¿Centralistas o confederales?

La aplicación de límites a los alquileres es la última excusa del Gobierno de Pedro Sánchez para poner a Isabel Díaz Ayuso en la diana de sus ataques. La ministra Isabel Rodríguez ha amenazado a Madrid con no darle financiación si el ejecutivo madrileño no impone las restricciones al mercado de arrendamientos previstos por la ley de Vivienda . La fijación de los socialistas con Díaz Ayuso es enfermiza. Queda para el recuerdo que el Gobierno aprobara en octubre de 2020 un estado de alarma específico para la Comunidad de Madrid. Aquel ejercicio abusivo de autoridad no impidió, sino todo lo contrario, que Díaz Ayuso ganara con holgura las elecciones autonómicas de 2021. La vivienda es otra coartada más para justificar este absurdo papel del Ejecutivo socialista de hacer oposición a la oposición y a las Comunidades autónomas gobernadas por el PP, sin reparar hasta qué punto su obsesión con Ayuso desvela las contradicciones del argumentario oficial de La Moncloa. Por lo pronto, las Comunidades tienen las competencias ejecutivas en materia de vivienda, así que lo mejor que puede hacer el Gobierno es tenerlas en cuenta cuando diseñe sus leyes de laboratorio progresista, porque la organización del Estado es autonómica. Como sucede con Canarias y los menores extranjeros no acompañados, por ejemplo. Además, el experimento de las limitaciones a los alquileres ha sido un desastre en Cataluña de tal envergadura que la ministra Isabel Rodríguez quizá se haría un favor revisando su ley antes que amenazar al gobierno de Madrid. Y si amenaza a las autonomías rebeldes, que lo haga con todas, también con la socialista de Castilla-La Mancha, que tampoco va a topar los precios de los arrendamientos. Y si tanto quieren bajar los alquileres, sería una buena idea que Sánchez cumpliera su promesa –toda una novedad– de construir 43.000 viviendas de alquiler asequible. La realidad ridiculiza hasta la caricatura las amenazas de la ministra. Además, este mensaje centralizador del Gobierno socialista se da de bruces con su novedoso espíritu confederal, de manera que, sin rubor y sin vergüenza, los portavoces socialistas saltan del centralismo jacobino más rancio con Madrid a la defensa activa de la cosoberanía con Cataluña. No hay mejor enmienda al discurso territorial del PSOE que oír a los ministros socialistas en días sucesivos. Es un método infalible para constatar su ausencia de proyecto político y sus contradicciones. Sería razonable una reivindicación de políticas cooperativas en asuntos de interés ciudadano, como lo son la vivienda, la educación y la sanidad. Pero para que esa reivindicación sea creíble debe apoyarse en una idea coherente de España, de la que el PSOE carece, porque sería incompatible con sus pactos con los separatistas catalanes de ERC y Junts. Ahora el Gobierno saca a pasear el palo de la financiación para asustar –con nulo efecto– a Díaz Ayuso, como si fuera el campeón de un proyecto unitario del mercado de la vivienda. Pero, al mismo tiempo, el PSOE se escuda en una España formada por una inefable acumulación de naciones para justificar la quiebra del 'mercado' que más unidad reclama por mandato constitucional, que es el de solidaridad fiscal, camino del cadalso donde será ejecutada por el concierto catalán. La ministra Rodríguez enfanga el debate sobre las legítimas aspiraciones de decenas de miles de familias a tener una vivienda propia, mientras su Gobierno prepara una cesión de soberanía tributaria a Cataluña que hará un poco más difícil que el propio Estado central, no solo el autonómico, pueda financiar servicios públicos o acometer inversiones, como esas 43.000 viviendas 'comprometidas' por Pedro Sánchez.