El Gobierno acelera la privatización de otras 59 empresas públicas: cuáles son y con qué objetivo
El presidente Javier Milei ordenó en las últimas horas acelerar el proceso de privatización de otras 59 compañías estatales que están bajo análisis de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Martín Chaher.
La política privatizadora de la administración libertaria busca reducir el control estatal sobre diversas áreas estratégicas de la economía, y tratar de "cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos", señalan desde Casa Rosada.
Es que aunque algunas de estas empresas sean rentables o vayan camino a serlo, el Gobierno sostiene que, si permanecen bajo control público, en un futuro volverían a convertirse en entidades deficitarias debido a la intervención política.
Recientemente, durante una entrevista televisiva, Javier Milei puso de ejemplo el caso de Aerolíneas Argentinas.
Consultado sobre la posibilidad de no vender una compañía que tenga números en verde, el presidente retrucó: "¿Por qué no venderla? Brasil no tiene, el propio Lula privatizó Varig o el propio Mujica privatizó Pluna en Uruguay. Nosotros pusimos las cuentas en orden, pero ¿cuando vuelva el próximo qué hacemos? ¿De vuelta volvemos a hacer populismo con las empresas del Estado?"
Aerolíneas, AySA y el Banco Nación, a la cabeza de la lista
El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos.
En este contexto, las autoridades han planteado tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se estima que todo el proceso podría completarse en aproximadamente 6 a 8 meses.
Algunas de las empresas que encabezan la lista privatizadora del Gobierno son:
- Aerolíneas Argentinas
- Intercargo
- ARSAT
- AySA
- ENARSA
- Fabricaciones Militares
- Banco Nación
- Banco Hipotecario
Cada una de estas empresas es evaluada caso por caso, considerando aspectos como su viabilidad económica, oportunidades de negocio y los sectores de interés para potenciales inversores.
Por ejemplo, en el caso de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), el Gobierno busca atraer a un operador fuerte que asuma la gestión de la empresa, con la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. Mientras que ARSAT ya ha anunciado que para 2025 buscará privatizar hasta el 49% de su capital accionario.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más delicados dentro de este plan. Aunque el Gobierno considera inviable una privatización total en el corto plazo, ya se evalúan áreas específicas que podrían ser transferidas al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota. Además, se han mantenido conversaciones con la provincia de Córdoba, que ha mostrado interés en recibir la flota de Embraer (antigua Austral) para crear una aerolínea provincial.
A pesar de los desafíos, el Gobierno sostiene que las privatizaciones son un paso crucial para avanzar en la modernización y eficiencia del aparato estatal. Según el equipo de Milei, incluso aquellas empresas que actualmente son rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de convertirse en deficitarias si permanecen bajo control público.
Uno de los puntos que destaca el oficialismo es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado. A su vez, la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.