Manos Limpias denuncia en los juzgados a Bárbara Rey por revelación de secretos
Manos Limpias ha llevado a los juzgados de Plaza de Castilla la divulgación de las conversaciones entre Bárbara Rey y Don Juan Carlos que han sido divulgadas recientemente. El colectivo de funcionarios ha presentado en el decanato de los juzgados madrileños una denuncia contra la vedete por revelación de secretos al considerar que en los audios publicados por Okdiario "no solo se reflejan conversaciones íntimas sino también conversaciones que afectaban a cuestiones de Estado".
En el escrito presentado contra la actriz y presentadora, el secretario general del colectivo de funcionarios, Miguel Bernad, sostiene que "con independencia de la legitimación que tiene" para denunciar los hechos el que fue jefe del Estado, el Rey Don Juan Carlos, "por ser el afectado directo" por la divulgación de esas conversaciones íntimas, existe también "una legitimación activa del pueblo español, que estaba y está representado en le figura de la Jefatura del Estado". Por tanto, hace hincapié, al afectar esa divulgación pública a la institución, "afecta también a los ciudadanos, que tienen todo el derecho de preservar la imagen de la Jefatura del Estado, y por supuesto de España".
El colectivo de funcionarios considera que Bárbara Rey ha podido incurrir en un delito de revelación de secretos, que según el artículo 197 del Código Penal comete quien "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su conocimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación". La pena prevista es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de doce a 24 meses (con la cuantía diaria que determine el tribunal).
Las mismas penas prevé para quien sin estar autorizado utilice "datos reservados de carácter personal o familiar de otro" o a los que accedan a los mismos por cualquier medio. Asimismo, eleva esa respuesta penal a una horquilla de dos a cinco años de prisión si esos datos reservados "se difunden, revelan o ceden a terceros". En cuanto a los que participen en su difusión "con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento", las penas previstas son de uno a tres años de prisión y multa de doce a 24 meses.
La denuncia incide en que la conducta supuestamente delictiva comprende "además de cartas, mensajes de correo y WhatsApp", la utilización de todo tipo de "artificios técnicos de escuchas" para obtener esas grabaciones que ahora se han difundido, para lo que -añade- "es obvio que no ha habido consentimiento" por parte del Rey emérito.
Bernad adjunta a la denuncia "pantallazos de los audios de las conversaciones" difundidas por el citado medio digital.
Además, Manos Limpias subraya que esos audios en su día fueron supuestamente objeto "de una especie de chantaje o extorsión" por parte María García García, nombre real de Bárbara Rey", acordándose que percibiera "unas retribuciones a cambio del silencio y de su no difusión". En cuanto a estos hechos, señala que esa posible malversación de caudales públicos "efectuada por los Servicios del Estado como pago al silencio" (el dinero, explica el colectivo denunciante, provendría de los fondos reservados) "obviamente ha prescrito".
El colectivo denunciante ha presentado su denuncia en los juzgados de Madrid, aunque admite desconocer si el domicilio de Bárbara Rey se encuentra en la capital de España o en Marbella. De ahí que considera que, si se admite a trámite la denuncia, el instructor debería encomendar a la Policía Judicial que inste a la actriz a aportar su domicilio.