Un Gobierno que no nos mienta

En 47 años de democracia, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa ha habido muchos intentos de seducir a la opinión pública, transmitiendo una realidad edulcorada o enfatizando las virtudes y escondiendo los defectos de alguna decisión, pero nunca se ha intentado abierta y descaradamente engañarla como ha pretendido la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cuya intervención pasará a los anales de la manipulación política. El mismo Gobierno que acaba de anunciar iniciativas para regenerar la democracia, cuenta con una portavoz que no tiene escrúpulos a la hora de falsificar los hechos del pasado, distorsionar los procedimientos consultivos o retorcer las afirmaciones de un auto judicial. La ministra Alegría nunca ha demostrado gran seguridad en el cargo de portavoz del Gobierno. Pero ayer cruzó una extraña frontera: sus afirmaciones no se pueden amparar en la falta de competencia o el sesgo, sino que entraron directamente en el terreno de la mentira. La ministra no puede sostener que el proyecto que permitirá el excarcelamiento de presos etarras es «idéntico» al aprobado en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy que precisamente incluyó la cláusula que Sumar, miembro del Ejecutivo, ha propuesto tumbar para satisfacer a Bildu. Tampoco puede decir que el Consejo de Estado avaló el texto, cuando ella sabe que este organismo visa proyectos y no enmiendas parlamentarias. Cuando un periodista le hizo ver que era imposible que el Consejo avalara las enmiendas, la ministra mantuvo su falsedad sin ruborizarse. Pero donde Alegría demostró cuajo fue cuando se refirió al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que supuso un severo varapalo para Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno. La ministra comentó precisamente las partes del auto que aludían específica y concretamente a dos asuntos que los medios de comunicación gubernamentales y los ministros del Gobierno han propalado incansablemente: que el informe de la Guardia Civil descarta la existencia de delitos y que la investigación del juez Juan Carlos Peinado tiene naturaleza «prospectiva» y por lo tanto está viciada de origen. La ministra se empeñó en afirmar que la Audiencia ha calificado de «prospectiva» la investigación, cuando el auto publicado el lunes dice taxativamente todo lo contrario y considera que una investigación «amplia» no debe ser confundida con una causa general. En cuanto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el auto formulaba un reproche mayor a la defensa de Gómez y a la Fiscalía por insistir en que estos descartaban los indicios delictivos en los contratos de Barrabés, algo que «no es del todo cierto», según los jueces, puesto que los agentes lo que decían es que no encontraban «en líneas generales elementos diferenciadores» de los tres contratos analizados, conclusión que «nada tiene que ver» con las adjudicaciones millonarias a la empresa de Barrabés. Las mentiras de Alegría irritaron a los periodistas que acuden habitualmente a La Moncloa. De hecho, el corrillo posterior a la conferencia de prensa fue abortado por la jefa de prensa de la ministra que se la llevó a dependencias interiores. Al final, la portavoz no ha hecho más que poner en práctica las teorías del nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el historiador Diego Rubio, quien considera que la opinión pública está dispuesta a asumir ‘verdades’ contradictorias. Sin embargo, el Gobierno debe darse cuenta de que si bien tiene perfecto derecho a contar sus propias interpretaciones de los acontecimientos, no tiene derecho a inventarse hechos por la vía de distorsionarlos o falsearlos desde la portavocía más importante del Estado.