Equidad y rentabilidad del FEES
Hay que agradecer al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros por poner sobre la mesa la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aunque lo hayan hecho utilizando burdos ejercicios de posverdad y con el apoyo de los ministros Nogui Acosta, Katharina Müller y, más recientemente, Laura Fernández. Además, en los últimos meses, hemos debido escuchar toda suerte de lindezas, de boca del presidente jaguar, dedicadas a los rectores y las universidades.
Voy a exponer algunos argumentos que no pretenden conducir a discusiones bizantinas, pero que sí buscan poner en contexto lo expresado por los economistas Sandro Zolezzi (“Cuidado con los incentivos equivocados”) y Andrés Fernández Arauz (“FEES versus resultados en las universidades públicas”), en La Nación del 28 de setiembre.
Para Zolezzi, el FEES se utiliza injustamente para subsidiar a estudiantes que provienen de colegios privados, que sobrerrepresentan a su estrato nacional, pues de los que ingresan a la Universidad de Costa Rica cerca del 30% son de ese origen, cuando a escala nacional son el 10 % del estudiantado.
Asimismo, afirma que es injusto porque los estudiantes de las universidades privadas no reciben ningún subsidio, y asegura que “un subsidio elevado causa un aumento en el porcentaje de personas menos capaces y menos graduados universitarios motivados”, según investigadores de la Reserva Federal de Nueva York, publicado en el 2014 para los EE. UU.
Examen de admisión
El ingreso a las universidades públicas es, en primera instancia, resultado de una prueba de aptitud académica, cuyo fin es que quienes pasan el filtro sean los más competentes. Así, la inversión en los estudiantes será la más provechosa, y, cuando se gradúen, serán profesionales capacitados que desempeñarán el papel de gestores de cambio, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Si entran de forma desproporcionada estudiantes de educación secundaria privada, es por el declive sistemático que ha venido sufriendo la educación pública, pero ese problema sobrepasa las responsabilidades y competencias de las universidades.
Es peligroso afirmar que quienes han estudiado en colegios privados tienen la capacidad de pagar una matrícula completa y costosa en una universidad pública. De manera tácita, se infiere incluso que la matrícula debería subir para estos estudiantes, de modo que el subsidio sea de los más pudientes a los menos favorecidos.
Esta es una realidad ya cumplida en las universidades públicas, pues los departamentos de bienestar estudiantil realizan estudios socioeconómicos que indican el tipo de beca que se aprobará. Las instituciones se cuidan de no caer en prácticas discriminatorias al cobrar créditos de forma diferenciada a estudiantes provenientes de colegios privados, y estos estudios son multidimensionales.
Aunado a lo anterior, hemos visto cómo familias de clase media redoblan sus esfuerzos para costear educación primaria y secundaria privada. Su apuesta es por una mayor probabilidad de ingreso a las universidades públicas, donde se educarán bien y tendrán oportunidad de empleabilidad en un tiempo corto, con buenos salarios.
Tractores y violines
Otra afirmación de Zolezzi está lejos de ser correcta: “Cerrar la brecha laboral entre la oferta universitaria y la demanda de las empresas locales y extranjeras no está dentro de los indicadores del FEES ni es prioridad para las universidades públicas”. Cerró con una frase que, analizada profundamente, es comprensible, pero que debe ser diseccionada con la precisión de un neurocirujano: “Costa Rica no es la misma de hace 50 años: se necesitan muchos más tractores que violines”.
Hay que recordar que las carreras, los planes de estudio y los miles de programas y proyectos de investigación, producción, extensión y proyección social en las universidades públicas están orientados por el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), que deriva del Plan Nacional de Desarrollo para los plazos correspondientes.
No son antojos baladíes de las universidades. Eso sí, hay que reconocer que las necesidades tecnológicas van más deprisa que la capacidad de diseño, puesta en práctica y graduación en nuevas carreras. Sin embargo, las universidades están en constante proceso de revisión de las nuevas necesidades sociales, tanto para crear nuevas carreras como para modificar las existentes.
Desde su fundación, las universidades han desempeñado ese papel metafórico de tractor del crecimiento económico. De hecho, son, en buena parte, responsables de la formación de una nutrida clase media que vino a cambiar el panorama económico costarricense y que, a pesar de los socollones de las crisis económicas y sanitarias, ha podido salir adelante.
Pero también han sido violines. La mezcla de ciencia, tecnología y ciencias sociales con las artes y las humanidades ha dado al país un capital humano sumamente capacitado para enfrentar el cambio de los tiempos y fomentar una sociedad más equitativa, informada, crítica y culturalmente rica. Creo que don Pepe estaría tranquilo al ver que aquella frase expresada en 1972 sigue viva, en gran parte, gracias a las universidades públicas.
Ganancia social
Andrés Fernández, por su parte, cuestionó el valor real de los 1.418 proyectos de extensión y acción social vinculados con sectores productivos y organizaciones de bienestar integral de las comunidades en el 2023, y preguntó cuál fue la rentabilidad social o el valor agregado de esas inversiones. Cerró su columna semanal diciendo que no duda del potencial efecto positivo de tales acciones, pero que las cifras que lo demuestren no estarían de más.
En un artículo anterior, indiqué que el impacto de la educación superior y la investigación no siempre puede medirse exclusivamente en términos monetarios o inmediatos. Muchas iniciativas, especialmente las vinculadas a la acción social y comunitaria, generan beneficios a largo plazo: mejoras en la calidad de vida, desarrollo de capacidades locales, innovación tecnológica, mejoras en la salud pública, la educación y la economía.
Gran parte del beneficio de estos esfuerzos radica en su capacidad de producir cambios positivos en la cohesión social, la participación ciudadana y la equidad, lo cual no siempre se traduce directamente en cifras financieras inmediatas, pero sí en un desarrollo humano más equitativo. Sus efectos se manifiestan de manera acumulativa y gradual, lo que puede hacer difícil medir su impacto a corto plazo, pero que, a largo plazo, representan un retorno significativo para la sociedad.
Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.