Amnistía, inmigración o el catalán en Europa: el cumplimiento de los pactos calibra la relación del PSOE con Junts

Los gestos del PSOE a Junts han caído en cascada desde la última reunión en Suiza. Primero fue la activación de las comisiones de investigación comprometidas, con la disposición del Ministerio de Defensa a desclasificar papeles del CNI sobre el atentado de las Ramblas. Luego llegaron el impulso al uso del catalán en las instituciones europeas y también al grupo de trabajo que estudia el traspaso de competencias en materia migratoria. Y ahora ya se afronta incluso una negociación bilateral sobre la senda de estabilidad con el ministerio de Hacienda. Todo en apenas una semana y con la mirada puesta en recuperar a los de Carles Puigdemont para la causa de una mayoría parlamentaria que consiga sacar adelante los Presupuestos.

En ese encuentro en Suiza de la semana pasada, encabezado por el propio Puigdemont y por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se abrió una rendija a poder restaurar la colaboración de los siete diputados de Junts tras semanas de choques y en mitad de una lluvia de reproches cruzados. Pero el primer paso antes de abordar cualquier negociación a futuro, advirtió el expresident, debía ser cumplir con lo ya firmado hasta ahora.

Porque el del incumplimiento de lo acordado es el reproche más habitual que los independentistas catalanes echan en cara al PSOE. Y ahonda, además, en un sentimiento de despecho con el que asisten a que, casi un año después del pacto de investidura, Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno con sus votos, Salvador Illa sea president de la Generalitat con la colaboración de ERC y, mientras, Carles Puigdemont siga sin beneficiarse de la amnistía y sin que su estrategia de cooperación con el Ejecutivo le haya reportado influencia política alguna en la gobernabilidad de Catalunya.

“Nosotros hemos cumplido”, subrayan en el PSOE en referencia a la principal exigencia de Junts para la investidura de Sánchez, una ley de amnistía que ya está hoy en vigor y que supuso todo un desafío político entre las filas socialistas. “No es pequeño el sapo que nos hemos comido con la amnistía. Y la comprometimos y la llevamos a cabo. Está en el BOE y ya beneficia a mucha gente. Siempre cumplimos, pero entenderá Puigdemont que el PSOE sí se cree la separación de poderes. Podemos estar en desacuerdo con lo que dice el Supremo, pero nosotros no somos el PP”, argumentan en la calle Ferraz sobre los lamentos del expresident respecto a su situación judicial, de la que en el partido y en el Gobierno se desentienden.

Más allá de la amnistía, buena parte de la discusión entre los equipos de Puigdemont y Cerdán durante el encuentro del pasado viernes giró en torno al grado de cumplimiento del conjunto de compromisos adquiridos en el último año. Desde los firmados para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol hasta los acordados para sacar adelante decretos anticrisis, pasando por los propios pactos de investidura. Y el resumen es que Junts considera que casi todo se ha incumplido, algo que rebaten de manera contundente los socialistas.

Catalán en Bruselas y competencias migratorias

Esta semana y por primera vez en 19 años se escuchó hablar en catalán en el seno de Unión Europea. Fue el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien aprovechó su presencia en el Consejo de Competitividad de la UE para expresarse en su “lengua materna”. Aunque el asunto de la cooficialidad está en un cajón por las reticencias que han mostrado algunos estados miembros (y se requiere unanimidad), el gesto supone un guiño más del Ejecutivo a las fuerzas independentistas catalanas.

Entre otras cosas, el PSOE se comprometió con Junts a introducir el uso de las lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego tanto en el Congreso de los Diputados como en las instituciones europeas a cambio del voto a favor a la presidencia de Francina Armengol. En la Cámara Baja su aplicación fue inmediata, pero en Bruselas el asunto no se termina de desatascar. Pero tras la reunión en Suiza el Gobierno ha intentado darle otro impulso.

En una carta remitida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el ministro de Exteriores José Manuel Albares, recalcó que es un “asunto prioritario” para España y un “elemento esencial de la identidad española”. Y solicitó que dé traslade a la Mesa de la Eurocámara de la agilización del acuerdo administrativo suscrito hace años para permitir la utilización de esas lenguas cooficiales en la institución.

