Una auditoría en Mercasa tras suicidarse un directivo detectó riesgo "muy elevado" para más de la mitad de la plantilla

Una auditoría de los riesgos psicosociales en Mercasa, realizada a requerimiento de la Inspección de Trabajo tras el suicidio de un directivo que investiga por vía penal un juzgado de Madrid, detectó riesgo “muy elevado” para más de la mitad de la plantilla de esta empresa pública en aspectos como la carga de trabajo. 

El estudio, al que ha tenido acceso elDiario.es, lo elaboró la firma de prevención Cualtis y está fechado el 28 de diciembre de 2020. Nueve meses después del suicidio en el baño de su domicilio, en la madrugada del 2 de marzo de ese año, de Jorge S. C.

Jorge era jefe de Planificación en el departamento Financiero de Mercasa y consejero de varias filiales. Se quitó la vida tras años de acoso y jornadas de trabajo extenuantes a diario y en fines de semana. Ahora una jueza de Madrid investiga presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente en una causa impulsada por la Fiscalía y por su viuda, que ha rechazado hacer declaraciones.

El informe de Cualtis se realizó por exigencia de la Autoridad laboral, que en marzo de 2021 acabaría sancionando a Mercasa por la falta de medidas para paliar los riesgos psicosociales, la falta de control horario de los trabajadores y por no evaluar el puesto de trabajo de ese directivo fallecido, según un informe policial remitido al juzgado el pasado enero.

El estudio de evaluación de riesgos no menciona ese trágico suceso, que internamente fue comunicado a la plantilla de Mercasa como un infarto y por el que por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas, un alto directivo de Mercasa, Agustín García-Cabo, máximo responsable del área en la que trabajaba Jorge. 

Esa evaluación de riesgos de finales de 2020 reflejó que un 5% de los empleados de Mercasa reportaban situaciones de “violencia psicológica” en el trabajo. Según un 12,5%, “raras veces” había “violencia física”. En el área del fallecido el porcentaje era del 15,4%. 

Casi la mitad de la plantilla no conocía un protocolo de actuación frente al acoso laboral que estaba vigente cuando murió Jorge. Este nunca denunció el acoso que sufría por parte de otra investigada en ese proceso penal, su jefa directa, la entonces directora Financiera, Marta Olalquiaga, a la que el informe policial remitido al juzgado atribuye un continuo “hostigamiento” a sus subordinados. Olalquiaga fue despedida diez días después del suicidio de Jorge tras negarse a firmar las cuentas de una filial.

Con los empleados teletrabajando por la pandemia, el informe de riesgos se elaboró en los últimos días del primer año de la crisis sanitaria, cuando la red pública de mercados mayoristas española logró suplir de mercancía a las grandes cadenas de distribución sin interrupciones en el suministro, a diferencia de otros países europeos.

El estudio calificó de “favorable” la situación de los indicadores psicosociales de Mercasa salvo en tres áreas: “se denota una situación mejorable” en “los factores de Carga de Trabajo, Participación/Supervisión e Interés por el Trabajador/Compensación”.

Respecto a la carga de trabajo, un 62,5% de la plantilla estaba en riesgo “muy elevado” (52,5%) o “elevado” (10%). La percepción de riesgo alto, “generalizada en todos los perfiles”, era más acentuada en las áreas Comercial y Centros (con un 90,9% en riesgo “muy elevado” o “elevado”) y en la Dirección de Planificación y Estrategia (76,9%), donde trabajó Jorge hasta su suicidio.

Cualtis, responsable del servicio de Prevención de riesgos en Mercasa en esos años, evaluó la carga de trabajo a partir de la presión de tiempos, el esfuerzo de atención requerido o la cantidad y dificultad de tareas, el trabajo en sábados, domingos y festivos, el tiempo de descanso semanal y la compatibilidad con la vida social.

Para evaluar cuantitativamente el riesgo utilizó un cuestionario psicosocial. Para el análisis cualitativo, un grupo de trabajo específico con representantes de los trabajadores y la tercera investigada en este procedimiento penal, la entonces responsable de Recursos Humanos, Maite Valls. 

El informe detectó riesgo “muy elevado” en el 67,5% de la plantilla y “elevado” en el 15% en lo relativo a la participación del empleado en aspectos como contratación de personal, cambios en la dirección o en los sistemas productivos y supervisión sobre sus tareas.

En el apartado de “Interés por el Trabajador/Compensación, en general un 57,5% de los trabajadores exponen estar en una situación de Riesgo Elevado o muy Elevado”. “Al menos un 75%” dice que “no hay información” sobre sus posibilidades de promoción o su situación en la empresa. O, de existir, es “insuficiente”. Esto “se acentúa con la percepción de los trabajadores de inestabilidad laboral por el hecho del Proceso Penal abierto en la Audiencia Nacional”. 

La encuesta incluyó varias preguntas sobre la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) por supuesta corrupción de Mercasa en Angola que derivó en el despido de la cúpula directiva en 2017. Ese proceso penal, aún pendiente de juicio, convirtió a Jorge en uno de los enlaces para remitir la información financiera que solicitaba la Guardia Civil.

