El TSJ de Canarias suspende también la prohibición a las ONG de acoger menores sin permiso expreso

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la presidencia del gobierno de las islas que prohibía a las ONG acoger menores inmigrantes rescatados en el mar sin contar con autorización expresa de la administración autonómica. La decisión se adopta como medida de urgencia , es decir, sin escuchar a la otra parte, tras un recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra ese acuerdo aprobado el pasado 2 de septiembre en el contexto de la tensión con el Gobierno central por la acogida de los menores recién llegados por vía irregular. Aquel acuerdo comunicaba a las entidades colaboradoras de la Administración la orden de que «no recibieran nuevos migrantes con cargo a la comunidad autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes, en orden a proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo». Era la antesala del protocolo de acogida que el Gobierno que preside Fernando Clavijo (Coalición Canaria) aprobó y publicó en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma fijando toda una serie de requisitos burocráticos para garantizar que antes de entrar en el sistema de acogida, esos menores son identificados. La premisa es que mientras no entren en su red, no están desamparados, sino bajo tutela de la Administración Central del Estado, en tanto que son rescatados por Salvamento Marítimo y recepcionados por la Policía Nacional. Sin embargo, la Sala de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia tiene en suspenso esa normativa , decisión que adoptó con carácter también cautelar la semana pasada tras un recurso de la Fiscalía. Para los magistrados, se introduce un cambio de calado en el sistema que impacta en la fluidez con la que reciben asistencia los menores y por tanto, debía quedar paralizada su aplicación en tanto se analizaba su contenido y si, como alegaba el Ministerio Público, contraviene el interés superior del menor y las obligaciones legales de Canarias. Ahora, también la orden inicial queda suspendida y bajo un criterio jurídico similar, porque los magistrados entienden que esa orden «altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable». Según razona el auto, la orden de la presidencia del Gobierno de Canarias supone que «los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes» y es un cambio ostensible respecto del sistema actual. «Del texto del acuerdo se desprende, además, que la pretensión de la Comunidad Autónoma es que los menores queden bajo la guarda y custodia de la autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos», dice la resolución, que opta por mantener en suspenso la medida y así, el status quo, mientras se dirime el fondo del asunto.