La Audiencia Provincial juzgará al exconcejal de Infraestructuras David Dorado por un delito de prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha procesado al ex concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado que será juzgado en la Audiencia Provincial de Córdoba por un delito de prevaricación relacionado con la contratación del sistema de seguridad de los centros educativos en la capital cordobesa por lo que podría enfrentarse a 12 años de inhabilitación para cargo público. La Fiscalía en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC, recuerda que la Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Córdoba aprobó el expediente de contratación relativo al «Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios municipales» por decreto y que se adjudicó el servicio a una sociedad por una cantidad que rondaba los 84.000 euros de los de unos 54.000 correspondían al mantenimiento preventivo y al mantenimiento correctivo. A esta licitación concurrió una segunda entidad siendo su propuesta desestimada. El contrato de estos sistemas de seguridad en solfa, como consta en el relato de los hechos del fiscal, se celebró por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado por un período máximo de un año. De este modo, una vez pasado ese período se acordó la prórroga de la contratación por un año y mediante escrito se propuso la continuidad obligatoria del contrato por un período de siete meses, en las mismas condiciones, siendo firmada dicha propuesta por el j efe de Mantenimiento de Edificios y Colegios y la coordinadora general de Infraestructuras, -ambos investigados en otras causas judiciales relacionados con el ' Caso Infraestructuras '- con la conformidad del acusado, que en aquel momento ostentaba la condición de concejal de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y con la aceptación de la empresa adjudicataria. Sin embargo, se remitió al departamento de contratación escrito firmado por la coordinadora general de Infraestructuras, desistiendo de la continuidad y el barrado de los documentos contables acompañados a la solicitud por que: «... No responden a las necesidades de financiación del nuevo contrato que se está tramitando actualmente, a efectos de poder disponer de crédito presupuestario necesario para emitir los documentos de retención de crédito necesarios«. Poco más tarde, según el fiscal, se remite a la unidad de contratación una memoria justificativa relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios principales, firmado por el jefe de Mantenimiento de edificios y colegios, la coordinadora de Infraestructuras y el acusado. La unidad de contratación inició el expediente y requirió al órgano gestor para que que subsanara diversas deficiencias detectadas en la memoria y pliegos técnicos remitidos, quedando procedimiento paralizado sin tramitar. No obstante, días más tarde, sin que constase informe favorable al respecto, ni tramitación alguna de expediente, el acusado firmó con una entidad un contrato para la prestación del servicio de instalación y/o mantenimiento con conexión a central receptora de alarmas para los colegios públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de Córdoba , por períodos mensuales prorrogables, figurando como precio 16,33 euros al mes por centro más IVA. El objeto del contrato era la instalación del sistema anti-intrusión, instalación sistema CCTV, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, disponibilidad de asistencia técnica 24 horas, puesta en marcha de la instalación, explotación de centrales de alarmas y verificación de alarmas por imagen o CCTV, estableciéndose en la cláusula cuarta del contrato que el servicio se había iniciado. De esta manera, en su condición de concejal del área de Infraestructuras, David Dorado, sin ostentar competencias en materia de contratación , al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema de contratación pública para la adjudicación, procedió a firmar un contrato con la nueva entidad cuando ya existía un contrato anterior para la prestación de idénticos servicios, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública que fue prorrogado y cuya continuación obligatoria del servicio se llegó : iniciar, con la conformidad del contratista, lo que hubiera servido para que e servicio se continuara prestando, sin causar perjuicio al interés general , hasta la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato que sustituyera el anterior. De este modo, prosigue el escrito del Ministerio Público, «al no poder acreditarse la existencia de un contrato que amparase la contratación, las facturas fueron tramitadas y tratadas de forma individualizada , de manera que, al ser inferior a 3.000 euros, no se exigió justificar procedimiento alguno, más que la conformidad del servicio para efectuar su pago. Para dicho fin se presentaban mensualmente dos facturas distintas , una por la conexión a la central de alarmas y otra por el mantenimiento correctivo de edificios municipales cuando en realidad correspondían a un mismo servicio, fraccionando así su importe en dos facturas por importe inferior a 3.000 euros. Por ese motivo, la Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba había emitido informe de fiscalización de facturas emitidas por esta mercantil de seguridad correspondientes al ejercicio 2022 por importe total de más de 25.000 euros las cuales han sido devueltas al servicio gestor, con informe de reparo o disconformidad . La Fiscalía de Córdoba considera al ex concejal de Cs responsable directo de un delito de prevaricación por lo que solicita para él la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de 12 años. Hay que recordar que Dorado está investigado en otros juzgados de la capital cordobesa en distintas piezas separadas del 'Caso Infraestructuras' a raíz de la operación 'Caronte' de la Policía Nacional pero tres de ellas ya han sido archivadas en fase de instrucción. La última de estas causas archivadas ha sido la firmada por la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Córdoba que ordenaba hace apenas unas semanas el archivo de la causa abierta contra el exconcejal del área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba , David Dorado, y la entonces coordinadora del área, M.L.B., en la pieza separada del 'Caso Infraestructura' por un presunto intento de cohecho a una agencia de publicidad durante el anterior mandato municipal.