El Comité de las Regiones incluye varias enmiendas de Castilla y León sobre el acceso y la mejora en la atención a los servicios sociales

El pleno del Comité Europeo de las Regiones incluirá en el dictamen sobre desigualdades territoriales varias propuestas de Castilla y León relacionadas con el fomento de la autonomía de las personas dependientes, la inversión de la UE en tecnologías aplicadas a los cuidados o un sistema social que cubra todos los territorios en igualdad de condiciones. Las enmiendas presentadas por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, serán incluidas en el dictamen 'Abordar las desigualdades territoriales mediante un mejor acceso a los Servicios Sociales'. Tres de ellas están relacionadas con el envejecimiento poblacional, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la atención domiciliaria, se han integrado en otras enmiendas que abordan un contenido más amplio. Se trata de un texto en plena sintonía con el modelo de atención a los colectivos más vulnerables que ha venido implantando el Ejecutivo autonómico, el cual se apoya de manera decidida en la innovación social y en la digitalización del sistema de cuidados para, precisamente, facilitar ese acceso desde todos los puntos del territorio, señala en un comunicado la Junta. Este dictamen surge tras una consulta realizada por la Presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea, y trata de desarrollar estrategias integrales para promover un acceso en igualdad a los Servicios Sociales, especialmente de los grupos más vulnerables y de los habitantes del medio rural. En este sentido y teniendo en cuenta las características territoriales de la Comunidad, entronca directamente con el modelo de atención de Castilla y León. Así, una de las enmiendas presentadas por Isabel Blanco tiene que ver con el fomento de la atención domiciliaria a personas mayores, dependientes o con discapacidad del medio rural. Para ello, es preciso invertir en innovación para facilitar que estos usuarios, si así lo desean, puedan seguir residiendo en su propio hogar y, en la medida de lo posible, integrados en su entorno. Este planteamiento ayuda no sólo a mejorar la calidad de vida de estas personas, sino a dinamizar la economía alrededor del sector de los cuidados en los pequeños municipios y áreas transfronterizas. Además, se ha propuesto una dignificación y mejora de las condiciones laborales de los profesionales sociales. De hecho, existen graves dificultades para encontrar trabajadores del sector en el medio rural y, una manera de incrementar la demanda es a través de la aplicación medidas específicas en esta dirección. Otra de las enmiendas viene a reflejar la firme apuesta de la Junta de Castilla y León por la innovación social, puesto que no sólo facilita la vida a las personas con movilidad reducida o que precisan de cuidados, sino que genera tejido empresarial de alto valor añadido y atracción del talento. Por ello, la vicepresidenta ha propuesto a la Unión Europea que redoble el esfuerzo a la hora de financiar la innovación tecnológica para el desarrollo de productos de apoyo y sistemas que conviertan los hogares de las personas mayores, dependientes o con discapacidad en seguros y, así, se fomente su autonomía. De acuerdo con el contexto castellano y leonés de gran amplitud territorial, profunda dispersión poblacional y progresivo envejecimiento, el cual es extensible a otras muchas regiones de la Unión, la vicepresidenta ha pedido en otra de las propuestas planteadas al Comité Europeo de las Regiones medidas específicas para estas comunidades debido, precisamente, al alto coste que supone llevar la atención social y sanitaria a cada rincón del territorio. Isabel Blanco ha llevado a Europa una de las máximas de la Junta de Castilla y León, que es el cauce fundamental para la integración social de los colectivos más vulnerables es el empleo. En este sentido, la implementación de medidas que faciliten el acceso al mercado de trabajo de las personas en riesgo de exclusión es una herramienta clave para facilitar la autonomía económica y acabar con la cronificación de la pobreza. En cuanto a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó enmiendas no sólo para la integración laboral de la mujer, sino también para mejorar su representación en sectores de amplia presencia masculina, fomentar la corresponsabilidad en lo que respecta al cuidado de los hijos o acabar con la brecha digital, la cual afecta, sobre todo, a mujeres mayores.