La sanidad privada no puede seguir financiando el modelo de las mutualidades

En los últimos días se ha destapado la exigua propuesta que desde la Administración han hecho a las aseguradoras para renovar el concierto con los funcionarios del Estado , un modelo que les permite elegir entre recibir la atención pública o privada a los casi dos millones de funcionarios y beneficiarios que históricamente –un 80 por ciento de ellos, en este momento más 1,6 millones– se decantan por las prestaciones en el sistema sanitario privado. Un 14 por ciento de subida para dos años en un contexto en el que el coste sanitario anual crece cerca del 10 por ciento ya se quedaría de por sí bastante corto. Si le sumamos que el punto de partida que destina el Sistema Nacional de Salud para los ciudadanos es de 1.736 euros al año –y eso que once millones lo complementan con la utilización de la privada a través de un seguro de salud– frente a los 1.030 euros al año que se invierte para el coste de la salud de los funcionarios, la diferencia casi se puede considerar un abismo. El modelo de los funcionarios es una 'rara avis' en nuestro sistema sanitario, pero sin duda marcha bien porque da un servicio de calidad y porque, además, el nivel de satisfacción se refleja en el alto porcentaje de personas que lo eligen voluntariamente. Aún así hay una parte del entorno político al que le molesta o que esta en contra porque entiende que es un 'privilegio' y que sólo sirve para financiar a la sanidad privada. Desgraciadamente es al revés: la sanidad privada es la que financia el modelo de los funcionarios porque las aseguradoras han perdido doscientos millones de euros en el último año, a pesar de que las tarifas a sus proveedores y los honorarios médicos negociados son entre un 10 y un 20 por ciento más bajos que en el mercado normal. Y todo por el 'que dirán' y por el 'vamos a hacer un esfuerzo entre todos'. Pero esto tiene un límite, porque ahoga al sector. Dicen los que están a favor de que se extinga el modelo que con la financiación oportuna a las comunidades autónomas se podría digerir el incremento de población que pasaría de golpe al sistema público. El problema es que se sigue sin aceptar que la realidad es que un euro en la privada son más de tres en la pública, porque la productividad en el sector privado –no me voy a meter en la trampa de discutir sobre la eficiencia– es infinitamente superior y, por tanto, las consecuencias para el sector público serían muy superiores a las que contemplan. Y es que el problema del sector público no es sólo cuestión de dinero, porque, como podemos ver todos los años, y a pesar de que se aumentan los presupuestos para sanidad en las comunidades autónomas, las listas de espera siguen subiendo de forma imparable. El problema real del sector público es de falta de productividad. La posibilidad de la desaparición del modelo de los funcionarios no es un farol. Si no se financia adecuadamente es la crónica de una muerte anunciada , y las consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud, en mi opinión, no serán las que nos cuentan. Ya veremos a ver qué pasa ... pero pinta feo para todos.