Alcalde de SJL a un mes del estado de emergencia: "Se sigue matando, municipalidades y PNP no tienen recursos"
Este 15 de octubre se cumple un mes desde que el Gobierno declaró el estado de emergencia en diversas zonas del país, incluyendo San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP). Esta medida, que busca combatir la creciente ola de delincuencia, ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos y autoridades locales.
Los alcaldes de ambos distritos, Jesús Maldonado y Hernán Sifuentes, han realizado un balance sobre la efectividad de esta estrategia y los resultados obtenidos hasta la fecha.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, destacó que, si bien se han logrado avances significativos en otros ámbitos, aún hay factores en seguridad ciudadana que necesitan ser atendidos con urgencia. Según sus declaraciones, hay una evidente falta de recursos en las municipalidades y en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Preocupados por la ineficiencia del estado de emergencia
Ambos alcaldes coincidieron en que "no hay un plan integral" y que el estado de emergencia se aplicó de forma desarticulada y sin involucrar a todas las instituciones. En ese sentido, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, considera que la situación podría empeorar si no se toma una rápida acción.
En ese sentido, los alcaldes, Jesús Maldonado y Hernán Sifuentes, manifestaron su descontento con los resultados del estado de emergencia declarado hace un mes en sus distritos. Ambos líderes coincidieron en que la implementación de esta medida ha sido ineficaz, debido a la falta de un presupuesto adecuado que impide acciones concretas para enfrentar la criminalidad. “Una declaratoria de emergencia sin presupuesto es un saludo a la bandera”, afirmó Maldonado.
Sifuentes, por su parte, destacó que la falta de un plan integral y la desarticulación en la aplicación de la medida han contribuido a agravar la situación. “No hay una política de estado que perdure en el tiempo”, indicó, enfatizando la necesidad de involucrar a todas las instituciones en la lucha contra la delincuencia. Ambos alcaldes hicieron un llamado urgente al gobierno para que se eliminen las trabas burocráticas y se transfieran recursos a los municipios.
Falta de recursos y protección en SJL y SMP
Además, los burgomaestres señalaron que la escasez de recursos ha llevado a situaciones críticas, como la falta de equipos básicos para la Policía Nacional. Sifuentes mencionó que su municipio ha tenido que prestar chalecos antibalas a los agentes debido a la insuficiencia de materiales. Además, Maldonado subrayó la necesidad de un sistema de protección para jueces y fiscales, argumentando que sin esta seguridad, la captura de delincuentes resulta inútil.
"Necesitamos darle todo un sistema de protección a los jueces y Fiscales. Ellos son los que evitan que un delincuente termine nuevamente en la calle cometiendo la misma fechoría que todos los días vemos. No le estamos dando un sistema de protección ni a los jueces ni a los fiscales que en muchas ocasiones también son extorsionados y no lo denuncian", acotó el burgomaestre Maldonado.
Urgencia de reformas en seguridad
Ambos líderes instaron a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior a liderar una reforma integral de la Policía Nacional. Sifuentes enfatizó la necesidad de incrementar el número de efectivos en sus distritos, donde se requieren al menos 2.600 policías, pero actualmente solo hay alrededor de 200. La falta de infraestructura y herramientas de inteligencia también fue un punto crítico en sus declaraciones, resaltando que sin un enfoque coordinado, la crisis de seguridad en Lima podría empeorar.
"La captura y la desarticulación de bandas organizadas demoran aproximadamente entre mes y medio y dos meses el poder dar con ellos. El problema es que en ese tiempo se sigue matando, se sigue amenazando personas. Me gustaría que la presidenta Boluarte y el Ministro de Economía tengan en consideración que deberían cambiar el dispositivo.
"Hacer una reformulación de ella y permitir que las municipalidades puedan ejecutar su presupuesto de manera directa. Si queremos hacer un proceso demora aproximadamente 3 meses como mínimo. Podemos aprovechar estos dos últimos meses para que las municipalidades puedan ejecutar su presupuesto y el día de mañana podríamos tener camionetas, motocicletas y tecnología para la policía y para las unidades de emergencia", acotó Maldonado.