Moncloa, sobre el “caso Errejón”: “Pasará factura”
En un panorama político líquido y abonado a la polémica, la técnica del “desborde” se impone. Un escándalo supera y sustituye en intensidad y gravedad al anterior y tiende a opacarlo, desviando el foco informativo a toda velocidad, en cuestión de días o incluso horas. La catástrofe de la DANA que sigue sumando fallecidos y ha azotado con una virulencia inusitada a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha cambiado de golpe el orden de prioridades y el interés informativo. Una suerte de respiro que se ha aprovechado por los partidos que componen el Gobierno para imponer una suerte de “voto de silencio” que les sumirá en un apagón declarativo sobre cuestiones de actualidad durante los tres días de luto oficial por las víctimas.
Esta decisión sin precedentes, que asume la toxicidad de la política actual, también supone una tregua para un Ejecutivo cercado por las polémicas, en los últimos días han tenido que hacer frente al desgaste por el “caso Errejón” -que la próxima semana se reactivará con la derivada judicial-, por una nueva imputación de dos delitos a la mujer del presidente del Gobierno –por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el “software” de la Universidad Complutense- y por el avance de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al enviar el Supremo a la Guardia Civil a registrar su despacho durante 10 horas.
En el Gobierno son conscientes de los diferentes frentes que tienen abiertos y cunde el pesimismo. Su único objetivo es seguir, sin mirar atrás, hacia la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que les garanticen el salvoconducto para agotar la legislatura en 2027. Pedro Sánchez repite esta fecha casi como un mantra, consciente de que necesita tiempo para reconstruir su proyecto en un panorama de descomposición. En Moncloa cayó como un misil las informaciones sobre los presuntos abusos y agresiones del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. “Nos pasará factura”, reconocen fuentes gubernamentales, conscientes del profundo potencial desmovilizador que este tipo de cuestiones tienen para el electorado progresista. Saben que la corrupción se castiga, en alusión al “caso Koldo”, pero más aún la hipocresía en una cuestión tan sustancial como es la causa feminista para el proyecto progresista.
En la parte socialista han ido modulando su estrategia. Si en un primer momento se mostraron superados por el “shock” inicial, después pasaron a la exigencia de “responsabilidades” a sus socios de coalición. No en vano, en el Gobierno están tanto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; como la de Más Madrid, Mónica García, también ministra de Sanidad. Esta invitación a la reflexión y la autocrítica se topó con la nula asunción de responsabilidades políticas por parte de ambas, que se limitaron a pedir perdón y excusarse por no haber actuado en 2023, cuando ya hubo un primer episodio conocido de abusos por parte de Errejón. En este contexto, desde el PSOE se abandonó cualquier exigencia para pasar a promover un cierre de filas total, conscientes de que mantener abierto el tema solo ahondaría en el desgaste. El blindaje a ambas busca zanjar el asunto y salvar la coalición, aunque esto suponga un cierre en falso del caso.
Aunque los socialistas intenten trasladar una imagen de unidad, blindando la actuación “contundente” de Sumar para salvaguardar al Ejecutivo, lo cierto es que en privado preocupa la gestión que se ha hecho del asunto y se presiona a sus socios para que vuelvan a convertirse en una opción competitiva en las urnas. Fuentes gubernamentales advierten de la necesidad de la “reformulación” del espacio político de la izquierda de cara al próximo ciclo electoral. En el Gabinete creen que todavía está por dilucidar “cómo lleguen a ese ciclo electoral la izquierda que representan Sumar, Podemos, Izquierda Unida o Más Madrid”.
Una duda que tiene que despejarse en lo que resta de legislatura y que supone una reflexión que va más allá del ámbito gubernamental. También el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, en un acto en Madrid organizado por la formación Izquierda Española, afirmó hace unos días que la "sinfonía social" del Gobierno "ya no suena igual" después del “caso Errejón”. Tras pronosticar que las consecuencias para el desarrollo de la legislatura no serán "positivas", el histórico sindicalista ha considerado que los dos ejes del Gobierno de coalición "se han roto", esto es, la lucha contra la corrupción y el feminismo.