El Parlamento aprueba la ley de recursos naturales de Galicia

Este martes, la Cámara gallega aprobó, con los votos a favor de los populares, que tienen la mayoría, y del, diputado de Democracia Ourensana, el Proyecto de Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, tras el debate mantenido en la sesión plenaria sobre el dictamen emitido por la Comisión 6º, de Industria, Energía, comercio y Turismo. En la sesión, tanto socialistas como nacionalistas arremetieron contra el modelo público privado escogido para el desarrollo de la comercializadora de energía, cuestionando asimismo la legalidad de la venta de la energía a menor precio por poder incurrir en el dumping o venda a costes, y acusaron al Gobierno gallego de hacer «greenwashing» con esta norma para «privatizar» los recursos de la Comunidad. Mientras, los populares la defendieron como CCCC Arrancó con su intervención la diputada socialista Patricia Iglesias, que lamentó lo que considera una «oportunidad perdida del Gobierno gallego del PPdeG para hacerlo bien, para mostrar que pueden hacer política en mayúsculas». De las 34 enmiendas presentadas por su formación, lamentó que solo tres fuesen aceptadas, a la vez que señaló hacia una «autoenmienda» de la Xunta, que, dijo, recogió en el proyecto de ley de medidas del 2025 la propuesta socialista de desarrollar un plan sectorial eólico. «Reconoce su propio fracaso», indicó, y «muestra que tenemos un gobierno del que no te puedes fiar por su incoherencia». «Si se hiciese política en mayúsculas, negociando para llegar a acuerdos en un pacto de industria y energía o se reforzarse esa colaboración institucional» con el Gobierno, «hoy no tendríamos encima de la mesa 60 parques eólicos paralizados», aseveró, acusando a la Xunta del «caos del sector eólico» y de «echar balones fuera» para no asumir su responsabilidad, culpando a una sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sobre la ley, igual que hicieron más tarde los nacionalistas, la tachó de un «revuelto» de temas, «sin orden», todos ellos metido en un «cajón», para establecer en términos legales «la privatización de los recursos naturales» de Galicia. «Una ensalada de contenidos», dijo, que tratan de «teñir de verde la privatizacion de nuestros recursos naturales». Entre las enmiendas presentadas por su formación, destacó la «ausencia clamorosa» de participación pública y de la intervención de los concellos, «cuando son los que van a soportar en su territorio la implantación» de estos proyectos; la necesidad de evaluar «de forma separada» y «rigurosa» los efectos medioambientales y socioeconómicos; o la «opacidad en la creación de la Sociedade Recursos de Galicia», en la que la Xunta tiene una participación del 30%, criticando la fórmula público-privada. Además, tachó de «ocurrencia» la «creación de una empresa mixta de comercialización y producción», cuando «ni es pública, ni es social, ni abarata la factura a los gallegos y gallegas». «Eso, si lo dicen, evidentemente es una mentira», arremetió. Según Iglesias, RDG Comercializadora Eléctrica de Galicia «beneficiará solo a las empresas que escoja el Gobierno gallego, así como a los territorios de afección de parques eólicos» con una bonificación de hasta un 50%, que, vaticinó, podría suponer un 'dumping' a nivel de competencia. También habló de la minería, un sector prioritario para la UE, aseverando que, si bien su formación concuerda con que es una industria estratégica, siempre debe ser «Planificada, ordenada y con criterios de sostenibilidad ambiental». En la misma línea fueron las criticas del BNG, hechas por el diputado José Manuel Golpe Acuña, que equiparó la norma con un «caballo de Troya» que esconde un «cajón desastre» de políticas contrarias a Galicia y a la preservación de los recursos naturales. Medidas pensadas para «más desregularización, más privatización» y «más discrección para una Xunta entregada a los servicios de los grandes intereses económicos». «Depredación», abundó, «vestida» con un traje «de beneficios». También Acuña se refirió a la comercializadora de energía, ironizando con que es una «paradoja» que un presidente de un gobierno autonómico «haga