La Junta de Andalucía superará este año las 500 parcelas ilegales precintadas

La Junta de Andalucía prevé cerrar el año 2024 con 525 parcelas ilegales precintadas, casi 40 al mes, lo que supone la mayor cifra de los últimos años y un incremento de un 30% respecto al pasado año . Estas actuaciones, que se producen a lo largo de todo el territorio andaluz, responden a lo que la Junta considera un nuevo modelo de control e inspección sobre un volumen total que se estimó en 2019 en 300.000 viviendas ilegales. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz ha hecho balance de las actuaciones realizadas en este año en materia de inspecciones de edificaciones ilegales en suelo no urbanizable. Según sus datos, hasta el momento se han realizado 425 precintos y está programado que se ejecuten otros cien en las próximas semanas . Según los datos expuestos, el pasado año se cerró con 375 y el anterior con 367 intervenciones de estas características. Rocío Díaz se refirió a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) como medida para las viviendas en suelo rústico sobre las que no era posible adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística porque había prescrito la acción de la administración. A partir de ahí se reforzó la labor inspectora sobre el resto. El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave , con posible multa de 30.000 a 120.000 euros. Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros. De otro lado, el incumplimiento de las órdenes de suspensión puede agravar las consecuencias penales de la actuación , puesto que la rotura del precinto y la continuación de las obras puede ser constitutiva de un delito de desobediencia que, en concurso con el delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo cometido por construir ilegalmente en suelo rústico, puede acarrear penas de cárcel para sus autores. Desde la oposición, los grupos parlamentarios cuestionaron los avances en materia de inspección y control en los últimos años . De hecho, el PSOE señaló que la situación es prácticamente la misma desde la última comparecencia de la anterior consejera de este área, Marifran Carazo, y criticó que no se haya actualizado el censo desde 2019.