Funcionario de CCSS habría borrado información de caso de cooperativas, señala OIJ
Un funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habría borrado archivos que estarían relacionados con la millonaria adjudicación a cooperativas de salud con aparentes sobreprecios, hecho que está en investigación por parte del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La información fue revelada este jueves por Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, en una entrevista con Noticias Columbia.
El jefe policial informó de que la acción se habría ejecutado desde una computadora ubicada en el Hospital Max Peralta de Cartago. Sin embargo, explicó, que para se diera esta situación el responsable habría sido habilitado para ingresar al sistema y acceder a la información.
Zúñiga no precisó qué tipo de datos se borraron, pero aseguró que realizarán los esfuerzos para recuperar la información. De no lograrlo, dijo, se pediría ayuda internacional
Este caso, añadió el director del OIJ, evidencia una de las razones por las cuales es necesario hacer allanamientos y no solo citar a los implicados para que se presenten a un despacho judicial, como lo han sugerido autoridades de gobierno.
Como parte de esta causa judicial fueron detenidos el lunes 23 de setiembre la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez, y seis personas más, entre miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la entidad.
Audiencia de medidas cautelares sobre Marta Esquivel y directivos de CCSS continúa este jueves
Ellos fueron liberados al día siguiente, pero se está a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva las medidas cautelares, pues la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país, que se presenten a firmar a un despacho judicial y la suspensión de cargos por seis meses.
A ellos se les sigue causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, conductas en las que se habría incurrido al aprobar la adjudicación a las cooperativas para la administración de Ebáis en 10 áreas de salud, pese a un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales, de acuerdo con la Fiscalía.
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