Confirmada la sanción de 22 días de sueldo al diputado de Más Madrid que simuló usar una pistola mientras hablaba Ayuso

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado este viernes sancionar al diputado Pablo Padilla, del Grupo Parlamentario Más Madrid, por conducta inadecuada durante el pleno celebrado el pasado 23 de mayo. Ese día, el diputado hizo un gesto con la mano que recordaba el uso de una pistola, mientras señalaba hacia la presidenta Díaz Ayuso, que intervenía en ese momento. La Mesa de la Asamblea ha acordado sancionar, con una suspensión económica de 22 días naturales, esta acción del diputado, por incumplimiento del artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea. Este proceso sancionador comenzó tras una denuncia registrada por el Grupo Parlamentario Vox por unos hechos «de especial gravedad, ya que suponen un gesto de inequívoca incitación a la violencia, inadmisible en cualquier lugar, pero mucho más, si cabe, en el Parlamento autonómico». La resolución del expediente sancionador considera que el diputado es autor de una conducta inadecuada en el ejercicio de sus funciones, con lo que se infringe «el debido respeto a la disciplina y al orden de la Cámara en lo que afecta a su normal funcionamiento». Según se explica en el expediente, el diputado «realizó una serie de gestos, posicionando sus manos una sobre otra, extendiendo sus brazos y 'apuntando' con los dedos índice y medio, con lo que aparece representar una pistola». Asimismo, el expediente indica que hubo una «alteración, de forma consciente e intencionada, del desarrollo del debate en el Pleno, interrumpiendo y alterando, con gestos inadecuados al decoro parlamentario, el uso de la palabra por la presidenta de la Comunidad de Madrid». En consecuencia, se considera que ha cometido una infracción tipificada en el artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, «atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid y contra la disciplina que obliga a todos los diputados de la Cámara, siendo éste el elemento objetivo del tipo infractor». La sanción se ha fijado en 22 días naturales y no se extiende a otros derechos del diputado. La resolución aprecia que «la conducta infractora, aun existiendo intencionalidad en ella, no es reiterada al no constar antecedentes por los que hubiera sido sancionado el señor diputado con anterioridad», aunque sí se aprecia «una continuidad o persistencia en la interrupción del debate (como consta en el Diario de Sesiones) provocando el consiguiente perjuicio en el normal desarrollo de las sesiones plenarias». El diputado tiene ahora 15 días para recurrir la sanción.