Un 58% de los encuestados reconoció que el procedimiento estaba afectando a su vida personal y/o profesional y estaban preocupados por su impacto en la empresa y su estabilidad laboral. A un 5% les estaba provocando ataques de ansiedad o problemas para conciliar el sueño.

“Situaciones de Violencia”

Un 5% expuso “que con frecuencia existen situaciones de Violencia Psicológica en el Trabajo”: “amenazas, insultos, hacer el vacío, descalificaciones personales…”. Estas situaciones ocurrían “constantemente” para el 7,7% de los encuestados del área de la que colgaba el departamento de Jorge.

Y “con frecuencia” en idéntico porcentaje en ese área y en la de Presidencia, Auditoría y Secretaría General; y en un 25% de los casos en la Dirección de Desarrollo de Negocio. En todos los departamentos se daban “raras veces” en porcentajes del 30,8% al 54,5%.

En situaciones de conflicto entre trabajadores, un 5% señalaba que la empresa “deja que sean los implicados quienes solucionen el tema”. Situaciones de violencia física fueron reportadas “raras veces” en tres departamentos: Comercial y de Centros (18,2%), Planificación y Estrategia (15,4%) y Dirección de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales (11,1%).

Solo el 34% de los trabajadores conocía que la empresa tenía un procedimiento formal de actuación para prevenir los casos de acoso laboral. El 48% lo desconocía.

Tras esta evaluación de riesgos, la Inspección de Trabajo sancionó a Mercasa por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. La empresa pública recurrió sin éxito la multa frente a la Dirección General de Trabajo. En marzo de 2023, contrató al bufete Ramón y Cajal para recurrir ante la jurisdicción Social.

A preguntas de elDiario.es, Mercasa no comenta, entre otras cuestiones, qué medidas ha implantado en los últimos años para intentar mejorar el clima laboral o cuántos trabajadores están en la actualidad de baja por ansiedad. Se limita a subrayar “su respeto a los procedimientos judiciales abiertos” y que “está muy comprometida con la creación de entornos de trabajo seguros y saludables”.

“En los últimos años, se han intensificado las medidas para implantar políticas internas de flexibilidad horaria y desconexión digital. Además, cuenta con programas de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud en el que participan representantes de las personas trabajadoras. Este enfoque permite evaluar y reforzar continuamente las acciones de prevención y de mejora”, dice Mercasa.

En su declaración como imputado el pasado 26 de septiembre, García-Cabo dejó claro que ni entonces ni ahora ha tenido “ninguna” responsabilidad en el área de Recursos Humanos: “Depende de Secretaría General”, cuyo máximo responsable en 2020 era al abogado del Estado Jesús Moreno, director general de lo Contencioso en el Ministerio de Justicia desde 2023.

El alto directivo de Mercasa defendió que en los últimos años “ha habido una evolución positiva en cuanto a la satisfacción de las personas en el trabajo”. Negó que la carga de trabajo sea excesiva o que fuera habitual trabajar fuera de horas cuando Jorge se suicidó; afirmó que en aquel momento el teletrabajo no existía y que “jamás” se incitó a llevarse tarea fuera de la oficina. Y sostuvo que antes del suicidio se ordenó compensar las horas extra con tiempo libre.

García-Cabo, único investigado que ha declarado hasta ahora, explicó ante la jueza que, pese a la evaluación de 2020, un informe de Grant Thornton evaluó que en el área Financiera “las cargas eran las adecuadas” y que es “una cuestión de organizarse” porque ese departamento exige un trabajo “ordenado” sujeto a un calendario muy específico. Defendió que la persona que Jorge tenía a su cargo asumió luego sus funciones “sin ningún problema”.

Otra encuesta de riesgos psicosociales realizada en noviembre de 2023 volvió a detectar “una situación desfavorable” en lo relativo a la carga de trabajo en Mercasa, con riesgo “elevado” o “muy elevado” para el 56,6% de los trabajadores.

En este caso, las preguntas no eran comparables a las de 2020. Se interrogó por “la posible identificación de situaciones potenciales de acoso” y el 37,7% de la plantilla dijo que existían conflictos interpersonales “con frecuencia” o “constantemente”. Un 13,2% sufría violencia psicológica “con frecuencia”. Un 9,4% la padecía “constantemente”, según el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ya en 2016, cuatro años antes del suicidio de Jorge y sin que la Guardia Civil hubiera irrumpido en las oficinas de Mercasa, otro análisis similar detectó alto riesgo en prácticamente todos los departamentos en lo relativo a los mecanismos de participación y supervisión y en lo referente al interés por el trabajador y compensación. Las tres sentencias judiciales que han reconocido que el suicidio de Jorge fue un accidente de trabajo recogen que la empresa no tomó medidas para corregir esta situación.

Mercasa reorganizó hace unos días su organigrama, donde permanece como director Económico-Financiero García-Cabo. El área de Recursos Humanos depende ahora de Maite Castillo, uno de los fichajes del presidente de Mercasa desde 2018 hasta el pasado abril, José Ramón Sempere.

Fisioterapeuta de formación (luego se reorientó a la Comunicación y la gestión), Castillo se incorporó al grupo semanas después del suicidio de Jorge desde el grupo de sanidad privada Vithas en Alicante como directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa. Ahora es la nueva directora de Desarrollo Corporativo y Personas.