“Ahora lo paga Begoña”. Los socios de Sánchez le reprochan no haber metido en cintura a los jueces
- “Ahora que lo pague Begoña”
- Ha fracasado en la estrategia judicial
- Publicidad institucional y transparencia
- Medidas sobre los jueces, sí o sí
- Unanimidad sobre el MIR Judicial
- El freno a la amnistía del Supremo
- Descalificó la ley de amnistía
- Medidas contra los medios y los jueces
- Cree que el TC enmendará al Supremo
Pedro Sánchez renunció a introducir en su plan de regeneración democrática medidas contra los jueces que, en palabras del propio presidente, “tratan de influir en la política”. Ahora, tras el fracaso de la estrategia judicial de La Moncloa en el caso Begoña Gómez, los principales socios del Ejecutivo le reprochan “no haber metido en cintura a los jueces”.
En el Ejecutivo se había asumido la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara la querella que, de forma inédita, presentó el presidente del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado a su esposa, Begoña Gómez.
Pero lo que nadie esperaba es que lo hiciera con un auto tan duro, en el que incluso uno de los jueces plantea que debería estudiarse una posible multa contra el querellante. Tras la lectura del auto, en el entorno de Pedro Sánchez fue creciendo la indignación porque los jueces entran en calificativos claramente políticos y muy inusuales.
“Ahora que lo pague Begoña”
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de varios socios del Gobierno, dirigentes de Sumar, Junts, ERC, PNV… le echan en cara ahora a Sánchez que no les hiciera caso cuando reclamaron medidas para controlar al poder judicial. “Ahora que lo pague Begoña”, comentan entre los aliados parlamentarios del PSOE no sin cierta sorna.
Le reprochan que haya renunciado a tomar decisiones de fondo en la línea de impedir que la Justicia, que la mayoría de los socios del Ejecutivo consideran que está dominada mayoritariamente por los conservadores, se convierta en una especie de ariete de oposición al Gobierno.
Recuerdan que el presidente reculó, y paralizó las medidas contra “los Marchena, los Peinados”... Había anunciado, sin mayor concreción, medidas que reforzasen la responsabilidad de los jueces cuando toman decisiones como estirar artificialmente procesos que quedan en nada, pero tienen graves consecuencias políticas, o tratan de influir en la política.
Ha fracasado en la estrategia judicial
En ese contexto, Sánchez se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las acusaciones de ‘lawfare’ o guerra sucia judicial que sus socios parlamentarios y de coalición también llevan tiempo denunciando, y en concreto sobre las causas abiertas por presunta corrupción contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
En el entorno del líder del PSOE lanzan, por ejemplo, duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el proceso contra la esposa del presidente del Gobierno.
Pero, sin embargo, los socios de Sánchez critican duramente en privado que “lo ha fiado todo a que el caso quedará en nada”, y a que no se puede hacer mucho más que esperar hasta que se archive la investigación por ausencia de pruebas. Ahora, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella que presentó el presidente, sus aliados coinciden en destacar “el fracaso estrepitoso de la estrategia de Moncloa contra el juez Peinado”.
Publicidad institucional y transparencia
Hay que recordar que el plan de regeneración democrática de Sánchez se ha limitado por ahora a actuar en el ámbito de los medios de comunicación. Y tampoco, además, con una gran concreción.
El ala socialista del Ejecutivo ha preferido retrasar las medidas sobre los magistrados en pleno ‘caso Koldo’ y con la investigación a Begoña Gómez todavía abierta.
Los ministros de Sumar han aceptado introducir medidas de menor calado, que no levanten demasiada polémica, porque en Moncloa se han negado añadir más medidas. Los socialistas consideran clave explicar bien las medidas sobre los medios para que no despierten la desafección del electorado y se entiendan como una modernización del sector acorde a la normativa europea.
Medidas sobre los jueces, sí o sí
En Sumar han cedido, pero avisan que solo por ahora. La cúpula de la formación tiene claro que hay que impulsar leyes que cambien el sistema judicial y equilibren la balanza ideológica entre los magistrados. El partido utiliza de referencia la afiliación a las asociaciones judiciales: casi la mitad de los jueces pertenecen a organizaciones conservadoras, solo el 8% a la progresista y el 44% restante no tiene afiliación alguna.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha propuesto poner fin a lo que considera un “sesgo conservador” de los togados que da lugar al conocido como lawfare -instrumentalización de la Justicia con fines políticos-.
