La Audiencia de Badajoz respalda la incautación de correos electrónicos al hermano de Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado su aval a que la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez tenga en cuenta para la instrucción los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a nueve altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz, incluidos los del propio David Sánchez, durante los registros en la sede de la institución.

Desestima así los recursos de apelación presentados por los otros dos investigados, el presidente socialista del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, y del responsable de Recursos Humanos, Alejandro José Cardenal, en los que se reclamaba dejar fuera los mensajes de las cuentas oficiales de correo intervenidos.

Con ellos pretendían anular su posible utilización futura como prueba en la causa en que se indaga sobre si David «Azagra»; Gallardo y Cardenal cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación con la contratación del primero.

La Audiencia Provincial pacense resuelve que hay la «necesaria motivación» para que agentes de la UCO se hiciesen con los correos electrónicos, después de que así lo ordenase la instructora, Beatriz Biedma, porque se refiere solo a aquellos «mantenidos a través de la cuenta corporativa» por los tres investigados y otros seis trabajadores del ente público. A lo largo de «un ámbito temporal determinado».

La generalidad son todos los enviados y recibidos por este grupo de personas entre marzo de 2016 y diciembre de 2022, y en el caso del hermano del presidente del Gobierno, desde la misma fecha del 1 de enero de 2016 en que se creó el puesto laboral que ocupa hasta la actualidad.

El tribunal superior respalda, además, que -como refirió la jueza instructora para justificar la incautación- en la documentación acumulada, procedente de las diligencias practicadas hasta ahora en el procedimiento, «se cuestionan las concretas actividades que comprende» el puesto de David Azagra, «su escasa actividad como director de orquesta» y la «escasez de producción del programa Ópera Joven» que tiene atribuido entre su responsabilidades.

Además de las circunstancias de que careció de despacho propio al menos durante un año y la existencia de un informe que apunta a que el cambio de nomenclatura de su cargo en 2022 -de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación- «no obedeció a un cambio de funciones sino a una diversificación».

Avala así la Audiencia de Badajoz que por todas estas razones es necesario «profundizar en la investigación», como se hizo con el acceso a los correos que autorizó la jueza, ya que existe «motivación más que suficiente» para realizar una «medida absolutamente idónea».

Al permitir estos mensajes electrónicos emitidos o enviados por David Sánchez, Gallardo, Cardenal y otros siete trabajadores «recabar información relevante directamente relacionada» sobre la creación del puesto de trabajo para el músico y su cambio de nombre.

Siendo ambos hechos bajo sospecha y dado que de «otra forma que no sea la de su intervención» sería posible para la investigación conocer su contenido.

Con los recursos ahora desestimados, a los que se sumó después el hermano del también líder del PSOE, pretendían que se destruyesen estos correos electrónico recabados al entender estos que habían su incautación había ordenada en base a «meras sospechas», sin haber sido motivado suficientemente por la jueza.

Ofrecían también como argumento en contra de esta diligencia que se trataba de una muestra más de que la instrucción del «caso David Sánchez» está constituyendo una investigación prospectiva y vulneradora de la presunción de inocencia de los tres implicados.

Gallardo y Cardenal aseguraron en estas alegaciones ahora no admitidas por la Audiencia Provincial de Badajoz que esta orden de entrar y registrar la sede de la institución provincial pacense se apoya solo y de una forma insuficiente en que la UCO observó que no habían tenido lugar una serie de actos preparatorios para la contratación del hermano de Sánchez en su análisis de la documentación sorbe ello que la Diputación entregó al Juzgado.

Cuando, apuntaron, esta misma Unidad de la Guardia Civil no consideró en base a esta misma documentación que existiese algún inicio de irregularidad.