Procuraduría cuestiona plan para aumentar de 9 a 11 los miembros de Junta Directiva de CCSS
La Procuraduría General de la República (PGR) cuestionó un proyecto de ley que aumentaría de 9 a 11 el número de miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al agregar dos representantes de trabajadores independientes, quienes actualmente carecen de voz en este órgano.
El proyecto, presentado por el exdiputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), establece que los delegados de los independientes sería designados mediante un concurso público administrado por el Consejo de Gobierno. Los candidatos deben ser estar inscritos ante la CCSS en esa categoría y al día con sus cuotas.
No obstante, en una opinión jurídica enviada a los diputados el 5 de septiembre, la PGR señaló omisiones que podrían comprometer la representación efectiva del sector. La procuradora Silvia Patiño Cruz y la abogada Amalia Zeledón Lostalo enfatizaron que la Junta Directiva debe elegirse de acuerdo con principios democráticos.
Según la Procuraduría, se otorga un alto grado de discrecionalidad al Consejo de Gobierno en la elección de los dos nuevos miembros. A diferencia de los sectores laboral y patronal, que ya cuentan con organizaciones representativas, los trabajadores independientes carecen de un ente similar, según la opinión jurídica.
Por ello, el abogado del Estado recomienda definir un mecanismo claro para organizar y representar a los independientes en ese órgano.
Actualmente, la Junta incluye tres miembros nombrados por el Consejo de Gobierno, tres de la parte laboral y tres del sector patronal, con procesos de elección administrados por entidades específicas. La legislación vigente establece que los representantes del sector laboral incluyen un representante del movimiento cooperativo, uno del movimiento solidarista y uno del movimiento sindical.
En tanto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) maneja el proceso de elección de los tres representantes del sector patronal, quienes luego son ratificados por el Consejo de Gobierno, según la Ley Constitutiva de la CCSS.
Frente Amplio y PLP plantean dudas
El proyecto de ley se encuentra activo en la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos. Inició su procedimiento ordinario el 22 de marzo del 2023 y el plazo para ser dictaminado venció el 19 de septiembre. Actualmente, el plan ocupa el primer lugar en el orden del día de la comisión.
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, informó de que su bancada se opone a la iniciativa. Las dudas giran en torno a cómo garantizar la representatividad de un sector que no está organizado, lo que, según Alfaro, podría diluir la representación actual en la Junta Directiva de la CCSS y otorgar una sobrerrepresentación al gobierno.
Por su parte, Johana Obando, diputada del PLP, también expresó su preocupación sobre el sistema de selección de los representantes de los independientes. Planteó la posibilidad de presentar mociones de ajuste al texto, aunque no detalló los posibles cambios.
Dictamen del 2002 sobre Junta Directiva de CCSS
En un dictamen de enero del 2002, la PGR aclaró que la Junta Directiva de la CCSS es un órgano colegiado diseñado para garantizar una amplia representación de sectores e intereses, incluyendo al Estado, los patronos y los trabajadores.
Esto implica que sus integrantes deben representar a sectores específicos, como el estatal, patronal y los diversos movimientos del sector laboral.
En esa ocasión, la Procuraduría también indicó que la selección de representantes debe llevarse a cabo mediante procedimientos de elección o nominación, según lo estipulado por la ley. Este proceso, añadió, se confía generalmente a entes privados que eligen a sus representantes ante la Asamblea de Representantes, asegurando plena independencia y autonomía respecto al ordenamiento estatal y conforme al principio democrático.
“Para que los representantes del sector patronal y laboral sean designados y nombrados válidamente en la Junta Directiva de la CCSS, es necesario llevar a cabo adecuadamente la convocatoria y constitución de una Asamblea de Representantes, así como un procedimiento de elección que respete el principio democrático”, indicó la Procuraduría en 2002.