Discordia en votación de prisión preventiva para Elizabeth Peralta por caso Chibolín: juez Saúl Peña Farfán decidirá destino de suspendida fiscal

La Sala Permanente de la Corte Suprema confirmó que Andrés Hurtado continuará cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, mientras que la apelación de comparecencia a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta quedó en discordia de votación, luego de que dos juezas supremas votaran porque se declare fundado el recurso de apelación y tres jueces supremos votaron porque se declare infundado.

Esta decisión ha hecho que se resuelva llamar a un cuarto juez, el juez supremo Saúl Peña Farfán, quien junto a los otros tres magistrados decidirán si Peralta cumple o no prisión preventiva por el periodo de 18 meses. La audiencia para el fallo se realizará el 20 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte designa a Alejandro Narváez como presidente de PetroPerú pese a condena

Argumentos del Ministerio Público para la prisión preventiva contra Elizabeth Peralta

De acuerdo con la resolución en la cual se confirma la audiencia para el 20 de noviembre, se explica que el representante del Ministerio Público precisó varios motivos por los que Elizabeth Peralta debe cumplir una prisión preventiva de 18 meses. Algunos de ellos, son:

• Respecto del arraigo domiciliario, precisa que no se ha tenido en cuenta que Peralta "posee varios inmuebles, no brinda una información detallada de los lugares donde ha venido mudando su domicilio, porque en la entrevista transmitida en el programa 'Contra Coniente', señaló que tiene un domicilio en el distrito de Lince que está a nombre de sus hijos; sin embargo, ello no es cierto debido a que esta fue quien suscribió el contrato de arrendamiento en calidad de arrendadora (propietaria del inmueble), el veinte de abril de dos mil veinticuatro, por lo que, no existe una información veraz que proporcione la imputada respecto a sus inmuebles.", se puede lee en el oficio.
• En lo que respecta a arraigo familiar, el representante del Ministerio Público precisó que "no tiene una carga familiar que la sujete a determinado lugar, esto es, personas dependientes a su cargo, toda vez que cada uno de sus hijos es mayor de edad y pueden mantenerse por sí solos".