Editorial: Desperdicio de un recurso precioso
Los 86.000 equipos de cómputo adquiridos con $58 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para ser entregados a estudiantes de escasos recursos comenzaron a llegar al país en abril del 2022 y, a estas alturas, la mitad se está desperdiciando. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), administradora de Fonatel, supervisa a distancia, mediante un software, el uso de las computadoras y tabletas. Así, constató que el 47 % de ellas, unas 40.000, no han sido conectadas a la internet una sola vez este año.
El desconcertante hallazgo fue puesto en conocimiento de las ministras Anna Katharina Müller, de Educación, y Paula Bogantes, de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Fonatel tiene como principal objetivo cerrar la brecha digital mediante la difusión de las nuevas tecnologías entre personas de bajos recursos y habitantes de zonas alejadas. Los fondos recolectados de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público son cuantiosos, pero las necesidades son mucho mayores. El Estado, por otra parte, no consigue invertir el dinero con rapidez y eficiencia.
Esas circunstancias magnifican el impacto del desperdicio de los equipos de cómputo adquiridos hace dos años. Los datos revelan la falta de uso de la mitad de los dispositivos, pero no aseguran el aprovechamiento adecuado de los demás. En esos casos, hay buenas razones para presumir un desperdicio al menos parcial porque el MEP carece de una estrategia de enseñanza de la informática y su aplicación al aprendizaje.
De las computadoras conectadas a internet al menos una vez en el 2024, solo el 68 % navegó en el tercer trimestre. En cuanto a las 8.696 tabletas, el 42 % no tuvo una conexión desde el 2022 y el 24 % desde el 2023. Solo el 33 % se ha conectado a lo largo del 2024.
Sutel pidió a las ministras un plan de aprovechamiento, pero lo ha hecho en otras oportunidades sin obtener resultados. El 14 de abril del 2023, manifestó preocupación por el resguardo de los equipos y su falta de uso. Tres meses más tarde, volvió a solicitar a los dos ministerios asegurar el aprovechamiento de los dispositivos. Ahora, pidió rendir un informe para hacer una nueva evaluación en noviembre.
El 4 de octubre, la diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República y exigió saber del destino de los equipos. La intención del programa era entregárselos a los niños, pero las autoridades decidieron dejarlos en las escuelas, donde muchos permanecen almacenados.
La gestión de la legisladora es muy reciente y no ha rendido frutos todavía, pero ofrece la esperanza de una investigación en profundidad para establecer responsabilidades. El desperdicio de $58 millones, o buena parte de ellos, destinados a satisfacer necesidades tan apremiantes, no debe pasar sin sanción.
El desaprovechamiento ya se produjo y no se remedia con la distribución de los equipos, aunque se ejecute con rapidez. Durante el tiempo transcurrido, la informática no estuvo presente en la formación de decenas de miles de niños. Es difícil recuperar el tiempo perdido y la obsolescencia de los dispositivos, cuya vida útil es de cinco años, apenas deja abierta una ventana de tres años o menos para el uso futuro. La garantía, por otra parte, es de tres años a partir de la entrega, es decir, está por vencer.
El daño está hecho aunque los equipos salgan de sus cajas mañana, lo cual difícilmente sucederá. Por eso, es de trascendental importancia identificar a los responsables. “En este momento se estima que la pérdida por falta de uso de los dispositivos sería de $27,3 millones”, afirma la diputada Obando.