El Gobierno demanda a Mazón que exija el título de valenciano a los profesores de otras autonomías

El Gobierno le pone peros también a la ley de Libertad Educativa de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y amenaza con presentar otro recurso de inconstitucionalidad -como Compromís y los independentistas del resto de España- si no cambia algunos preceptos. Sorprendentemente, una de sus demandas es que siga exigiendo el título de catalán/valenciano a los profesores de otras autonomías que quieran ejercer allí. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta a otros aspectos de la normativa que paraliza la inmersión lingüística en catalán en las aulas durante las dos anteriores legislaturas del socialista Ximo Puig y los nacionalistas al frente de la Generalitat Valenciana, sin cuestionar la esencia de dejar a las familias elegir la lengua base de la enseñanza de sus hijos. Se ha creado una comisión bilateral entre ambas administraciones -la central y la autonómica- para pulir estos posibles cambios en el denominado requisito lingüístico, que afecta a los funcionarios y, en este ámbito de la Educación, a los docentes, y otros apartados. Hasta ahora, los profesionales que quieren optar a plazas de Empleo Público debían tener el certificado de conocimientos de valenciano (C1) y el gabinete de Mazón lo ha rebajado en algunos casos o suprimido , cuando se trata de ciclos de FP y la asignatura de Música , por entender que no resulta relevante esta cualificación idiomática. Aunque este requisito suscitaba polémica entre los maestros de otras regiones que querían mudarse a la Comunidad Valenciana, el Gobierno central apuesta por mantener este filtro a esos funcionarios. Aparte de esa cuestión, no acepta que las familias de las niños que viven en zonas de predominio castellanohablante puedan pedir la exención del valenciano, a pesar de que ese derecho ya existía con la normativa anterior y de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, recomienda a los progenitores no ejercerlo y elegir la asignatura de esta lengua para su hijos. O lo incentiva concediendo un certificado de forma automática al concluir la escolarización. A pesar de esta objeciones, desde la Conselleria confían en que se trata de flecos sin demasiada importancia y podrán alcanzar un acuerdo con el Gobierno central para mantener la ley. Rovira ha restado trascendencia a las «pequeñas discrepancias con el Ministerio» sobre esta norma y ha mostrado su extrañeza porque «la exención [en zonas castellanohablantes] ya la recoge la ley de Uso y Enseñanza de la Lengua desde 1983 , fruto del consenso político en esta Comunidad». En cuanto a los profesores del resto de España, ha defendido que su departamento les da «cuatro años para formarse en valenciano», aunque se ha mostrado dispuesto a abordar la demanda del Ministerio: «Estudiaremos el tema, el Gobierno pide que sólo se aplique en casos excepcionales por razones familiares». En cualquier caso, «esta ley ha pasado todos los filtros de los servicios jurídicos de la Generalitat», ha puntualizado Rovira.