La propuesta de España Mejor para el gran problema de la vivienda
España Mejor ha presentado una propuesta para una política de vivienda "realista" que incluye decenas de medidas a adoptar por las Administraciones Públicas para solventar el "grave problema" que nuestro país tiene con el acceso a un hogar.
La lanzadera de propuestas de políticas públicas plantea, primeramente, la necesidad de programar la construcción o rehabilitación de 700.000 nuevas viviendas de alquiler a precio regulado.
Para que así exista una mayor oferta de alquiler social con el horizonte puesto en un plazo de tres a ochos años. Un objetivo que reivindican desde España Mejor como "más ambicioso" que el que actualmente están llevando a cabo las instituciones en sus iniciativas en materia de vivienda.
Ponen, simultáneamente, sobre la mesa una lista de medidas legislativas agrupadas en cuatro grandes grupos. Las fiscales, como la reducción del coste del IVA en la construcción nueva o rehabilitación integral de viviendas que irán dedicadas al alquiler con un precio regulado.
En segundo lugar, las que afectan a la legislación de arrendamientos y están encaminadas a conseguir mayor seguridad jurídica, entre las que sobre sale el revertir las medidas aprobadas desde 2020 sobre prórrogas obligatorias para el arrendador y limitaciones a los desahucios por impagos.
Pero también la creación de una nueva figura de arrendamiento a medio plazo con un régimen de garantías más flexibles, y, por otro lado, la tipificación como estafa en el Código Penal del arrendamiento con intención inicial de incumplir y de realquilar a inquilinos sin contrato en regla.
No falta las medidas puramente urbanísticas, que van de la modificación de la Ley del Suelo para permitir la agilización y la subsanación de defectos que bloquean muchos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), y vetar las vías de privatización de suelo público, destinándolo al general y las reservas de suelo prioritariamente a viviendas de alquiler social. Acotando también la venta de vivienda protegida y restringiendo más las ventas de suelo de los ayuntamientos.
Considera, en última lugar, como otra prioridad irrenunciable el poner en marcha medidas legales para dotar de seguridad jurídica a los inversores en alquiler sostenible.
Hacerlo realidad, señala España Mejor, pasa por el blindaje a largo plazo de las condiciones reguladas por los alquileres, del silencio administrativo en trámites ante las distintas instancias públicas y posibilidad de renuncia del inversor sin penalización cuando el proceso urbanístico de suelo exceda cierto plazo.