Yolanda Díaz quiere que los contratos bonificados por la reducción de jornada salgan de los 2,5 millones de parados

El Gobierno delimitó el pasado martes el marco de negociación con patronal y sindicatos sobre la reducción de jornada laboral. Aunque el departamento de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha trasladado hasta el momento ninguna propuesta por escrito a los agentes sociales, tal y como señalan las fuentes consultadas por ABC, sí concretó las líneas fundamentales de la propuesta . El principal incentivo con el que pretende atraer a la organizaciones empresariales   CEOE y Cepyme está en la bonificación de hasta un 100% de las contingencias comunes de los contratos (partiendo de un 80% mínimo) que las pymes de hasta 10 trabajadores tengan que hacer para cubrir los huecos generados por la recorte a 37,5 horas. En las líneas fundamentales de la oferta de Trabajo, a la que ha tenido acceso este medio, se plantea como ya trascendió en la anterior reunión, que los contratos bonificados sean de carácter indefinido . Si bien se detalla que estos podrán ser tanto a jornada completa como parcial . Además, se expone que primarán en estas contrataciones las de mayores de 52 años , jóvenes y mujeres en situación de desempleo. Con lo que el gabinete de Yolanda Díaz ve en la medida de reducción de jornada una nueva vía para reducir la pétrea bolsa de parados en España, que a cierre del pasado mes de agosto se sitúo en las 2,57 millones de personas -en registros del SEPE-, equivalente a una tasa de algo más del 11%. Cabe recordar que objetivo del Gobierno de coalición para la presente legislatura era reducir este volumen hasta el 8% para declarar el 'pleno empleo' en España. Esta medida de bonificar contratos con especial atención a la bolsa de desempleados, es el eje principal del denominado como « Plan PYME 375 » que se completa con otros tres puntos, de cara a facilitar la adaptación a la normativa por parte de estos centros de trabajo más pequeños, pero que emplean a alrededor de 1,2 millones de empresas. Concretamente se plantea la utilización de los recursos del SEPE -centros de orientación y emprendimiento COE- para el acompañamiento a estas empresas; la elaboración de un manual para la reducción de jornada; y la aplicación de planes de formación sobre gestión del tiempo de trabajo financiados por Fundae para los empleadores. Por otro lado, como también se había planteado previamente, se plantea una mejora del registro horario que será digital de cara a que se recojan las horas efectivas de trabajo, y para que sea accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo. Para ahondar en este mayor control se prevé en la propuesta del Gobierno una modificación del régimen sancionador para las empresas que incumplan precisamente estas obligaciones sobre el registro de horas, elevando la infracción a « falta muy grave », si se produjera una ausencia de registro o se falsearan los datos. Además, las sanciones no serían para la empresa en general sino que existiría una por cada persona afectada. En última instancia, el Gobierno también mantiene en la propuesta una de las primeras cesiones que realizó sobre las reivindicaciones de la patronal antes del verano sobre la distribución irregular de la jornada. De modo que estas horas de cómputo irregular se puedan calcular sobre la jornada anterior a la reducción y no sobre la nueva jornada de trabajo. Si bien se poder sobrepasar el límite del articulado del 34.2 del Estatuto de los Trabajadores: «Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 1 0% de la jornada de trabajo ». Más allá, este es el marco con el que el Gobierno ve una vía de negociación abierta con las organizaciones empresariales, que según han de forma velada no ven aún suficiente aunque analizarán la propuesta. Y que tampoco ven tan accesible los sindicatos UGT y CC.OO. que ven aún una postura «obstruccionista» por parte de la organización liderada por Antonio Garamendi, que sigue criticando el impacto en términos de costes para el tejido y el efecto negativo que pude tener sobre la medida la implantación de las 37,5 horas. Además, de un impacto sobre las negociaciones de convenios colectivos, que el nuevo límite de horas obligaría a modificar en casi su totalidad. En lo que esperan una nueva mejora de la propuesta para poder acceder a un marco de negociaciones Por su parte, las organizaciones sindicales ya movilizadas para presionar a la patronal de cara a un pronunciamiento definitivo sobre la propuesta, instan también al Gobierno a tomar la iniciativa para lanzar un documento oficial de propuesta que pueda negociar en un plano parlamentario que se antoja complejo y pedregoso, en el que necesitaría el concurso de diferentes sensibilidades políticas, con Junts y PNV en la ecuación.