Estado de derecho e IP, dos realidades, ¿cuál creer?

¿Es la reforma judicial un peligro para México? Desde febrero no falta quien advierta que sí. Mas luego sucede, como ayer, que empresarios nacionales y estadounidenses actúan, frente a la Presidenta de la República, como si no fuera el caso. ¿A quién creer?

En estos momentos se están cumpliendo etapas de la erradicación del Poder Judicial como lo conocíamos. Pero antes de valorar lo que unos ven como gran oportunidad, y otros como gran riesgo, pongamos hechos que debieran ser compartidos por cualquiera:

-Hoy por hoy nadie en México está en mayor capacidad para ganar elecciones que Morena.

-El experimento de la elección popular de todos, todos, los impartidores de justicia es único en el mundo. El caso de Bolivia, que no está, por ejemplo, en mecanismos como el T-MEC, no es comparable.

-La iniciativa de marras se elaboró unilateralmente, pues el “diálogo” que hubo en el Congreso no incorporó a la ley el análisis de la academia, desdeñó a la mayoría de los protagonistas del actual PJ y trató con condescendencia temores de muchos juristas.

-Hacía falta una reforma al sistema de impartición de justicia, pero la actual no es, ni remotamente, de consenso.

-En lo que lleva el nuevo gobierno, antes de señales de cuidado o mesura para implementar la reforma, ha confirmado la prisa; y todo cuestionamiento es desestimado. Incluso en el Congreso hubo un intento –abortado– de dar más discrecionalidad al gobierno al aprobar perfiles.

-Finalmente, la elección –tras campañas que se antojan bizarras y una cita en las urnas que podría exigir demasiado tiempo– no garantiza que el Poder Judicial electo tenga a partir de septiembre de 2025, y por años, un mejor desempeño que el actual.

Insisto, se puede ser más o menos optimista, más o menos catastrofista, pero lo anterior son básicamente hechos. Ahora bien, frente a los mismos, en los últimos meses se han expresado distintas opiniones.

Por ejemplo, la cúpula empresarial mexicana, por un lado, y el embajador de Estados Unidos, al que se sumó el de Canadá, por otro, dejaron bien claras sus reservas, por decir lo menos, frente a la iniciativa redactada y promulgada por el anterior gobierno, en cuanto a su impacto en el Estado de derecho.

Tan fue el caso que al representante estadounidense lo pusieron en pausa. Y con respecto a las dudas de los empresarios, el gobierno anterior hizo saber su desacuerdo con esa postura. Reitero: y el cambio gubernamental no implicó revaloración o siquiera moderación.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pensar de empresarios nacionales y de Norteamérica que al salir ayer de una reunión muestran buen ánimo y puras declaraciones de optimismo?

Cierto que la reunión fue privada, y que algunas versiones dicen que “en corto” Suzzane Clark, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y los empresarios mexicanos Máximo Vedoya (de Ternium) y Guillermo Voguel (de Tenaris) reiteraron reservas sobre los efectos que tendrá, en el Estado de derecho, cambiar de golpe y porrazo (que es lo que va a pasar) todos los sistemas de impartición de justicia de México.

Además, Tania Ortiz Mena (de IEnova) habría advertido que hay apetito por invertir en el sector energético, pero que si se carece de certeza jurídica, de la certidumbre de que los contratos se van a respetar, esa inversión no se va a materializar.

Pero eso fue puertas adentro. Afuera, las y los empresarios actuaron como si no hubiera un riesgo inminente. ¿Su tranquilidad es real? ¿Se acabaron sus temores de hace mes y medio? ¿O simplemente acordaron un trato preferencial y que los simples mortales se las arreglen como puedan?

Ya veremos si el día de mañana ponen su dinero donde ayer pusieron sus declaraciones.

Por lo pronto, el mensaje queda: con su actitud de este martes, los empresarios del T-MEC expresan que no hay qué temer a la reforma judicial. Cuando llegue el futuro, conste que ésa fue su postura.