Ayuso duplicará las ayudas a vecinos y comerciantes perjudicados por las zonas de bajas emisiones
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El debate sobre las zonas de bajas emisiones ha llegado al pleno de la Asamblea de Madrid de la mano de Vox, que lo ha convertido en uno de sus asuntos prioritarios tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar las zonas de bajas emisiones . La portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que inste al alcalde Almeida a devolver las multas impuestas en Madrid central y la presidenta ha tenido que recordarle que no es competencia de la Comunidad. Ayuso ha aprovechado el debate para subrayar su apuesta por duplicar las ayudas para los comerciantes y vecinos afectados por las zonas de bajas emisiones en los municipios de la Comunidad de Madrid. «Lo que vamos a hacer ahora es que el monto de esas ayudas las vamos a duplicar para los vecinos y los comerciantes. Estoy de acuerdo en que son los más perjudicados con muchas de estas normativas que no tienen en cuenta la prosperidad ni el día a día de esas familias», ha explicado la presidenta en el Pleno de la Asamblea. Ayuso ha precisado que van a facilitar el achatarramiento de viejos vehículos, la compra de otros nuevos menos contaminantes y el acceso al abono transporte. Lo ha llamado «políticas en positivo» para intentar «mejorar la calidad del aire». La presidenta defiende medidas que «no perjudiquen a nadie», ni a la libertad ni al consumo, ha precisado. En concreto, la Comunidad de Madrid lanzará una nueva línea de ayudas para el achatarramiento de vehículos sin etiqueta medioambiental. «Estamos de acuerdo en seguir poniendo ayudas para rehabilitar edificios, para sustituir viejas calderas, para mantener el mejor transporte público que hay en España, en la región, con más utilización de transporte público por habitante. Estamos ampliando la red de Metro, lo estamos haciendo a medida que sea posible», ha subrayado Ayuso. La presidenta regional ha aprovechado para criticar la «nefasta gestión» del Gobierno con la red de Cercanías, que ha hecho, según ha denunciado, que un millón de viajeros al mes deje de utilizar este transporte y opten por el vehículo privado o por el Metro.