La junta militar de Burkina Faso denuncia (otro) intento de desestabilización orquestado por naciones extranjeras

El capitán Ibrahim Traoré llegó a la cúspide del poder en Burkina Faso tras un golpe de Estado ejecutado en septiembre de 2022. Su predecesor, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, accedió a jefatura de Estado mediante un golpe de Estado ocurrido en enero de 2022. Y nadie debe olvidar que Blaise Campaoré, que gobernó el país entre 1987 y 2014, accedió al poder mediante un golpe de Estado dado contra Thomas Sankara (que gobernó gracias a un golpe de Estado que dio contra otro presidente que tomó el poder tras un golpe de Estado ejecutado contra otro militar que también dio un golpe de Estado) y fue derrocado como producto de otro golpe de Estado. Se comprenderá ahora que los golpes de Estado son habituales en la vida política de Burkina Faso y que ocho de sus doce presidentes pertenecían a la rama militar del país.

Por eso no es noticia en los televisores de España que la junta militar que gobierna actualmente Burkina Faso anunciase este lunes el desmantelamiento de un elaborado boicot destinado a desestabilizar la nación africana y preparar un eventual golpe de Estado que expulse a Ibrahim Traoré del puesto presidencial. Pero en Burkina Faso sí que ha sido noticia. Ha causado revuelo e indignación en la sociedad civil. El ministro de Seguridad y de Administración Territorial, Mahamoudou Sana, vestido con el uniforme del ejército, explicó en la televisión nacional que se habían frustrado diversas “tentativas de desestabilización” en las que habrían participado diversas figuras conocidas en la política burkinesa. Sana señaló igualmente a Ghana y a Costa de Marfil al añadir que “personas que residen en la República de Costa de Marfil han participado activamente en una subversión contra nuestro país […]. Estos actores del caos, apoyados por ciertos servicios de inteligencia de las potencias occidentales, están compuestos por diversos perfiles así como por militares y exmilitares […] para participar en tareas de propaganda y desestabilización”.

Se citaron nombres relevantes. Entre otros, el de Paul-Henri Sandaogo Damiba, anterior jefe de Estado burkinés y exiliado actualmente en Togo; los exministros Djibril Bassolé y Alpha Barry; el expresidente de la comisión electoral, Newton Ahmed Barry; oficiales militares como el comandante Johanny Campaoré y el coronel Zalla; y el periodista marfileño Serge Mathurin. Todo un complot donde supuestamente estarían implicados potencias europeas, grupos terroristas y mercenarios internacionales de distinto calado, pero donde sólo fue citado el nombre de un periodista marfileño a la hora de especificar quiénes serían esos agentes extranjeros. El embajador de Burkina Faso en Ghana también ha sido relegado de su puesto.

Pero las declaraciones de Sana adquirieron un tono aún más dramático a medida que avanzaba su discurso. Según especificó el ministro uniformado, entre las acciones subversivas diseñadas por este grupo de conspiradores entraría la masacre de Barsalogho, ocurrida el pasado 24 de agosto, donde al menos 200 civiles fueron asesinados por la filial de Al Qaeda en la región (JNIM). Es así: Damiba “lidera la rama militar del complot” y la masacre de Barsalogho “fue el ataque percusor de la población”.

Puede imaginarse que estas informaciones han sido acogidas con escepticismo por diferentes razones. La primera, porque la masacre de Basalogho fue la más letal en la historia de Burkina Faso y un durísimo golpe contra la junta militar que gobierna el país. Culpar a agentes externos de los fracasos de Traoré en lo referente a la seguridad de la nación parece a algunos una evasión de responsabilidades, antes que una realidad. Por otro lado, los nombres citados de corrido por Sana (sin documentos o pruebas palpables que demuestren las acusaciones), más allá de su palabra, corresponden a figuras políticas disidentes de un régimen que ya ejecutó en el pasado el reclutamiento forzosos de opositores políticos. Un régimen que accedió al poder mediante un golpe de Estado.

Tampoco es la primera vez que una junta militar del Sahel acusa a intereses extranjeros de intentos de golpes de Estado y similares sin aportar pruebas que lo demuestren. La semana pasada, sin ir más lejos, los medios de propaganda de la Alianza de Estados del Sahel aseguraron que un oficial de inteligencia francés participaba en el contrabando de armas en la frontera nigerina. La fotografía emborronada que acompañaba a la noticia resultó ser una vieja imagen de Yevgueni Prigozhin junto con sus mercenarios Wagner. Tanto en Mali como en Burkina Faso se han anunciado en los dos últimos años diversas intentonas de golpes de Estado que han resultado en miles de ciudadanos tomando las calles para clamar vigorosamente a favor de los militares y contra los maquiavelismos de Francia y sus aliados.

Una o dos intentonas de golpe pueden resultar creíbles en naciones donde los asaltos al poder son una normal. Media docena en pocos años, involucrando a grupos yihadistas y acusando a periodistas marfileños de orquestar el mayor ataque terrorista de la historia del país, sin aportar más pruebas que las palabras dichas en un discurso a la nación, quizás pueda interpretarse como una verdad comprometida. Lo que resulta innegable es que Damiba, que salió indemne tras el golpe que le arrancó el poder de las manos, es hoy el enemigo número uno para la población burkinesa y que toda esperanza que pudiera guardar de recuperar el poder por medios populares le ha sido arrebatada al asociarle directamente con los grupos terroristas. Y que Ibrahim Traoré todavía cuenta con el apoyo de sus ciudadanos.