España impugnará ante el Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por Canarias

El Gobierno de España ha adelantado que impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, ahora que el Consejo de Estado ha decidido que «existen fundamentos jurídicos suficientes « para hacerlo. «Existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley al Tribunal Constitucional los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de consejo de gobierno y el protocolo«, versa el dictamen del Consejo de Estado, que ha leído el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el Consejo de Ministros. El acuerdo plantea « impugnar las disposiciones de fuerza de ley tomadas por el gobierno de Canarias: un acuerdo de consejo de gobierno de 2 de septiembre y un protocolo aprobado y publicado posteriormente en relación con los menores extranjeros no acompañados«; y ha leído algunas partes del dictamen urgente del Consejo de Estado sobre el protocolo acerca de los menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, pedido por el Gobierno ante «un posible conflicto de competencias». En cuanto al dictamen, según la lectura del ministro, el Consejo de Estado señala que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad« de estos inmigrantes así como »la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos« no son circunstancias que »permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir». Además, Torres ha puesto de relieve que, aunque el Consejo de Estado precisa que las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, añade que « no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados«. Ha subrayado que »existe una obligación de protección y asistencia« por parte de las instituciones públicas del Estado» y ha recordado que esta obligación del Estado «se encuentra sometida a las reglas de distribución de competencias del ordenamiento interno». En concreto, Torres ha puntualizado que en España dicha obligación corresponde «a las entidades públicas autonómicas de protección de menores«. »Esto deja claro el aspecto comcrisis mifratoriapetencial«, ha remarcado el ministro. Además, sobre la constitucionalidad de la decisión del gobierno canario de suspender la recepción de los menores extranjeros no acompañados que hayan sido recogidos por las autoridades estatales en el mar o interceptados en la frontera, el Consejo de Estado dice que «las razones aducidas por el gobierno canario para la adopción de esta medida, siendo comprensible y acorde con la realidad de las cosas, en modo alguno pueden servir para justificarla « y añade que »constituye« una »vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física«. Con respecto al protocolo territorial canario, que exige que la entrega de los menores a los servicios públicos autonómicos de protección venga precedida de una resolución administrativa individualizada, el Consejo de Estado indica que « estas exigencias no se encuentran contempladas en la normativa estatal de extranjería en ninguno de los supuestos mencionados«. Sobre la impugnación de estos acuerdos administrativos, el Consejo de Estado añade que «la violación del orden constitucional en que incurren tales actuaciones no se limita al ámbito puramente competencial y encierra también una vulneración de los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono«. Torres ha destacado que «el dictamen del Consejo de Estado es claro con respecto a las competencias« y »sobre la inconstitucionalidad con respecto a esos acuerdos tomados por parte del gobierno de Canarias«. Aún así, ha asegurado que el Gobierno de España seguirá trabajando para la modificación del artículo 35 que, a su juicio, «es lógicamente la solución « para la distribución, que es algo que les »parece justo«.