Absuelven al concejal del Caso Cartero de Mijas (Málaga), condenado por interponer una denuncia falsa para aniquilar a su adversario político

El concejal de Mijas (Málaga) Juan Carlos González (PP) ha quedado absuelto de su condena a ocho meses de cárcel por crear un personaje ficticio en septiembre de 2018 para denunciar falsamente al entonces alcalde, Juan Carlos Maldonado (Cs), y a dos concejales. Ahora, el TSJA lo ha absuelto tras el recurso de apelación interpuesto por la representación de González y valorar que no hay delito en lo que hizo. Según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido revocar dicha resolución y absolverlo del delito de denuncia falsa que se le imputaba. En concreto, el TSJA rechaza los hechos probados en la sentencia del Tribunal de Málaga que lo condenó y entiende que «el examen de los datos integrantes de la denuncia que fija la narración fáctica de la sentencia apelada muestra que los mismos no pueden ser tildados de falsos y que, por tanto, no cabe su sanción como constitutivos de denuncia falsa». Sí comparte con el Tribunal malagueño que la denuncia «fue presentada con un evidente ánimo de crítica e incluso de descrédito frente a los miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos el alcalde, y es, asimismo, cierto que se aplica a calificar penalmente los hechos». Pero, insiste en que «el delito no se perpetra porque el denunciante se permita calificar como delictivo un hecho , sino que su comisión exige que ese hecho sea y objetivamente incardinable en un determinado tipo penal, además de falso». El alto Tribunal andaluz concluye que «el contenido objetivo de la denuncia reflejado como delictivo en el factum de la sentencia apelada carece de tal condición, procediendo por tanto el dictado de sentencia absolutoria». Por esto, revoca la primera sentencia en el sentido de absolverlo del delito de denuncia falsa que se le imputa y, además, mantiene la absolución acordada en la resolución recurrida respecto del delito de falsedad documental. El exedil, cartero de profesión, presentó el 12 de septiembre de 2018 una denuncia ante la Fiscalía de Málaga dirigida a Anticorrupción en la que bajo la identidad falsa de Manuel R.G. denunciaba que en 2017 el Ayuntamiento de Mijas había organizado un viaje para los jubilados a Algarve (Portugal) que fue adjudicado, según el escrito, de forma arbitraria. El Ayuntamiento mijeño tenía previsto organizar un viaje para personas mayores residentes en Mijas en mayo de 2017 pero meses antes, en febrero, el técnico emitió un informe en el que proponía desistir del viaje « por considerar inviable la culminación del proceso de licitación en el plazo previsto para la celebración del mismo« y se anuló la licitación en primera instancia. Más tarde, se volvió a abrir el proceso y en esa ocasión se culminó, y se adjudicó a una empresa de viajes y el acusado « tenía conocimiento «, porque había participado, de que en el pleno del Ayuntamiento, celebrado en el verano de 2018, se había reparado la falta de cobertura contractual de dicho viaje y se había abonado por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial. Pero según la sentencia, « no se causó perjuicio alguno a las arcas públicas del Ayuntamiento, toda vez que el procedimiento se ajustó a la legalidad, careciendo de relevancia penal y administrativa«. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía bajo la falsa identidad de una persona que no existe y el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola incoó diligencias previas en noviembre de 2018 y ordenó una serie de investigaciones y diligencias instructoras. Tras las pesquisas la Guardia Civil informó que la identidad de Manuel R.G no correspondía a ninguna persona y se trataba de una identidad falsa, por lo que el instructor archivó el caso el 17 de enero de 2019. El Tribunal afirma que el acusado, que siempre ha negado los hechos, actuó con «un temerario desprecio a la verdad» y que pretendía imputar al alcalde y dos concejales una conducta delictiva «siendo conocedor, como concejal del PP, de que la supuesta irregularidad administrativa denunciada había sido solventada de forma legal y precisamente por acuerdo unánime del pleno en el que él mismo participó». Para los magistrados estaba «clara» la finalidad perseguida con la denuncia de perjudicar y desgastar a los políticos denunciad os en una «maniobra orquestada» en tiempo electoral. Pero ahora, años después, González ha quedado absuelto tras no estimar el TSJA delito en tales hechos.