Venezuela pidió la captura internacional de Milei en medio de su viaje a la ONU
El gobierno de Venezuela solicitó a Interpol la detención del presidente Javier Milei, en medio de su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el fiscal general venezolano, Tarek Saab, la medida responde a una investigación que vincula a Milei con delitos como robo y legitimación de capitales, relacionados con el decomiso de un avión venezolano en Buenos Aires en 2022.
Saab había anticipado ese objetivo la semana pasada, al anunciar la apertura de dos investigaciones en contra del presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno argentino por la incautación del avión venezolano-iraní de Emtrasur y por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Saab afirmó que la Fiscalía formalizó la solicitud el lunes 23 de septiembre y que ahora aguardan la respuesta de Interpol. "Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol", declaró el fiscal en una transmisión por la televisora estatal. La acusación surge un día después de que la Justicia argentina emitiera una orden de captura internacional contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad.
Aunque ya se había anticipado, a nadie se le escapa que este contraataque del gobierno chavista debe ser interpretado como una represalia directa al fallo emitido por la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, que pidió la detención de Maduro y su ministro Diosdado Cabello. La solicitud argentina se fundamenta en la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Venezuela desde 2014, que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En un comunicado oficial, Venezuela calificó el fallo argentino de "una burda reacción de retaliación" impulsada por Milei y lo describió como parte de una maniobra de "Lawfare". Según el texto, la decisión "violenta la jurisdicción de los estados" y constituye un ataque a la soberanía venezolana. El comunicado también acusó a Milei de "buscar socavar la soberanía de los países" a través de acciones judiciales que, a su juicio, deslegitiman procesos democráticos.
La controversia entre ambos países escaló rápidamente tras el fallo de la Justicia argentina, que respaldó el principio de "complementariedad y subsidiariedad", el cual permite a tribunales locales intervenir en crímenes de lesa humanidad cuando las instancias naturales no investigan estos casos.