas a comisaria sin cometer ningún delito”.

“En Parke Alcosa (Alfafar), el 12 de noviembre tres jóvenes fueron identificados cuando se dirigían al centro juvenil del Kolectivo. Dos de ellos, que fueron trasladados por no contar con la documentación, corroboraron que en esta misma instancia había cerca de quince personas más. Uno de los jóvenes fue liberado por ser menor de edad”, denuncia. Asimismo, la portavoz explica a elDiario.es que los afectados estaban transitando por la calle y que se les llevó a la dependencia policial de Zapadores: “Supone un miedo para las personas migrantes que las calles estén militarizadas y llenas de policías porque hay sesgos racistas”.

Fuentes de la Policía Nacional de València desmienten estas declaraciones y aseguran que las identificaciones que realizan “no se ajustan a parámetros raciales”. Además, insisten en que la identificación y el traslado a dependencias policiales, independientemente de la nacionalidad, se engloba en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. De igual forma, desde la Delegación del Gobierno “dudan de estas detenciones” y aclaran que si se hacen es porque existe “algún motivo en concreto”.

En línea similar, desde SMDV insisten en que las administraciones se han olvidado de las personas migrantes regularizadas, habilitando puntos de renovación del DNI, pero no del NIE, lo que les obliga a desplazarse hacia Valencia. “Es una irresponsabilidad pensar en reconstruir las poblaciones que han sido devastadas por la DANA sin una mirada feminista, antirracista y anticolonial”, sentencia Cabrera, y adelanta que a partir del sábado 23 de noviembre, las organizaciones prestarán apoyo y servicio a las personas migrantes a partir de unidades móviles articuladas en las zonas afectadas para derivarlas a diferentes recursos. “Es muy posible que muchas de las personas que vivían en estos lugares estuvieran empadronadas en otra zona. Hay sitios que subalquilan habitaciones y no te dejan empadronarte; o hay quienes están censados en asociaciones; por lo que no consta que viven allí. Las trabajadoras del hogar y los cuidados también se enfrentan a un problema grande porque han perdido su trabajo y si no cotizas, no puedes renovar la documentación”, señala.