La macrodenuncia paralela de las víctimas del empresario que dice haber financiado ilegalmente a Alvise
La Fiscalía General del Estado ha enviado a la del Supremo la denuncia interpuesta por el empresario Álvaro Romillo contra el líder de Se Acabó la Fiesta, Luis «Alvise» Pérez, en la que le acusa de la financiación ilegal de su formación política al confesar el primero que le entregó 100.000 euros en efectivo para su campaña de las europeas en las que sacó tres escaños.
El fundador de Madeira Invest Club (MIC), compañía de inversión en criptoactivos que recientemente cerró, ha sido objeto de una macrodenuncia por estafa, y, en su momento, promocionó el propio Alvise, denunció esta entrega de dinero en metálico el pasado 19 de septiembre.
Ahora, será la fiscalía del Supremo, en el que el político está aforado como eurodiputado, la que abra diligencias para analizar si existen indicios para seguir adelante o no con una investigación penal.
El Código Penal establece el límite económico de que la misma persona no podrá donar anualmente más de 50.000 euros a una formación política y, por otro lado, cualquier aportación superior a 25.000 euros debe ser comunicada al Tribunal de Cuentas (TC).
Ya solo la cantidad de dinero que le habría dado Romillo a Alvise para su primera campaña electoral es el doble del máximo que establece la legislación.
En su acción penal, Romillo relata que tuvo contacto directo por primera vez con el líder de Salf el pasado 29 de marzo, cuando le contactó por WhatsApp con el interés de concretar una reunión para que el denunciante comenzase a prestarle asesoramiento en cuestiones fiscales y de gestión de fondos económicos.
Alvise le vuelve a contactar el 4 de abril para preguntarle sobre la posibilidad de crear una cartera de activos para que los interesados –sus seguidores– pudiesen realizar aportaciones y financiar a «ardillas» –colaboradores suyos– que pudiesen aportar documentos e información para ser empleada mediática o judicialmente en la lucha contra la corrupción que él dice liderar.
El propietario de Madeira Invest Club asegura que le respondió afirmativamente a su consulta.
Posteriormente, Romillo le envío la invitación a uno de los eventos que organizó con su compañía –que la CNMV consideraba un chiringuito financiero– en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela el pasado 6 de abril y en el que el político estuvo ayudándole a promocionar los servicios que ofrecía, ahora señalados por ser una supuesta estafa que asciende a 30 millones de euros y tiene miles de afectados.
Al día siguiente de aquella multitudinaria celebración, Alvise le traslada su interés por seguir haciendo «cosas juntos» y le solicita que le facilite una cartera donde pueda ingresar 10.000 euros.
Le insiste el político -desvela el empresario que ahora quiere colaborar con la Justicia– en «la potencialidad» de su mutua colaboración: «por mi parte obtendría promoción de mis servicios y él podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución» por parte de las autoridades.
La cosa siguió cuando, solo dos jornadas después, le expuso el parlamentario europeo varias de las «necesidades» que dijo tener en ese momento para su proyecto político y, entre las que sobresalen, el disponer de «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas», como ahora denuncia Romillo que ocurrió, y con el fin de con esta financiación «hacer crecer» Salf, también de cara a unas generales.
Pasado un tiempo, le pide Alvise que «le cree y tutorice» una cartera financiera «para la recaudación de sus seguidores y me traslada la urgente necesidad de recoger fondos» porque precisa «entre 300.000 y 600.000 euros» para afrontar los gastos de la campaña europea.El empresario le dice que «cree» que puede «lograrlo».
Finalmente, convienen la creación de la planeada cartera, que es la que «finalmente publica» en su canal oficial de Telegram con el fin de que «le realicen» sus partidarios «pagos» dirigidos a la «financiación de la campaña».
Al mismo tiempo, le propone a Romillo difundir entre sus clientes la campaña de recaudación, pero él decide que es mejor hacerlo entre los que tiene en la segunda de sus empresas, Sentinel, en vez de en MIC.
Consiguen algún ingreso, pero Alvise le «indica que va demasiado lento y el tiempo le come para los pagos de la campaña».
El empresario denunciante de las irregularidades le ofrece, como el mismo confiesa ante la Fiscalía y demuestra con capturas de sus conversaciones, que puede pasarse por la sede de su empresa para «recoger 100.000 euros en efectivo». Alvise le contesta «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña».