Macho Coca recibió subsidios del Estado por ¢521 millones en combustibles
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, catalogado por Estados Unidos (EE. UU.) como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica y quien fue detenido recientemente como sospechoso de un robo multimillonario de combustible a Recope, recibió subsidios del Estado por ¢521,4 millones para comprar diésel en los últimos nueve años. Todavía en junio de este año, la familia de Bell seguía gozando del beneficio.
Cinco embarcaciones de Macho Coca y su esposa, Andria Araya Bougle, obtuvieron 2,1 millones de litros de diésel exonerados de impuestos entre abril del 2015 y junio del 2024; por esta cantidad de combustible, una empresa común habría tenido que pagar ¢1.111 millones, pero los subsidios les bajaron el costo a ¢589,6 millones (un 47% menos).
Fue posible que accedieran al descuento gracias a que tenían licencias de pesca comercial emitidas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), entidad pública que incluso tuvo a Gilbert Bell como miembro de su consejo asesor hace nueve años, en el 2015.
Desde 1994, Costa Rica exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina regular a los pescadores. En promedio, ese beneficio implica que paguen un 47% menos que el resto de consumidores.
El Incopesca otorgó el beneficio -que solo se concede a pescadores costarricenses-, a pesar de los cuestionamientos en torno a Bell Fernández, quien ha sido sujeto de numerosas investigaciones por hechos como por robo de combustible y acciones vinculadas con el narcotráfico.
En el 2016, el Departamento de Estado de EE. UU. describió a Macho Coca como un importante traficante de drogas del Caribe costarricense y, en el 2018, fue arrestado por un supuesto robo de ¢2.092 millones en combustible a Recope. La Fiscalía ya presentó una acusación con solicitud de apertura de juicio por este caso relacionado con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Años más tarde, en el 2021, el Tribunal Penal de Limón ordenó demoler un enclave portuario en la bahía de Portete, Limón, por una causa en la que Macho Coca figuró como imputado por el delito de usurpación de bienes de dominio público. No obstante, el empresario fue sobreseído por prescripción. Luego, en el 2022, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea suspendió la demolición y ordenó un nuevo juicio en relación con el destino de la estructura.
En noviembre del 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. citó de nuevo a Macho Coca en uno de sus informes, describiéndolo como uno de los narcotraficantes más violentos y ordenó el congelamiento de cualquier activo del costarricense en Estados Unidos. Finalmente, el pasado 11 de octubre, la Fiscalía lo detuvo de nuevo y un juzgado lo envió a prisión preventiva tres meses, esta vez como sospechoso de otro robo multimillonario de combustible a las instalaciones de Recope en Moín, en el denominado Caso Petro Coca.
El Incopesca continuó suministrando combustible subsidiado a cuatro naves vinculadas a la familia de Macho Coca (Challenger, Dos Hermanos R, Tormenta Perfecta II y Don Kincho), aun cuando la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales le hizo una anotación en el 2015, en el Registro Nacional, por la sospecha de que estaban involucradas en un aparente delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En esta causa (15-012144-0042-PE), Bell Fernández figuraba como investigado, pero el Juzgado Penal de San José la cerró el 5 de abril del 2019, luego de que el Ministerio Público pidió un sobreseimiento definitivo por falta de pruebas. La anotación, que aún permanece visible en el Registro, se hizo para evitar que los bienes cambiaran de dueño.
La Nación estimó el tamaño del subsidio percibido por la familia de Macho Coca al analizar la lista de pescadores que obtuvieron combustible exonerado de impuestos en la última década, mediante el Incopesca, y cruzarla con los precios oficiales de Recope.
Durante todo ese tiempo, el empresario limonense y su esposa efectuaron 141 retiros de diésel exonerado con autorización de Incopesca. Bell llegó a ser miembro del Consejo Asesor de esa institución en el 2015, año en que adquirió, a su nombre, 148.570 litros de combustible.
En octubre del 2015, el Instituto lo separó del cargo luego de que las autoridades judiciales efectuaron un fuerte operativo para desarticular una banda de narcotraficantes, operación en la cual se presumía que Bell era proveedor de droga.
No obstante, actualmente, Macho Coca no tiene ninguna causa abierta por tráfico de drogas en Costa Rica, según informó la oficina de Prensa del Ministerio Público. Lo que afronta son dos procesos por robo de hidrocarburos y uno por contaminación de aguas.
