Aumentan un 25% los umbrales de negocio que obligan a las pymes a soportar una mayor burocracia

El Gobierno tiene ya encima de la mesa el anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa. El texto, que pasó el jueves por la Comisión de Subsecretarios y al que ha tenido acceso ABC eleva un 25% los umbrales de activos y volumen de negocios a partir de los cuales las empresas están obligadas a presentar un informe contable completo, otro sobre sostenibilidad y a auditar las cuentas. De modo que se regulan los criterios que determinan la posibilidad de formular balances y estados de cambio de patrimonio neto abreviados . Con esta norma el Gobierno traspone una directiva europea con la que se pretende «ajustar los umbrales a los efectos de la inflación como consecuencia de la tendencia en la zona euro en los últimos años». Este incremento permitirá reducir los requisitos y las obligaciones burocráticas en las empresas más pequeñas. Así, sólo se permitirá formular balances abreviados a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos no superen al menos dos de estos tres requisitos: tener activos inferiores a los cinco millones de euros , menos de diez millones de euros de cifra de negocio y no superar los 50 trabajadores . Lo que supone un incremento de mínimos respecto a lo que se permite en la horquilla de la directiva. Eso sí, la norma establece que si durante dos años consecutivos se superan estos límites tendrán que presentar la documentación que corresponde a las grandes empresas. Estos mismos requisitos serán los que se deberán de cumplir para poder aplicar el Plan General de Contabilidad de Pyme s. Cabe recordar que los requisitos de presentación en el ámbito de contabilidad no se limitan a proporcionar información a los inversores en el mercado de capitales, sino que también dan cuenta de operaciones pasadas y mejoran la gobernanza empresarial. Es por lo que la Comisión Europea entiende necesario simplificar estos requisitos para garantizar que cumplen los fines para los que están previstos y limitar la carga administrativa . La nueva normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, se aplicará ya a los ejercicios económicos iniciados desde el 1 de enero de este año . Señala el Ministerio de Economía en la exposición de motivos la necesidad de acelerar la aprobación de este anteproyecto de ley ya que el plazo de trasposición de la directiva es de doce meses y finaliza el 24 de diciembre de 2024. Pese a al incremento de los umbrales Cepyme considera que esto sólo librará un puñado de compañías de tener que elaborar cierta información en materia de contabilidad o poder acogerse a los procedimientos abreviados. De igual manera, señalan que se trata de una trasposición de mínimos ya que no se aplica sobre la totalidad de las obligaciones regulatorias ni tampoco se acoge a los umbrales máximos permitidos en la directiva. En la memoria económica , el Gobierno estima un ahorro por esta flexibilización de las obligaciones burocráticas de sólo algo más de un millón de euros. «Dado que el objetivo del legislador con los actuales umbrales para establecer la obligación de auditar cuentas parece acorde con el deseo de establecer un requisito reforzado respecto a la regulación europea con fin de minimizar el riesgo de problemas contables, la opción más viable pasa por la actualización de umbrales (...) de acuerdo con el impacto de la inflación de los últimos 17 años », reclama en su alegación Cepyme pidiendo un mayor incremento de los límites de activos y de cifra de negocios a partir de los cuales se activan los requisitos más agravados de información contable y argumentando que el ejercicio propuesto supone la asunción de una posición «similar a la que se consideró aceptable casi dos décadas».