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Santiváñez y las cifras del horror

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¿Por qué se mantiene en el cargo al ministro del Interior, Juan Santiváñez? Es una pregunta válida que se formula la ciudadanía, fundamentalmente por las cuestionables medidas adoptadas por el Gobierno de Dina Boluarte ante el recrudecimiento de la ola de violencia y extorsión que ha provocado 20 muertos en 19 días de estado de emergencia.

No funciona cabalmente la Línea 111 para denunciar extorsión. Personas amenazadas no han logrado obtener atención inmediata y otras han aguardado inútilmente a que alguien les responda. Tampoco se ha cumplido con las promesas de controlar los crímenes que afectan a los choferes de vehículos de servicio público y, por ende, a los pasajeros que también corren peligro. Las organizaciones criminales siguen asolando el país entero y no se aprecia una estrategia sólida desde el Estado para evitarlo.

Las cifras que muestran la incapacidad del ministro son de espanto. Durante su gestión de 156 días, se han producido 736 asesinatos. En Lima, los crímenes cometidos mayormente por el sicariato alcanzan la cifra de 640 y son 9.145 las denuncias por extorsión que se han presentado. Se trata del año con más asesinatos según el Sinadef, que a octubre llegan a 1.493.

Voces provenientes de los gremios que esta semana reinician sus movilizaciones y paros de protesta exigen la salida del ministro Santiváñez. Aseguran que no está a la altura del reto y que, por el contrario, representa un peligro por su afán de protagonismo y poco liderazgo.

El respaldo del Congreso solo provoca más indignación, ya que consolida la percepción de complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo en busca de impunidad, aunque sea a costa de la inseguridad ciudadana.

Habría que recordarle tanto a la Policía Nacional como a la Defensoría del Pueblo, que emitieron sendos comunicados para respaldar la acción del Mininter, que es inadmisible que se haya querido convertir a Iván Quispe Palomino en uno de los principales mandos de SL para una labor de propaganda personal. Es inmoral y afecta la credibilidad. Negarlo y querer justificar lo injustificable es aún peor.