Europa no lo exige, pero España sí: las Zonas de Bajas Emisiones generan polémica
El debate sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España sigue vigente, especialmente a medida que se acerca el plazo de 2025. En esa fecha, más de 150 ciudades españolas, incluidas todas las de más de 50.000 habitantes y algunas con más de 20.000, deberán implementar estas restricciones según lo estipulado en la Ley de Cambio Climático. Sin embargo, expertos afirman que la medida no responde a una imposición de la Unión Europea, sino a una interpretación interesada de sus directrices.
El reciente Encuentro Ciudadano con la Movilidad, celebrado en Bilbao y organizado por el RAC Vasco Navarro, reunió a expertos, abogados y representantes del sector para analizar el impacto de estas medidas. La principal conclusión fue que la normativa europea solo propone recomendaciones para mejorar la calidad del aire en zonas donde sea necesario, pero no obliga a implantar ZBE en todos los municipios bajo criterios uniformes.
¿Obligación o recomendación de la UE?
Uno de los puntos más discutidos es la supuesta obligatoriedad de la UE en la implantación de las ZBE. Según el abogado Francisco López Lera, para el medio Autopista, esta premisa es incorrecta. La directiva europea, explica, no establece imposiciones, sino que insta a elaborar planes de calidad del aire en lugares con problemas demostrables. Esto significa que las ZBE no deberían ser una medida generalizada, sino adaptada a las necesidades reales de cada territorio.
Además, López Lera cuestionó, para el mismo medio, el enfoque restrictivo aplicado en algunas ciudades españolas, como Bilbao. Señaló la incoherencia de limitar el uso del automóvil en horarios o áreas específicas sin considerar que la contaminación no desaparece fuera de las ZBE ni en fines de semana. Para el abogado, la verdadera intención de estas medidas está relacionada con la recaudación fiscal más que con la protección medioambiental.
Impacto social y económico
La implantación de las ZBE ha generado preocupación en diversos sectores por sus efectos económicos y sociales. Pedro Martínez de Artola, presidente del RACVN, destacó la necesidad de evaluar si estas medidas son realmente necesarias y cómo aplicarlas sin generar discriminación económica. “No podemos ignorar que las ZBE, tal y como se plantean, afectan especialmente a quienes no pueden permitirse renovar su vehículo o adaptarse a los nuevos modelos de movilidad”, afirmó.
Por su parte, el director general de GANVAM, Fernando Miguélez, enfatizó que las ZBE no han fomentado la renovación de vehículos, sino que han trasladado los más antiguos a zonas periféricas o rurales. Además, criticó que estas medidas se presentan como iniciativas medioambientales, pero también responden a nuevos modelos de negocio, como la micromovilidad, que no siempre son asequibles para la mayoría de los ciudadanos.