El denunciante de Alvise ofrece bienes y sociedades para devolver el dinero de Madeira Invest

El creador de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional que analiza las denuncias colectivas en su contra en el que ofrece sus sociedades y patrimonio, incluida una batería de cuentas bancarias en Portugal con cantidades millonarias y dos embarcaciones de súper lujo, para poder devolver a los afectados por el cierre abrupto de la sociedad acometido la semana pasada el dinero que invirtieron. Romillo se dirige ahora a la Audiencia Nacional tras haber puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, para que sufragase gastos de su campaña electoral, asunto que está siendo analizado por los fiscales del Supremo ante la posibilidad de indicios de una financiación ilegal. En ese escrito, de autodenuncia, mostraba disposición a colaborar con la justicia y «asumir las responsabilidades tanto penales como civiles que pudieran resultar finalmente» de su propia actuación. Ahora, tras tener conocimiento de que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional analiza tres querellas de afectados, presenta un nuevo escrito poniéndose a disposición. «Es voluntad de nuestro mandante facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado por este Ilustre Juzgado y aportar la documentación que en su día se le requiera por este Órgano Judicial», señala el escrito, al que tuvo acceso ABC y que se ha presentado en las tres diligencias abiertas para analizar la admisión a trámite de las denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 4. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, los tres casos están pendientes de informe de la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los hechos. Según informan a ABC otras fuentes jurídicas, este ofrecimiento se hará extensivo en fechas próximas con la presentación ante el mismo juzgado de un informe que a modo de auditoría , recopile todos los activos de Romillo a fin de ponerlos a disposición, de manera que se puedan gestionar desde la Audiencia Nacional para satisfacer la reclamación de los afectados. El creador de Madeira Invest gestiona al menos 23 sociedades, incluidos negocios que siguen funcionando a pleno rendimiento y con éxito, como el conocido restaurante de Madrid Carbón Negro, o los que explota en República Dominicana. Cuenta además con 200 empleados a su cargo, según informan en distintas fuentes. Una de las denuncias, que lidera Zaballos Abogados y tiene detrás a unos 500 afectados de los que más de 150 habrían ya formalizado personación, solicita como medida cautelar la designación de un administrador judicial que asegure todos estos bienes y la continuidad de los negocios, por un lado, para que no se malogren o desaparezcan porque los beneficios que siguen generando pueden servir para resarcir a los inversores y, por otro, para evitar daños colaterales como la pérdida de empleo de todas esas personas. La acusación que lleva Emilia Zaballos trabaja en contacto con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas, en busca de una salida que impida la pérdida de activos y facilite una reparación ágil de los afectados. La denuncia sedirige contra Romillo y otras cinco personas físicas, incluido su asesor fiscal, y toda una batería de mercantiles. Alvise Pérez no está, ni de momento va a estar, en su acción judicial, porque esta plataforma de afectados considera que la presunta estafa debe investigarse en plenitud en la Audiencia Nacional al margen de las sospechas de financiación irregular de Se Acabó la Fiesta, que en principio no tendría nada que ver. No descartan, no obstante, ampliar al eurodiputado su iniciativa en caso de que la investigación revelase una participación activa en los hechos por los que han denunciado a Madeira Invest. No es la estrategia que ha seguido otra de las asociaciones de afectados por este club de inversión en moneda digital que ofrecía rentabilidades anuales por encima del 50% a sus exclusivos asociados, que pagaban además una cuota de 2.000 euros al mes sólo por pertenecer a la organización y que se les sugiriesen inversiones. La asociación que representa Aránguez Abogados ha ampliado su denuncia para instar a la Audiencia Nacional a enviar toda la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado del Eurodiputado. Mientras, en la Audiencia Nacional las fuentes consultadas lo que apuntan es a que de momento, parecen hechos diferenciados por lo que podrían instruirse por separado. Este es de todas formas un momento muy preliminar, en el que ni el juez ha decidido sobre la admisión de las denuncias ni la Fiscalía del Tribunal Supremo ha terminado de analizar el escrito de Romillo que le ha sido enviado desde la Fiscalía General del Estado.