Una corrupción del sistema que la líder de Sumar ve reflejado en casos como el de la mujer del presidente del Gobierno o las denuncias contra Podemos por supuesta financiación ilegal que terminaron archivadas tras más de un lustro de instrucción judicial.
Unanimidad sobre el MIR Judicial
Todos los partidos englobados en Sumar comparten la necesidad de modificar el sistema judicial. La propia ministra de Trabajo planteó elaborar un MIR Judicial. Una iniciativa para favorecer que los hijos de las familias con menos recursos también puedan opositar.
Según la asociación ‘Jueces y Juezas para la Democracia’, los opositores deben destinar un mínimo de 25.000 eurospara prepararse. Un cálculo basado en el coste del preparador, el precio de los manuales o la manutención del propio estudiante.
En la dirección de Sumar aseguran que existe una relación clara entre que solo las familias adineradas puedan permitirse que su hijo oposite y la cantidad de jueces conservadores en la carrera, y consideran que la balanza se equilibraría si las personas con menos recursos tuvieran las mismas facilidades para costearse una oposición.
El freno a la amnistía del Supremo
En la cúpula de Junts reprochan también, sobre el freno a la amnistía por parte del Tribunal Supremo, que Pedro Sánchez ha cimentado únicamente su estrategia en que esas maniobras de algunos jueces propicien que los independentistas sigan más tiempo vinculados al Gobierno, ya que saben que tumbar el actual Ejecutivo y abrir la puerta al PP y a Vox podría suponer que sus líderes no lleguen nunca a ser amnistiados.
“Que no se fíe”, advierten a ECD fuentes del equipo más próximo a Carles Puigdemont, que recuerdan claramente a Sánchez que Junts no tiene un pacto de legislatura con el PSOE.
En La Moncloa admiten en privado que creen firmemente que, queriendo complicarle la vida al Gobierno, jueces como Manuel Marchena, Juan Carlos Peinado o Joaquín Aguirre (son los nombres que se citan), en realidad están cohesionando aún más la mayoría que apoya a Sánchez.
Descalificó la ley de amnistía
En el entorno de Puigdemont recuerdan que en La Moncloa también se indignaron enormemente con otros autos recientes del Supremo, por ejemplo, el que descalificaba la calidad de la ley de amnistía y entraba en calificativos más bien políticos sobre su oportunidad. “Sánchez no nos hizo caso. Ahora que lo pague su mujer”, reprochan en privado.
El Gobierno cuidó entonces las formas en público, pero en privado diversos ministros trasladaron que estaban “escandalizados” con el auto del Tribunal Supremo que dejó en papel mojado la ley de amnistía, con el argumento de que sí hubo enriquecimiento personal de los líderes del ‘procès’ condenados por malversación porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo.
La ley aprobada por el Congreso establecía que quedaban eximidos todos los delitos de malversación, salvo en los casos de “beneficio personal de carácter patrimonial”.
Medidas contra los medios y los jueces
Tras los cinco días de reflexión a finales de abril para decidir si seguía o no al frente del Gobierno, Pedro Sánchezanunció medidas contra los jueces porque, aseguró, las “denuncias falsas” que se presentan ante los tribunales están contribuyendo a “minar la credibilidad y el prestigio” de una institución básica para el funcionamiento de la democracia.
El presidente se presentó ante la opinión pública como víctima de una “oposición destructiva” y de la “máquina del fango de PP-Vox”, horas después de que se conociera que su esposa, Begoña Gómez, había sido imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Cree que el TC enmendará al Supremo
La batalla entre un sector importante de la justicia y el Ejecutivo ha dominado los últimos años de Pedro Sánchez.
El Supremo ya dejó en papel mojado la reforma de la sedición y la de la malversación en 2022, pero ahora con el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, ha cambiado la perspectiva del presidente.
En el equipo de Sánchez están convencidos de que el TC enmendará la plana al Supremo y rematará la aplicación de la ley de amnistía para todos los procesados, también los líderes independentistas. Los demás tribunales ya están amnistiando a los segundos niveles, e incluso a los policías procesados por la represión de las protestas del ‘procès’.
Esa situación va a provocar un escenario extraño durante unos meses: los líderes seguirán condenados, como Oriol Junqueras con su inhabilitación hasta 2031, o perseguidos, en el caso de que huyeran de la justicia como Carles Puigdemont, pero todos los demás habrán sido amnistiados.