Vivienda, demagogia y franquismo

James M. Buchanan (1919-2013), premio Nobel de Economía, el máximo representante de la teoría de la elección pública (public choice) y cercano a la escuela –liberal– austríaca, criticaba con contundencia los intentos de controlar los alquileres: «El control de alquileres –escribió– es una política a la que se opondrían universalmente los economistas. Es una forma sumamente ineficiente de asignar el espacio para la vivienda y, por supuesto, inhibe la construcción y agrava precisamente lo que se supone que debe aliviar. Es una de esas cosas que la gente simplemente no entiende en términos económicos básicos y, por lo tanto, implementa por razones políticas lo que perjudicará precisamente a las personas a las que se pretende ayudar».

Buchanan es solo uno de los innumerables expertos –también del Banco de España– que han constatado que los intentos de limitar los alquileres siempre se han saldado con fracasos, aunque sus defensores siempre citan el ejemplo de Viena, que en todo caso sería la excepción que confirma la regla. No hay constancia de que Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, conozca los estudios de Buchanan y ni que haya leído con detenimiento los dos «documentos ocasionales» sobre «el mercado del alquiler» y «el mercado de la vivienda», publicados el miércoles en la web del Banco de España. Todo lo contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo entusiasta de Yolanda Díaz y Sumar y también de Ione Belarra y Podemos, sin olvidar el de otros socios extremistas, está decidido a poner en marcha una legislación, de tufo franquista, que agravará el problema de la vivienda en España.

Andrés Lajer, David López Rodríguez, Lucio San Juan, Dimitri Khametshin y Luis Pérez García, del Banco de España, son los autores de los informes citados sobre la vivienda que, además, también han aprovechado sugerencias, entre otros, de Ángel Gavilán, director general de la institución que gobierna José Luis Escrivá. La conclusión más evidente de ambos estudios es que los problemas de la vivienda en España, tanto en el mercado de alquiler como en el de compra, tienen su origen es la escasez de la oferta y la elevada demanda. Eso y algunas políticas de «defensa de la demanda» –intervencionismo y medidas de control– es lo que explicaría los elevadísimos precios en ambos mercados. Los datos están ahí. Así, frente a una construcción anual de 100.000 nuevas viviendas, solo en 2022 y 2023 se crearon 545.000 hogares nuevos.

El Gobierno de Sánchez, al que se le acumulan los problemas, defiende la aplicación de la Ley del Derecho a la Vivienda, que permite controlar y limitar los alquileres en las zonas «tensionadas» que fijen las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia. Acusa a las autonomías del PP de no aplicarla y carga, sobre todo, contra Isabel Díaz Ayuso y Madrid.

Utiliza también el teórico ejemplo de Barcelona, en donde –según datos parciales de la Generalitat– el precio de los alquileres habría bajado un 5%, pero con una reducción de la oferta del 17%. Es decir, rentas algo más moderadas, pero muchas menos viviendas accesibles.

Los intentos de tener un mercado de la vivienda hipercontrolado no son nuevos en España. La desamortización de mediados del siglo XIX también supuso una liberalización del mercado del alquiler, impulsado por las inversiones de particulares burgueses y notables que adquirían un solar o un inmueble para asegurarse una renta, como estudió R. Mas, según apuntó el profesor Miguel Artola Blanco, en su estudio sobre el «alquiler de fincas urbanas en España (1920-1960)».

Todo cambió en mayo 1920 con el llamado «decreto Bugallal», por el ministro que lo impulsó, Gabino Bugallal (1861-1932), que también fue presidente del Gobierno durante unos meses en 1921. El decreto limitaba los alquileres y prohibía el desahucio de los inquilinos que no pagaran la renta. Fue corregido y suavizado en 1923 por el directorio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1870-1930), pero volvió a ser retocado durante la República. En 1946, en pleno franquismo, se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos –retocada en 1964– que, en la práctica, congelaba los alquileres y daba todos los derechos a los inquilinos. El resultado fue la desaparición del mercado del alquiler y el origen de la obsesión y el deseo de gran parte de los ciudadanos de adquirir, aunque tuvieran que pagarlo durante toda la vida, una vivienda en propiedad.

Todo siguió igual hasta el decreto liberalizador de Miguel Boyer (1939-2014), en 1985. Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve hacia atrás, hacia la demagogia y el franquismo y «perjudica a las personas a las que se pretende ayudar», como ya explicó Buchanan, por muy liberal que fuera.