un anuncio como socio minoritario de una empresa», y, como los socialistas, defendiendo un modelo 100% público. Y sobre el abaratamiento de la factura en los concellos de afección de la instalación de energías renovables, dijo que «no hay que hacer muchas cuentas para deducir» que es «una venta a pérdidas», que «va en contra del libre mercado». «No voy a cuestionar la legitimidad que tienen para legislar empleando la mayoría absoluta de la que disponen», aseveró, pero no convertir es «mayoría absoluta en absolutismo», negando «la escucha activa». Entre las enmiendas no aceptadas de los nacionalistas, destacó priorizar cerrar el ciclo productivo, «realizar una nueva planificación energética» o crear un Consello de la Minería de Galicia. Dos cuestiones, estas últimas, que si se recoge en la ley de acompañamientos, que tachó de «hipocresía». «¿Para qué hacemos este paripé, esta tramitación parlamentaria, si al final usan la ley de acompañamiento para hacer lo que les da la gana?», cuestionó, acusando al Grupo Popular de «tener secuestrado el diálogo» y el «debate parlamentario» con una «mayoría absolutista» y de hacer «greenwashing» con esta norma para «poder seguir haciendo lo mismo». Por su parte, el popular Alberto Pazos recordó en su intervención que, en 2007, el Parlamento Europeo publicó hizo un llamamiento a establecer una «economía verde basada en el hidrógeno» y una tercera revolución industrial, en la que, dijo, «por primera vez en la historia» Galicia esta en una «Posición de privilegio». «Una posición derivada de una ventaja incuestionable de la que no pudimos disfrutar en anteriores ocasiones», cuya desaprobación sería «Un ejercicio de irresponsabilidad». Y tomando prestadas las palabras de la conselleira de Industria: «Tan absurdo es dañar el medio ambiente por un uso inadecuado de nuestros recursos naturales, como ignorar los recursos naturales por un inmovilismo ciego que no permite de aprovechamiento». «Para este propósito no vamos a permitir que los insultos, las falsas acusaciones o las reiteradas profecías sobre catástrofes que, afortunadamente, nunca llegan, nos desvíen del objetivo que fundamenta nuestra vocación política: construir un futuro mejor para la siguiente generación de gallegos», aseveró. Compromiso del que esta norma, dijo, es testigo, que recibió «importantes allegas de la sociedad». En total, fueron incorporadas 67 alegaciones, explicó, a las que se incorporan nueve enmiendas, seis de ellas directamente y dos fruto de las transacciones alcanzadas entre BNG y PSdeG. Allegas, indicó, que «reflejan el esfuerzo de este Gobierno y del grupo parlamentario que lo sustena por alcanzar acuerdos, aunque no resulte sencillo ante las posiciones de carácter dogmático, absolutamente refractarias a cualquier tentativa de diálogo». Así, aseguró que la norma «garantiza que cualquier proyecto que se desarrolle en Galicia, relacionado con la producción de energía» renovable o los recursos naturales, «redundará en beneficios directos y medibles para el conjunto de la población» (beneficios de carácter ambiental, en la economía local, relacionados con la creación de empleo, la reducción de la factura, etc.); y que estarán sometidos a las más estrictas exigencias ambientales. «No estamos hablando de quimeras o fantasías, si no de realidades palpables», aseveró. Y arremetió contra la posición de la oposición, porque «No existen soluciones mágicas, ni ninguna fuente de energía que que no implique algún tipo de impacto ambiental, ni existe su industria perfecta que nno suponga ningún tipo de impacto en su entorno», aseguró, afeando que en vez de trabajar por el equilibrio entre progreso y conservación, la oposición se estanca en el inmobilismo. «Exigen desarrollo eólico», pero «tratan de bloquear cada instalación eólica. Afirman apostar por el hidrógeno verde, pero bloquean los parques eólicos imprescindibles para su implantación. Porponen un plan para la reindustrialización de Galicia, pero se oponen a cada uno de los proyectos industruiales», criticó. «Quieren eólica, pero sin molinos. Quieren empleo, sin empresas. Minas, sin minería. Turismo, sin turistas». [Noticia en elaboración]