La Generalitat se agarra a un informe del Consejo de Europa para ratificar la inmersión

Nada cambia en la posición de la Generalitat en materia lingüística. El consejero del nuevo departamento de Política Lingüística del ejecutivo catalan, Francesc Xavier Vila, ex alto cargo con el Govern de ERC y cuya designación fue una de las condiciones de los independentistas para investir a Salvador Illa (PSC), salió ayer a realizar una encendida defensa del modelo de inmersión lingüística. Lo hizo con motivo de la publicación de un informe del Consejo de Europa sobre lenguas minoritarias que apunta que «las últimas sentencias judiciales que exigen un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano en algunas regiones entran en conflicto con las obligaciones asumidas por España en virtud del artículo 8 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias , lo cual es motivo de preocupación». El consejero Vila, en declaraciones a TV3 recogidas por Ep, señaló que espera que el informe «sea recibido y analizado adecuadamente también en el Estado español». Para Vila, la conclusión del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias «coincide mucho con lo que es el consenso ampliamente mayoritario en Cataluña ». «Una imposición de 25% como mínimo de castellano en todas las aulas de todos los centros no cuadra con los acuerdos que el Estado español tiene ratificados a nivel internacional», añadió el consejero. La toma de posición por parte de la Generalitat, sin matices, obvia que la propia Carta Europea, ratificada por España en 2021 -no así por países como Francia o Portugal-, puede leerse como una garantía de derechos para quienes quieran estudiar únicamente en catalán, pero también, por la misma razón, defiende el derecho a escoger la lengua de escolarización en la otra lengua oficial, en este caso el castellano. De hecho, muchos defensores de la inmersión en catalán han alertado de que una lectura literal de la Carta conduciría a un sistema de doble línea , una segregación educativa en función del idioma, que siempre se ha rechazado en Cataluña. Otros expertos reconocen la complejidad y múltiples lecturas que se pueden hacer de la citada Carta, también de su posible colisión con lo que establece la Constitución Española en materia de lenguas. Esta misma tarde, y en declaraciones a este diario, Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) , recordaba que el Comité de Expertos del Consejo de Europa «solo se reunió con una de las partes», a diferencia de los enviados por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo «que escuchó también a los contrarios a la inmersión», y cuyo informe cuestionaba precisamente el incumplimiento de las sentencias favorables al equilibrio lingüístico en Cataluña. «Es un informe de un Comité de E xpertos de un organismo del Consejo de Europa. No ha habido ninguna votación sobre el mismo, y los expertos los proponen los gobiernos», añadió Losada. En línea generales, y aparte de la mención a la escuela, el informe del Consejo de Europa señala que «si bien España cuenta con un sistema bien desarrollado de protección y fomento de sus lenguas regionales y minoritarias, es necesario redoblar los esfuerzos para colmar las lagunas existentes y cumplir así las obligaciones que le impone el tratado». En concreto, recuerda que «la legislación en vigor o su interpretación actual no garantiza que los procesos penales , civiles o administrativos puedan llevarse a cabo en lenguas regionales o minoritarias, ni siquiera previa solicitud». El mismo informe subraya que esas lenguas rara vez se utilizan en los procesos judiciales«. Tal y como informa el propio Consejo sobre el citado informe, el mismo recuerda que el Estado debe preservar y proporcionar cierto nivel de protección al amazigh (en la Ciudad Autónoma de Melilla), aragonés y catalán (en la Comunidad Autónoma de Aragón), asturiano y gallego [denominado gallego-asturiano] (en el Principado de Asturias), catalán [denominado valenciano] (en la Comunidad Autónoma de Murcia), dariya (en la Ciudad Autónoma de Ceuta), extremeño, fala y portugués (en la Comunidad Autónoma de Extremadura), y gallego y leonés (en la Comunidad Autónoma de Castilla y León).