El abogado de Bell Fernández, Manrique González, insistió en que su cliente no tiene barcos a su nombre, sino que solo posee una panga que no recibe combustible exonerado. También, recalcó que no existe ninguna acusación por narcotráfico en su contra.
“Después del comunicado de EE. UU., la situación es la misma, don Gilbert nunca ha sido notificado formalmente de EE. UU. o de Costa Rica en relación con eso”, afirmó González, ante una consulta de La Nación.
Un retiro cada 24 días
En promedio, Bell y Araya efectuaron un retiro cada 24 días durante los últimos nueve años. En cada petición, la media fue de 15.488 litros. En el 2017, se registró la cifra más alta. Solo ese año, la pareja se ahorró ¢103,2 millones, lo que representa el 20% del subsidio recibido en la última década. Eso ocurrió un año después de que el Departamento de Estado de EE. UU. describió a Macho Coca como un importante traficante de drogas.
El limonense de 61 años y su esposa obtuvieron el combustible para las siguientes cinco embarcaciones: Challenger, Dos Hermanos R, Tormenta Perfecta II, Don Kincho y Baula VI.
Entre el 2015 y el 2019, Macho Coca solicitó diésel como permisionario en 62 ocasiones para los primeros tres barcos, que en ese momento estaban inscritos a su nombre, según consta en el Registro Nacional. A estas embarcaciones se les aprobaron 962.395 litros de combustible, con una exoneración de ¢224,5 millones.
Challenger, Dos Hermanos R y Tormenta Perfecta II estuvieron a nombre de Bell Fernández hasta el periodo 2019-2020, cuando las pasó a nombre de su esposa, mediante donaciones. En ese momento, él dejó de recibir combustible por esas embarcaciones y, de seguido, lo comenzó a obtener Araya Bougle.
Don Kincho y Baula VI aparecen a nombre de la esposa de Macho Coca; sin embargo, la primera de estas embarcaciones fue anotada en el Registro Público por la Fiscalía por un supuesto lavado de dinero (expediente N.° 15-012144-0042-PE). La segunda nave solo reporta un retiro de 22.510 litros de diésel, el pasado 4 de abril, y obtuvo una exoneración de casi ¢6 millones.
Actualmente, Araya Bougle figura como propietaria de Challenger, Tormenta Perfecta II, Don Kincho y Baula VI. El pasado 7 de junio desinscribió Dos Hermanos, alegando desuso de la nave. A nombre de la esposa de Bell, Incopesca aprobó 1,16 millones de litros, con lo que la familia se ahorró ¢296,5 millones en impuestos.
Ella fue investigada por la Fiscalía en febrero del 2012 por una presunta infracción al Código de Minería y, según la Fiscalía Adjunta de Limón, en la actualidad tiene una causa abierta por un aparente delito de falsedad ideológica, el cual se tramita en el expediente N.° 22-000558-1220-PE.
Desde el 22 de octubre anterior, este diario le consultó a Incopesca por qué se le siguió exonerando el combustible a Macho Coca y esposa, pese a las causas abiertas en el Ministerio Público. También, se les consultó, entre otros aspectos, sobre el mecanismo que implementan para vigilar el buen uso de ese beneficio; no obstante, a la hora de publicación de este artículo no se recibió una respuesta.
El 29 de agosto de anterior, en sesión de Junta Directiva de ese Instituto, el director Enoc Rizo Rizo, reconoció que saben “que hay algunos pescadores que no se le están dando el buen uso (al combustible exonerado)”. Así lo admitió al referirse a la pesca ilegal.
Causas abiertas contra Macho Coca
Bell Fernández tiene tres causas abiertas, una del 2017 y es por el aparente robo de combustible. Ese caso (17-000913-0063-PE) fue remitido al Juzgado Penal con acusación y solicitud de apertura a juicio el 9 de octubre anterior.
El año pasado se le abrió otro expediente, el N.° 23-001265-0063-PE, por una presunta contaminación de aguas. La causa está en investigación, a la espera de un informe del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), según informó la Fiscalía Adjunta de Limón.
La tercera pesquisa en curso originó una serie de allanamientos el pasado 11 de octubre, que depararon con la detención de Macho Coca, a quien se le atribuyen supuestos delitos de asociación ilícita, daño al sistema nacional combustible, robo de combustible, transporte y distribución ilegal de combustible.
Se trata del caso denominado Petro Coca, que se tramita bajo el expediente N.° 24-001878-0063-PE.