El Consejo de Europa considera "preocupante" imponer el 25% de castellano en las aulas de Catalunya

Varapalo del Consejo de Europa hacia la sentencia que obliga a extender el 25% de castellano en todos los colegios de Catalunya. En su informe hecho público este martes, el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias muestra “gran preocupación” ante la decisión del tribunal sobre la inmersión, y advierte también sobre el “deterioro” del valenciano en la Comunitat Valenciana y del catalán en Illes Balears debido a las políticas del Gobierno del PP contra su protección.

Aunque no es vinculante, este es un análisis periódico que hace el Consejo de Europa acerca del cumplimiento de cada país respecto a la protección de las lenguas minoritarias. Es el sexto desde que España firmó la Carta en 2001. Y de la misma forma que suele destacar un sistema español de promoción de las lenguas regionales bien desarrollado, también le recuerda no pocas asignaturas pendientes, la más evidente de la Justicia, un ámbito de la administración donde el uso de las lenguas cooficiales y minoritarias no está garantizado.  

En sus conclusiones, los autores celebran también la introducción de las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado, así como la solicitud de que la UE incluya catalán, vasco y gallego como idiomas oficiales. “El Comité de Expertos elogia a las autoridades españolas por esas iniciativas”, expresan. 

Contra la sentencia del 25%

En sus anteriores informes, el Consejo de Europa ya había avalado el modelo de inmersión lingüística en Catalunya, que tiene el catalán como lengua de uso en las aulas, pero en este nuevo informe ha recriminado directamente a los tribunales la sentencia que obliga a introducir un 25% de castellano como mínimo en todas las escuelas e institutos. “Las recientes decisiones judiciales sobre los modelos lingüísticos de las escuelas en las comunidades autónomas son un mortivo de gran preocupación”, señala. 

Y añade: “Fijar un porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano para cada escuela individualmente va en contra de las obligaciones aceptadas por España en el artículo 8 de la Carta”. Con todo, reconoce también que se puede reforzar el castellano como lengua vehicular para salvaguardar su aprendizaje si es necesario por razones sociales y lingüísticas. 

En el caso catalán, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia para extender este porcentaje mínimo de castellano a todo el sistema educativo, pero un cambio legislativo en el Parlament ha dejado su resolución pendiente del Tribunal Constitucional. La nueva legislación mantiene el catalán como lengua de uso, pero introduce el castellano también como idioma curricular. 

El retroceso con los gobiernos del PP

Sin mencionar a formaciones políticas concretas, el Comité de Expertos deja un recado a las comunidades gobernadas por el PP como Comunitat Valenciana, Illes Balears y Aragón, donde lamenta la adopción de medidas que también van en contra de la protección de las lenguas minoritarias establecida en la Carta.  

En el caso balear, critica el decreto 5/2023 que elimina el requisito de saber catalán para la sanidad, lo que considera “especialmente lamentable”. Respecto a la Comunitat Valenciana, donde existe un mínimo del 25% para ambas lenguas cooficiales, castellano y valenciano, el Consejo muestra también “gran preocupación” por la recién aprobada ley de Libertad Educativa. “Reducirá de forma drástica la presencia del valenciano en el modelo educativo de la Comunitat Valenciana, particularmente en las zonas castellanoparlantes”, sentencia el texto.

La misma fórmula, la de la “gran preocupación”, sirve asimismo para reaccionar a las medidas adoptadas por el gobierno de Aragón respecto al aragonés. En referencia concreta a los “los recortes presupuestarios recientes adoptados a nivel regional, y la voluntad expresada por las autoridades regionales de modifciar el marco legal para reducir drásticamente el espacio que se da al aragonés en Aragón”.