Tolón avisa de que se perderán 230 millones si se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón , ha señalado que la posición anunciada por el PP de votar en contra de la senda de estabilidad presupuestaria en el Congreso va a suponer que Castilla-La Mancha pierda 230 millones de euros. En un comunicado, ha lamentado que la postura adelantada por el PP de votar en contra de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España, lo que va a impedir que Castilla-La Mancha disponga de 230 millones de margen fiscal para los ejercicios de 2025 y 2026 . «Si el PP rechaza la senda de estabilidad no está perjudicando al Gobierno central, estará perjudicando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos reduciendo su capacidad de gasto en los próximos dos años», ha afirmado la delegada del Gobierno. «Son 230 millones de euros de capacidad de gasto que Castilla-La Mancha no podrá destinar a sanidad, educación o servicios sociales, perjudicando con ello no al Gobierno de España, sino a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región«, ha manifestado Milagros Tolón. Además, el impacto negativo se dejará sentir en los ayuntamientos, incluyendo las principales ciudades de Castilla-La Mancha que perderán las siguientes cantidades en los próximos dos años. De esta manera, Toledo tendría 6,8 millones de euros menos de capacidad de gasto, Albacete 9,6 millones de euros menos, Ciudad Real 4,8 millones de euros menos de capacidad de gasto, Guadalajara 4,7 millones de euros menos y Cuenca 3,2 millones de euros menos. Milagros Tolón ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP avalaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la senda propuesta por el Gobierno y se abstuvieron porque sabían que los nuevos objetivos de déficit les beneficiaban. Por ello, el voto en contra en el Congreso «no solo es una grave irresponsabilidad, también es una gran incongruencia y una falta de respeto al principal órgano de discusión y diálogo entre el Estado y los gobiernos autonómicos».