La Justicia argentina ordenó detener a Nicolás Maduro
En un fallo histórico, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. La orden incluye la emisión de un pedido de captura internacional a través de Interpol con fines de extradición a la República Argentina, donde deberán ser indagados por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Venezuela.
El tribunal, en un fallo emitido hoy, resolvió "revocar el punto I del dispositivo del 7 de agosto pasado" y "proceder con la mayor celeridad a recibir declaración indagatoria" a Maduro y Cabello, a quienes acusan de liderar una maquinaria represiva en Venezuela. Se destaca que las violaciones denunciadas incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias que, según los informes presentados, han afectado a miles de civiles desde 2014.
La resolución también ordenó al Juzgado Federal N° 2 que "diligencie de inmediato las órdenes de detención" y que coordine con Interpol para "la captura internacional con fines de extradición". La acusación se basa en testimonios recolectados a lo largo de varios años y en informes emitidos por organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentan un patrón sistemático de represión en el país caribeño.
Contexto y antecedentes del fallo
Este fallo se enmarca en una investigación iniciada en Argentina en 2023, impulsada por las querellas de organizaciones como FADER (Foro Argentino por la Democracia en la Región) y FADD (Foro Argentino por la Defensa de la Democracia), representadas por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff. Dichas organizaciones presentaron pruebas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro. A lo largo del proceso, se acumularon testimonios de víctimas, muchas de las cuales obtuviron refugio en Argentina y otros países, según consigna el fallo.
El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, respaldó la petición de la querella, subrayando "la trascendencia y la significancia, a nivel universal", de esta causa. Según el fiscal, la justicia argentina tiene la facultad de investigar estos crímenes bajo los principios de "complementariedad y subsidiariedad", en concordancia con tratados internacionales y el Estatuto de Roma, el cual habilita a la jurisdicción argentina a actuar cuando los países de origen no avanzan en las investigaciones.
En este sentido, los jueces señalaron que "la legislación local es receptiva" para subrogar a la justicia venezolana frente a denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos que quedaron marginadas en sus instancias naturales. El fallo enfatiza la urgencia de la medida debido a "la jerarquía de los derechos vulnerados", y resalta la necesidad de avanzar con celeridad para evitar que los delitos queden impunes.
La gravedad de las acusaciones
El tribunal también abordó los informes de organismos internacionales que detallan el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro desde 2014. Los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, emitidos en 2020, 2021 y 2022, fueron considerados clave para avanzar en el procesamiento de los imputados.
Uno de los informes más recientes, emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2022, destaca que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido "cometidos a través de estructuras y personas de los servicios de inteligencia del Estado" con el objetivo de reprimir a la oposición. Además, se documentaron violaciones en la región del Arco Minero del Orinoco, donde también se denunciaron abusos contra los derechos humanos.
La querella, encabezada por Farini Duggan, argumentó que las pruebas presentadas, incluidos testimonios de víctimas y exfuncionarios judiciales que lograron escapar del país, son suficientes para ordenar la captura de los principales responsables del régimen venezolano. "La investigación está apoyada en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad", subrayó el abogado durante la audiencia del 17 de septiembre pasado, donde se ratificó la urgencia de las medidas.
Consecuencias y perspectivas
La orden de captura contra Maduro y Cabello es un paso sin precedentes en la justicia argentina, y abre la posibilidad de que ambos líderes enfrenten un proceso judicial fuera de Venezuela. No obstante, la ejecución de las órdenes de detención dependerá de la cooperación internacional, dado que Venezuela no reconoce la legitimidad de estos procesos judiciales. Hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte del gobierno venezolano en relación con la resolución de la justicia argentina.
El fallo de la Cámara también incluye la acumulación de nuevos hechos denunciados recientemente, como las desapariciones de 25 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental (UNE) y la ejecución de 749 manifestantes durante las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Estos delitos fueron vinculados a las acciones represivas del gobierno, lo que refuerza la acusación de crímenes de lesa humanidad.
Los jueces dejaron en claro que la investigación en curso no se limita solo a los dos principales líderes del régimen, sino que se extiende a otros funcionarios y personas vinculadas a la estructura represiva venezolana. A medida que avance la causa, se espera que se sumen nuevos imputados a la lista de los procesados.
La reacción en la oposición venezolana
En diálogo con El Cronista, Elisa Alejandra Trotta Gamus, fundadora de la organización no gubernamental, Alianza por Venezuela y que fuera nombrada, en 2019, por la Asamblea Nacional de Venezuela como embajadora del gobierno interino, declaró: "Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos".
Según la diplomática opositora, "esta decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de que ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela."
Por su parte, voceros de la diplomacia venezolana aún no contestaron el pedido de comentarios de El Cronista.