Las tabacaleras tendrán que empezar a pagar por la contaminación de las colillas

La industria tabacalera tendrá que empezar a pagar por la contaminación que generan las colillas que inundan calles, playas , centros comerciales, estaciones de autobús y suelos en general. En concreto, deberán financiar la limpieza de los restos de cigarrillos en el medio ambiente, incluidas las infraestructuras de saneamiento y depuración; y responsabilizarse de la recogida y tratamiento de las colillas en las ciudades, incluso aunque la gestión final la hagan los sistemas públicos de recogida. Así lo contempla el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la gestión de estos residuos del tabaco. Cada año se venden en España unos 2.000 millones de cajetillas de cigarros y unos 7.500 millones de filtros para tabaco de liar. Muchas acaban en el suelo, por lo que las colillas se ha convertido en el residuo más recogido en playas y las estimaciones apuntan a que, de manera global, el 40% acaban en el mar. Además, no son inocuas. Los filtros para el tabaco están hechos de acetato de celulosa, un tipo de plástico que cuando no se trata adecuadamente acaba fragmentado en micropartículas. A ello se suman las sustancias tóxicas del tabaco como la nicotina, el arsénico, hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados. El real decreto impone una serie de medidas a la industria tabacalera, el primero la identificación . A partir de ahora los productores de cigarrillos y de filtros para tabaco deberán inscribirse en el Registro de Productores de Productos, como ya hace la industria plástica y de envases alimentarios, y emitir información sobre su actividad todos los años. Su obligación será la de financiar el tratamiento y recogida de los residuos, tanto cuando se encuentre dispersa en el medio ambiente como cuando sea gestionada en las ciudades por los sistemas públicos. También deberá responsabilizarse de recoger información, de llevar a cabo estudios y de emprender medidas de concienciación para la población general. Por último, las grandes empresas de la industria tabacalera deberán intentar hacer mejoras en el diseño de sus productos para reducir el contenido en plástico y su abandono en el medio ambiente a partir de 2030. Este mismo martes, la industria tabacalera ha anunciado que creará una plataforma llamada Ávora desde la que se asumirán «los costes asociados a la limpieza, transporte y tratamiento de residuos», así como en realizar campañas concienciación para combatir la dispersión de basura, ha destacado la asociación. De esta manera, asume las obligaciones que le impone el nuevo real decreto. El real decreto también contempla que tanto ayuntamientos como empresas privadas deberán identificar los lugares donde se concentran estos residuos (como paradas de autobús, salidas de metro, entornos de hospitales...). Los ayuntamientos, además, estarán obligados a ofrecer sistema de recogida específica para cigarros en todas estas zonas en cinco años. El real decreto, además, refuerza la potestad de los ayuntamientos para prohibir fumar en las playas y multar en base a ello, aunque este punto ya estaba contemplado en la vigente ley de residuos.