Diputados descongelarían alzas salariales a policías
La Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos aprobó un dictamen favorable para un proyecto de ley que reactivaría los aumentos salariales de los cuerpos policiales, actualmente suspendidos debido a la situación fiscal del país.
El ajuste propuesto consiste en un aumento para cubrir el costo de vida o la inflación que se calcula cada año; sin embargo, el plan no incluye proyecciones sobre su impacto en las finanzas públicas.
Si se convierte en ley, beneficiaría a oficiales de la Academia Nacional de Policía, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD), Control Fiscal, Fronteras, Migración y Extranjería, Tránsito, Policía Penitenciaria, Vigilancia Aérea, Guardacostas y la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Este proyecto lo introdujo a la corriente legislativa el liberacionista Gilbert Jiménez, en agosto de 2023, trece meses antes de que los diputados aprobaran un presupuesto de ¢11.000 millones solicitado por el Gobierno para aumentar, una única vez, ¢51.000 al salario base de estos cuerpos.
Súbito paso de funcionarios a salario global costará ¢300.000 millones, advierte Nogui Acosta
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, calificó la medida como “demagoga”. El dictamen fue respaldado por seis diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR), mientras que dos legisladores del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) votaron en contra.
La propuesta incluye una reforma a la regla fiscal establecida en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual establece, actualmente, en el inciso c) del artículo 13, que cuando la deuda pública sea igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), no se otorgarán incrementos salariales por costo de vida. Esta medida comenzó a aplicarse en 2022 debido al aumento de la deuda pública y se estima que se levantará en 2028.
Los incrementos salariales no se aplicarán a los profesionales en ciencias médicas, debido al “enganche médico”, que vincula sus aumentos con los de los trabajadores del Gobierno.
Acosta resaltó que el proyecto de Jiménez fue anterior al incremento de ¢51.000 al salario base de los policías, considerado por él como una verdadera justicia, en contraste con el texto actual que calificó de “completamente demagógico”.
Expresó que la norma que se pretende reformar tiene un objetivo más elevado: “Asegurar que todos los trabajadores del sector público, una vez estemos por debajo del 60% del PIB de la deuda pública, puedan recibir aumentos salariales”. También señaló que este incremento podría generar injusticias al crear diferencias en las categorías salariales.
En cambio, Jiménez, satisfecho con el dictamen, argumentó que su propuesta genera justicia salarial para los cuerpos policiales, aunque no especificó el monto total anual del incremento.
Sostuvo que la falta de actualización salarial deteriora la capacidad adquisitiva de los funcionarios, lo que resulta en un estancamiento del sueldo que debe ser razonable y competitivo, especialmente en un contexto de inseguridad.
El proyecto sostiene que los cuerpos policiales son los más mal pagados del Gobierno Central. Por ejemplo, el salario base de un oficial de la Fuerza Pública, sin rango, ronda los ¢342.250 mensuales, según el texto. Con los incentivos de riesgo policial y otros, podría alcanzar, en el mejor de los casos, unos ¢500.000, monto aún bajo considerando la peligrosidad y el compromiso de ser oficial de policía, de acuerdo con el proyecto.
Añade que una mejora salarial para estos cuerpos es un ajuste técnico que responde a causas distintas al costo de vida, lo cual es jurídicamente posible, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Otro proyecto de Jiménez, dictaminado el 16 de octubre en la Comisión de Asuntos Jurídicos, plantea que los empleados públicos con salario compuesto de base más pluses que ganan por debajo del salario global de su respectivo puesto, puedan trasladarse de inmediato a la nueva modalidad.
Este cambio implicaría un incremento salarial que costaría a Hacienda ¢300.000 millones anuales, según el ministro Acosta.