También critica Junts que no se hayan concretado hasta la fecha movimientos respecto a la delegación de competencias en materia migratoria, un asunto al que los de Carles Puigdemont otorgan una gran trascendencia. El PSOE se vio obligado a comprometerse a esa cesión al inicio de la legislatura para poder sacar adelante 'in extremis' en el Congreso un paquete de medidas anticrisis. Los socialistas rechazan que ese compromiso se haya olvidado en un cajón e insisten en que cumplirán “con todo lo firmado”, aunque en este caso concreto alegan la complejidad legal del acuerdo y recuerdan que hay equipos de trabajo con reuniones periódicas sobre el tema.

En concreto, una delegación de Junts encabezada por el abogado y exconseller Frances Homs, se reúne desde hace semanas de manera periódica con un equipo del ministerio de Migraciones de Elma Saiz liderado por la secretaria de estado del ramo, Pilar Cancela. Las conversaciones, llevadas hasta el momento con total secretismo, abordan qué aspectos específicos de la gestión migratoria pueden ser delegados, aunque desde el Gobierno desechan la idea de un traspaso integral de competencias que implique aspectos que recaen sobre el ministerio del Interior, como el control de fronteras o la política de devoluciones.

“Hay margen para hacerlo. Hay cuestiones que las comunidades autónomas, que son las más cercanas al ciudadano, pueden desempeñar con normalidad”, apuntan desde el ministerio, donde prefieren no detallar el contenido de esas negociaciones aunque puntualizan que lo que ahí se aborda se produce “siempre en el marco de la Constitución”.

Atentados de las Ramblas y Operación Catalunya

De toda la colección de guiños de la última semana, la más inmediata fue la activación de las comisiones de investigación del Congreso comprometidas con las fuerzas independentistas sobre los atentados en Barcelona de 2017 y sobre la denominada 'Operación Catalunya'. En la reunión en Suiza los representantes de Junts pusieron como ejemplo de incumplimientos que ambas comisiones llevaran en el limbo parlamentario desde el pasado mes de febrero. En el PSOE recuerdan que el compromiso adquirido en ambos casos era activarlas en el mes de septiembre. Y como por arte de magia las dos comisiones han visto acelerados sus trabajos en tiempo récord.

Tanto en el caso de la comisión sobre los ataques terroristas como en el de la de la presunta corrupción en el Ministerio del Interior se han aprobado ya los trabajos parlamentarios, y en esta última ya hay hasta listado de comparecientes. Entre otros, serán citados Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

Aunque nadie en las filas del Gobierno ni en el PSOE se atreve a dar por sentado que las conversaciones con Junts acaben por fructificar en un acuerdo de Presupuestos, la realidad es que Moncloa y Ferraz han dado la orden de volcarse en conseguirlo. Y los pasos de esta semana ya han dado lugar a espacios de negociación muy concretos.

Con la mirada puesta en sacar adelante esas cuentas, el ministerio de Hacienda ya negocia de manera bilateral con Junts una revisión de la senda de estabilidad que fue tumbada en el mes de julio en el Congreso por el voto en contra del PP, Vox y los siete diputados de Puigdemont. Esa senda debía haber sido votada en segunda vuelta este pasado jueves, pero el Gobierno decidió retirar su tramitación a última hora para poder negociarla con los independentistas catalanes.

Sobre esas negociaciones también chocan las versiones de uno y otro lado. Dicen en Junts que nadie de Hacienda ni del PSOE intentó negociar la senda de estabilidad, considerada el preámbulo de los Presupuestos, y que por eso votaron en contra. Algo que niegan desde las filas socialistas, donde apuntan a que antes del verano tanto desde el equipo de María Jesús Montero como desde la propia calle Ferraz se intentó contactar con la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y la respuesta fue negativa.

Para apurar las opciones de apoyo de los siete diputados de Junts, Hacienda ya negocia con ellos su voto a favor. Y en el Gobierno saben que cualquier posibilidad de pacto paso por revisar al alza el margen que esa senda ofrezca a las Comunidades Autónomas en detrimento de ayuntamientos o del propio estado. Las demandas de que el reparto se produzca a un tercio a partes iguales, como plantean los independentistas, son descartadas de plano por el Ejecutivo, donde creen que se trata de una petición “inviable” incluso desde el punto de vista técnico.

En el Gobierno creen que el margen de negociación en la senda es estrecho, pero que existe. Y el incentivo no puede ser mayor: la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que den estabilidad a la legislatura y sustenten la ambición de un mandato de Pedro Sánchez hasta 2027.