Una ración de macarrones, dos guardias civiles astutos y un acusado declarado en rebeldía

Comían macarrones dentro de su coche, un Peugeot 306, cuando dos guardias civiles que patrullaban se fijaron en una luz en medio de la noche. Era la de un frontal que llevaba en la cabeza uno de los dos ocupantes, que estaban estacionados en el aparcamiento de un hotel cerrado junto a la CM-401 en el término municipal de Gálvez . Los agentes sospecharon que podrían ser ladrones, ya que el establecimiento había sufrido algún asalto, y decidieron acercarse. Era la madrugada del 25 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por el coronavirus en una España confinada. Casi cuatro años y cuatro meses después, el juicio por esta intervención se celebró este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo. Solamente se personó uno de los acusados, Albert, porque el otro, Francisco Javier, está declarado en rebeldía. «Bajé desde Girona a Sevilla a por mi amigo» , declaró Albert, quien añadió que no sabía que había sustancias estupefacientes. Los guardias contaron después lo que decomisaron en un coche con el equipaje desperdigado por dentro: pequeñas cantidades de cannabis sativa, anfetaminas, MDMA con una riqueza media de 22,29 anfetaminas y LSD, además de 643,7 gramos de opio. Todo valorado en casi 40.000 euros , según la tabla de precios y purezas de las drogas en el mercado ilícito elaborada y publicada por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE). También una báscula de precisión en una mochila, donde estaba la mayoría de la droga, y dos perros, uno de ellos un american stanford, considerado potencialmente peligroso en España. Albert y Francisco Javier se pusieron muy nerviosos al ser sorprendidos. Porque los agentes también encontraron en el coche 990 euros (17 billetes de 20 y 13 de 50), que estaban escondidos en la caja de fusibles debajo del volante. «Vi un tornillo que no lo trae de fábrica», declaró el astuto guardia que realizó el registro. Además, Albert ya había sido identificado unos días antes en la zona por la Guardia Civil y tenía una sentencia firme de 19 de noviembre de 2019 por tráfico de drogas. En la vista oral, Albert dijo que el dinero, «procedente de una nómina que acababa de cobrar», lo había sacado de un cajero automático y que la droga era para consumo propio. Una exculpación apoyada por su abogada, Mónica Tarradellas, quien recalcó que los 643,7 gramos del opio era el látex extraído de la amapola todavía sin procesar, además de criticar que no se analizaron las cantidades de codeína y morfina que contenían. Por eso, solicitó la libre absolución para Albert , politoxicómano diagnosticado de larga duración que sigue en tratamiento farmacológico. De ser condenado, pidió la atenuante de drogadicción. La fiscal, en cambio, se mantuvo en su acusación aduciendo una suma de indicios en unos meses en los que estaba prohibido viajar. Tampoco le convenció la excusa de bajar desde Gerona a Sevilla para recoger a un amigo. Visto para sentencia, Albert se juega cinco años de prisión y una multa de 100.000 euros.